Jue02202020

Last update11:41:01 AM

Colombia: Familiares de víctimas buscan verdad de Palacio de Justicia

  • PDF

Por Adalys Pilar Mireles *

Bogotá- Familiares de colombianos desaparecidos, aniquilados por el fuego cruzado o ejecutados extrajudicialmente durante el holocausto del Palacio de Justicia, piden impulsar las pesquisas para esclarecer la verdad y hallar a los responsables de esos sucesos ocurridos tres décadas atrás.

Padres, hijas y otros parientes de las víctimas demandan celeridad en las investigaciones y el rastreo de aquellos cuyo paradero resulta aún un enigma, como medidas elementales de sanación y tributo a la memoria.

El reciente acto de reconocimiento de culpas liderado por el presidente Juan Manuel Santos dejó clara la responsabilidad del Gobierno de la época, encabezado por Belisario Betancur, en los sangrientos acontecimientos del 6 y 7 de noviembre de 1985, que dejaron como saldo 94 muertos y una docena de desaparecidos.

Calificada de tardía por algunos dolientes, la ceremonia organizada en la propia sede del poder judicial cumplió un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El perdón solicitado por el mandatario en nombre del Estado es solamente el acatamiento de uno de los puntos contenidos en la sentencia de la CIDH emitida en 2014, declaró a Prensa Latina Miriam Suspes, hermana de uno de los trabajadores del Palacio de Justicia cuyo cadáver no ha sido encontrado.

El 6 de noviembre de 1985 integrantes del grupo guerrillero M-19, ya desmovilizado, asaltaron la emblemática edificación situada en la Plaza Bolívar, recuperada por las fuerzas militares al siguiente día tras cruentos combates.

Nos enteramos por la radio, así que llamamos una y otra vez pero ante la imposibilidad de localizar por teléfono a David, decidimos correr hasta ese sitio, a donde no pudimos ingresar pues estaba ya acordonado, comentó.

El joven (David Suspes) era el chef de la cafetería que brindaba servicio a los magistrados y visitantes en el momento del episodio.

Luego de la infructuosa odisea para obtener noticias en hospitales, unidades castrenses y Medicina Legal comprendimos al cabo de una semana que algo terrible había sucedido, no obstante pasó toda una década hasta que logré aceptar que estaba muerto, asesinado, que no regresaría, añadió con desconsuelo.

Integrante de una numerosa prole, Miriam siguió la cruzada emprendida sin descanso por la mamá de ambos, ahora de 83 años.

Asumí esa responsabilidad junto a mi madre, quien por razones lógicas no puede acompañarme actualmente pero sigo en esa búsqueda, sólo espero que mi salud me permita localizar a David y enterrarlo como merece, explicó.

Pese a las incansables gestiones de los parientes cercanos para conseguir detalles de las circunstancias en que acaecieron los hechos, el caso permanece en medio de una nebulosa.

No obstante nuestras exigencias -afirmó- nunca nos dijeron qué pasó ni por qué motivo, tampoco nos devolvieron ninguna de sus pertenencias, no nos llamaron para darnos razones, pero seguimos a la espera, 30 años es demasiado tiempo, muy duro para quienes aman, comentó.

La CIDH responsabilizó al Gobierno por el uso excesivo de la fuerza en esos momentos, a pesar de los llamados de cese el fuego, proferidos por magistrados y otros testigos presenciales los cuales confiaban en la posibilidad de una negociación entre ambas partes beligerantes.

También dejó constancia en su fallo de violaciones como la detención arbitraria de ciudadanos, torturas y tratos crueles, acompañados de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, todos perpetrados por la Fuerza Pública.

Hace poco fueron identificados los restos de tres desaparecidos al igual que David, pero no estamos conformes con esas indagaciones pues se trata sólo de algunos fragmentos de sus cuerpos, confundidos con otros en fosas donde inhumaron a varias personas, lamentó.

En la declaración del pasado 6 de noviembre, Santos admitió dilaciones en el proceso de averiguación y localización de los despojos.

Deseamos que este acto no sea solamente el cumplimiento de una sentencia de la CIDH, organismo que pidió reparar a los familiares de las víctimas con excusas públicas, sino el compromiso serio para ayudarnos en esta batalla por la verdad y el reencuentro final con nuestros seres queridos, insistió Suspes.

Las demoras e indolencia de los tribunales colombianos, agregó, obligaron a trasladar el caso a cortes internacionales.

En tanto el abogado colombiano Jorge Molano solicitó formalmente a la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República que investigue al expresidente Belisario Betancur por las acciones de esas dos jornadas.

Hemos pedido abrir un proceso en su contra lo antes posible, expresó el jurista quien culpa al exgobernante de no haber adoptado medidas para impedir la tragedia.

La impunidad aún ronda uno de los sucesos más tristes de la historia nacional, cubierto con un pacto de silencio, aseveró Suspes.

Necesitamos -dijo- esclarecer los acontecimientos y que sean juzgados todos los responsables para poder cerrar de una vez ese capítulo.

Hasta la fecha fue sentenciado el coronel Luis Alfonso Plazas, condenado a 30 años de cárcel por el delito de desaparición forzada, aunque resta que la Corte Suprema resuelva en última instancia su proceso.

Adicionalmente el general Armando Arias Cabrales recibió una sanción de 35 años de prisión por el incumplimiento del deber de proteger a los ciudadanos y permitir vejaciones.


*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia.

arb/fa/ap

Crédito foto: I.D. R.J., Wikimedia Commons, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)