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Prevista continuación del diálogo por la paz en Nicaragua

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altEl diálogo nacional por el entendimiento y la paz en Nicaragua debe proseguir hoy, según anunció la delegación del Gobierno ante la mesa de negociaciones.

En la sesión del lunes 20 a las 10 de la mañana se continuarán discutiendo puntos pendientes, esperando avanzar en los acuerdos necesarios para el entendimiento, adelantó el viernes último la delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).

El texto indica que durante la última sesión de la mesa de negociaciones celebrada el jueves, la jornada de trabajo entre ambas partes, GRUN y la opositora Alianza Cívica trascurrió con algunos avances.

La parte gubernamental ante la mesa de negociación lamentó en esa oportunidad el violento motín ocurrido el jueves 16 en el Centro Penitenciario Jorge Navarro en el que resultó muerto uno de los reos. Lamentamos también las heridas causadas a los custodios del Sistema Penitenciario, agregó la referida nota.

En funciones desde el 27 de febrero último, la mesa de negociación es un mecanismo de diálogo mediante el cual las delegaciones del GRUN y la opositora Alianza Cívica buscan soluciones consensuadas a la situación que vive el país a partir de la crisis sociopolítica iniciada a mediados de abril de 2018.

Este domingo el GRUN alertó a los nicaragüenses residentes en el país y en el exterior y la comunidad internacional sobre la campaña difamatoria de noticias y denuncias falsas en su contra.

De igual manera, el gobierno nicaragüense denunció 'los llamados ‘falsos positivos' que buscan alentar reacciones negativas en contra de Nicaragua y del interés supremo de las familias nicaragüenses, que tenemos derecho a vivir con tranquilidad, alegría, paz y trabajo', reza otro párrafo del escrito.

Aunque el comunicado no lo mencionó de manera explícita, en los últimos días los opositores al gobierno cuestionan la versión oficial sobre los sucesos del jueves anterior en el Complejo Penitenciario Jorge Navarro, en la afueras de Managua.

Esas personas privadas de libertad son calificadas por la oposición como presos políticos, mientras el Ejecutivo insiste que se trata de individuos que cometieron actos de índole terrorista durante el considerado fallido intento de golpe de estado de abril-julio de 2018.