Vie05252018

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Economia Solidaria

Keleher y el PNP promueven un bullying educativo

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alt(San Juan, 10:00 a.m.) Un plan educativo sin plan académico, que empieza por no atender cómo se va a mejorar la enseñanza del español en Puerto Rico, y el inglés como segundo idioma, está anticipando su fracaso para desarrollar profesionales en cualquier campo.

Una reforma educativa sin plan académico, que a las malas despoja a las comunidades de sus escuelas, y trata a los maestros como ganado, es como subirse a un avión sin gasolina y anunciar que vamos a volar más alto. Ningún proyecto educativo que empiece por no atender los pésimos, alarmantes y vergonzosos resultados de las pruebas de español del College Board va a ser exitoso.

El asunto, la verdadera cuestión que nos tenemos que preguntar es si el plan es negarnos a educar a los puertorriqueños para ser puertorriqueños. Una educación que no parta del amor de lo propio acarrea otros males sociales. Y la educación fuera de la cultura es un cascaron vacío". Un proyecto educativo debe partir del uso y protección de la lengua propia, como un derecho inalienable de nuestra juventud.

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La suspensión de las leyes de cabotaje no tuvo efecto alguno

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alt(San Juan, 10:00 a.m.) Contrario a término, durante el período del 28 de septiembre al 18 de octubre del 2017, por vía de una orden del presidente Donald Trump, las leyes de Cabotaje que aplican a Puerto Rico desde el 1920, se dejaron en suspenso. Por 10 días y una extensión automática de 10 días, barcos y aviones de bandera no estadounidense, podían haber entrado a los puertos nacionales de la isla de Puerto Rico, viniendo de territorio de los EE.UU. Esto debió abaratar los costos de los productos, y también garantizar que los abastos no faltaran a la isla. Lamentablemente y por las insuficiencias del gobernador de turno, Ricardo Rosselló, la experiencia no se pudo medir, por lo que tengo no se puede evaluar en ninguna dirección.

Las leyes de Cabotaje, un conjunto de leyes que se inicia en el 1900 con la Ley Foraker, continúa con la enmienda a la Ley Jones de 1920, conocida como la ley de la Marina Mercante, y se extiende al 1979 con la ley de Cabotaje aéreo, se han aplicado de forma directa a Puerto Rico, Hawái, Alaska y la isla de Guam. Los demás territorios de los EE.UU. que sean de ultramar, no les aplican estas leyes.

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Nueva unidad de deportes para la Correccional de Bayamón 1072

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alt(San Juan – 12:00 p.m.) El pasado 10 de abril de 2018 se inauguró el nuevo Módulo de Vivienda “Atletas de Alto Rendimiento” en la Institución Correccional de Bayamón 1072. El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Y. Rolón Suárez quien lo inauguró dijo que este proyecto permitirá la participación activa de confinados en competencias deportivas de la libre comunidad. Menciona el secretario Rolón que esto no se limita al deporte si no a lo artístico, profesional y educacional.

“Este programa cuenta con 38 confinados de custodia mínima y mediana provenientes de diferentes instituciones a nivel Isla y el fin de este proyecto, es darle la oportunidad al miembro de la población correccional de poder competir en la libre comunidad dentro y fuera de Puerto Rico”, señaló Rolón Suárez.

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Gente “llegó Papá” – 18.5 mil millones para profundizar en el mendigaje federal

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alt(San Juan, 10:00 a.m.) Finalmente, se le cumplió un sueño al gobernador de turno Ricardo Rosselló. Con alegría, pese a lo humillante que puede ser el proceso, el gobierno federal anunció la otorgación de fondos de emergencia-reconstrucción por la cantidad de $18.5 mil millones de dólares para la isla. Alega el gobernador, que es la asignación más grande en la historia del país, proveniente desde Washington.

Lo interesante, y de esto no dijo nada ayer, es sí el cheque se lo van a hacer extensivo a él y su administración o se lo harán extensivo a la Junta de Supervisión Fiscal. Tanto el gobernador Rosselló como la comisionada residente, Jennifer González, celebran que son ellos los que recibirán el dinero.

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Pronunciamiento internacional por la libertad de Lula

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alt(San Juan, 1:00 p.m.) Las personas y organizaciones que adherimos a la presente declaración:

1. Exigimos que el gobierno y el sistema judicial de Brasil ponga en libertad inmediata a Luis Ignacio “Lula” Da Silva, dirigente del Partido de los Trabajadores.

2. Exigimos libertad y plena restitución de sus derechos políticos para que pueda participar del actual proceso electoral como candidato presidencial, tal como han reclamado en las calles millones de personas en todas las ciudades brasileñas.

3. Denunciamos el creciente deterioro de los derechos políticos y libertades del pueblo brasileño, desde el ilegítimo golpe de estado parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, hasta el asesinato de la edil de Río de Janeiro, Marielle Franco, del Partido del Socialismo y la Libertad (PSOL).

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