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Economia Solidaria

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Es tiempo de abolir ICE

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alt(San Juan, 9:00 a.m.) El “Immigration and Customs Enforcement” (ICE, por sus siglas en inglés) es la rama policial del Departamento de Seguridad Interna (DHS) encargada de implementar las leyes de inmigración y aduanas. Esa rama es la que actúa como oficial de la ley realizando arrestos, detenciones, allanamientos e interviniendo, tanto con ciudadanos como con inmigrantes, con total impunidad. Recientemente esa rama del DHS se ha comenzado a destacar por utilizar medidas radicales, muchas veces de cuestionable legalidad, en el proceso de cumplir con sus funciones.

Un ejemplo, ya clásico, de este tipo de intervención es cuando agentes de ICE abordan vehículos públicos, como autobuses, y piden documentos de identidad a los que están viajando en los mismos. Esto es una medida bastante cuestionable pues en los Estados Unidos no existe la obligación de tener ningún documento de identidad ni de identificarse con ningún agente de seguridad del estado sin que medie una razón válida que sea entendida como causa probable o motivos fundados. En ambos casos, para que un agente del estado pueda intervenir con un ciudadano, deben existir razones fundadas para pensar que esa persona ha cometido un delito. El problema es que la jurisprudencia requiere la existencia de causa probable o motivos fundados sólo cuando la intervención es de naturaleza penal. Esto es problemático porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ha hecho un trabajo muy limitado y mediocre en asuntos de inmigración, ha determinado que los asuntos de inmigración, específicamente los procesos de deportación no son de naturaleza penal y por lo tanto no aplican los mismos derechos constitucionales que aplicarían en otros casos. Esto significa que cuando ICE interviene con ciudadanos, sobre los cuales se supone que no tengan ninguna jurisdicción, no tiene que cumplir con los requisitos procesales que establece la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos.

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