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Economia Solidaria

Sanciones de los EE.UU. contra Venezuela

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Image result for venezuela(San Juan, 4:00 p.m.) El pasado lunes 5 de agosto, a las 9:00a.m. entró en vigor la Orden Ejecutiva suscrita por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobando nuevas sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la República Bolivariana de Venezuela. Se trata del séptimo documento aprobado por Estados Unidos contra este hermano país. El documento es un incremento en la política injerencista de Estados Unidos que ya ha incluido movimientos de desestabilización violenta; intentos de golpe de Estado; la adopción de medidas extraterritoriales dirigidas a asfixiar económicamente al país; y la congelación de importantes activos, materiales y monetarios, de Venezuela en bancos extranjeros e inversiones en Estados Unidos. En esta ocasión, como ha indicado el gobierno estadounidense a través de uno de sus principales voceros, se pretende bloquear el acceso de Venezuela al sistema financiero internacional.

El proceso de adopción de medidas económicas contra Venezuela no empezó, sin embargo, con Trump. En diciembre de 2014, bajo la Administración Obama, el gobierno de Estados Unidos, dentro del marco de su política injerencista, aprobó la ley titulada Ley en Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela. Su origen se encuentra en un proyecto de ley sometido en el mes de marzo de ese mismo año por parte del Senador demócrata de origen cubano-estadounidense por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, señalado por corrupción y enemigo de la Revolución Cubana y Bolivariana.

Ya desde entonces, la Ley facultaba al presidente de Estados Unidos a sancionar las personas que él determinara habían sido responsables o causantes de alegados actos de violencia contra elementos de la oposición política en Venezuela. La Ley le autorizaba a imponerle, a los responsables por tales actos, sanciones que incluían, entre otras medidas, el bloqueo de sus activos, establecer prohibiciones sobre transacciones con sus propiedades en Estados Unidos y la revocación de sus visados y otros documentos emitidos conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Durante al año fiscal transcurrido a partir de la aprobación de dicha Ley, se asignaron fondos millonarios para ser utilizados con los siguientes propósitos: (a) defender los derechos humanos en Venezuela; (b) aumentar la capacidad de la sociedad civil en dicho país; (c) apoyar los medios de comunicación independientes y procurar el acceso de éstos, sin restricciones, a la internet; (d) mejorar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas; y finalmente, (e) ayudar a la sociedad civil venezolana, a periodistas y a manifestantes que el presidente de Estados Unidos determine hayan sido víctimas de la represión por parte del actual gobierno venezolano.

El 12 de febrero de 2015 el gobierno venezolano hizo público la manera en que los organismos de seguridad del Estado habían logrado frustrar una nueva intentona golpista contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los intentos de Golpe de Estado en Venezuela, como sabemos, ni son un planteamiento teórico, ni constituyen un elemento discursivo, ni son cosa nueva. Recordemos que ya en febrero de 2002 se desarrolló un frustrado Golpe de Estado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Igualmente, durante los años 2014 y 2015 la oposición política venezolana, tras su derrota en diversos procesos electorales, promovió un clima de inseguridad y violencia en el país con el objeto de establecer condiciones que propiciaran otro Golpe de Estado y más adelante, un intento por asesinar en un acto público al presidente Maduro.

El 9 de marzo de 2015 el presidente Obama promulgó una Orden Ejecutiva titulada Contributing to the situation in Venezuela (“Contribuyendo a la situación en Venezuela”). En ella incluyó a siete funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano vinculados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la fiscalía, los cuales desempeñaron desde sus respectivas responsabilidades públicas un rol activo en el proceso de desbaratar, en forma anticipada, el intento de Golpe de Estado fraguado para el 12 de febrero de 2015. La Orden Ejecutiva no cumplía otro propósito que pretender deslegitimar precisamente a funcionarios que, como indicamos, jugaron un papel clave en desarticular la intentona golpista. Con tal proceder, Estados Unidos procuraba estigmatizar cualquier gestión que dichos funcionarios llevaran a cabo en el futuro contra la oposición política golpista y en la defensa y protección de los intereses del Estado venezolano.

En el año 2015 la Casa Blanca hizo público una versión editada de un estudio titulado Estrategia Nacional de Seguridad (2015). En él, la Rama Ejecutiva de Estados Unidos de América delinea cada quinquenio, lo que serán los énfasis de su gobierno en materia de seguridad. Al momento en que se aprobó este documento, Estados Unidos estaba sirviendo de apoyo a una nueva patraña golpista contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Contrario a lo que Estados Unidos afirma como parte de esta Estrategia Nacional de Seguridad, no era el gobierno de Nicolás Maduro el que en Venezuela contribuía a la destrucción de la democracia, sino que era el propio Gobierno de Estados Unidos el responsable de apoyar la política de un Golpe de Estado. A lo largo de los años que lleva la Revolución Bolivariana, Estados Unidos no ha cesado en promover la desestabilización del gobierno bolivariano mediante el respaldo a grupos de pandilleros y delincuentes que promueven la violencia.

El proceso de desestabilización contra Venezuela en los pasados años con la llegada de Donald Trump a la presidencia tampoco ha tenido pausa. La nueva Orden Ejecutiva de Trump ciertamente es un incremento en las agresiones de Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Si como muestra un botón basta, en el mes de mayo pasado su administración estableció sanciones relacionadas con el transporte de petróleo a Cuba; durante los días 19 y 22 de julio aviones espías volaron en las inmediaciones del espacio aéreo venezolano; y el 1 de agosto se amenazó con establecer una “cuarentena” que, si se toma como base la experiencia cubana en los años sesenta, hablamos de un bloqueo naval contra dicho país. De hecho, no pasa desapercibido las expresiones del Asesor en Seguridad Nacional del presidente estadounidense, John Bolton, a los efectos de indicar que ahora era el momento de actuar indicándole a la Federación Rusa que no hiciera una mala apuesta en dos ocasiones.

De acuerdo con la Sección 1 de la Orden Ejecutiva, “todas las propiedades e intereses” propiedad del gobierno venezolano en Estados Unidos; o de aquellos que en adelante ingresen en su país; o pasen a la posesión o control de estadounidenses, serán “bloqueadas y no podrán ser transferidos, pagados, exportados, retirados o intercambiados de ninguna manera.”

Señala también que lo anterior incluye a cualquier persona que el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, determine que “ha ayudado materialmente, patrocinado o provisto apoyo material o tecnológico, o bienes o servicios”; o que haya apoyado a persona designadas como “bloqueadas” en la lista que lleva la Oficina de Control de Activos Extranjeros cuyas propiedades están bloqueadas.

En su Sección 2 indica que las sanciones prohíben el “ingreso irrestricto como inmigrantes y no inmigrantes a Estados Unidos de extranjeros de quienes se determine que reúnan uno o más de los criterios en la sección 1 (b) que serían perjudiciales a los intereses de Estados Unidos, salvo que el “Secretario de Estado determine que la entrada de la persona no sería contraria a los intereses de Estados Unidos”; o cuando, mediante una “recomendación del Secretario de Justicia, la persona promovería objetivos importantes de seguridad de Estados Unidos.”

La Orden Ejecutiva contempla que se emite “sin perjuicio de cualquier contrato celebrado o cualquier licencia o permiso otorgado antes de entrada en vigencia de esta Orden.”

Queda exceptuada del alcance de la Orden Ejecutiva que, en situaciones en que el gobierno de Estados Unidos esté involucrado en una operación, transacción o se plantee acordar asistencia en temas como alimentos, vestimenta y medicamentos para atender o amortiguar una crisis humanitaria, pueda desarrollarse alguna actividad comercial con el gobierno venezolano.

Al día siguiente de emitirse la Orden, el gobierno de Estados Unidos enmendó una disposición sobre las prohibiciones de viajes a Venezuela, emitidas mediante la Orden Ejecutiva, estableciendo 13 excepciones.

Al referirse la Orden al término “gobierno de Venezuela”, se incluye toda subdivisión política, agencia o entidades del gobierno, incluyendo al Banco Central de Venezuela, y a la empresa venezolana Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA)

De acuerdo con Marino de Alba, en su artículo publicado el 7 de agosto en http://www.prodavinci.com:

“La Orden Ejecutiva no limita las actividades de las empresas privadas venezolanas o extranjeras siempre y cuando no quede duda que esas empresas privadas no están asistiendo, patrocinando o proporcionando asistencia financiera, material o tecnológica al gobierno de Venezuela. Por consiguiente, si una empresa privada venezolana o extranjera tiene algún tipo de relación con el gobierno venezolano que pudiese llevar al gobierno estadounidense a entender que hay una relación de asistencia o patrocinio, ahora existe un riesgo alto para esas empresas en Estados Unidos. Especialmente si cuentan con activos o presencia bajo la jurisdicción estadounidense, incluyendo sus cuentas bancarias, o sus directivos o accionistas suelen viajar a Estados Unidos. En definitiva, los riesgos de sostener relaciones comerciales con el gobierno venezolano han aumentado significativamente.”

En los pasados meses el gobierno de Estados Unidos ya ha impuesto sanciones a más de un centenar de individuos y entidades venezolanas. Se indica que la “Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela”, organizada por el denominado “Grupo de Lima”, y de la cual participan 59 países y tres organismos internacionales, a saber, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Banco de Desarrollo de América Latina; y la Unión Europea, también se proponen establecer sanciones económicas contra la República Bolivariana de Venezuela.

Sin que hayan impuesto aún estas nuevas sanciones, lo cierto es que sobre el gobierno venezolano pesan las medidas que se han venido adoptando en los pasados meses. Al presente se estima en 16.3 millones de venezolanos, los que necesitan el apoyo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP’s) para atender sus necesidades inmediatas. Algunas fuentes indican que, al presente, el 90% de los venezolanos no cuentan con ingresos suficientes para atender plenamente sus necesidades alimentarias y que el 51% de los hogares vive en condiciones de pobreza.

A pesar de la desgracia que representa para el país y para su población estas sanciones, las anteriores y las nuevas, el presidente de encargo, el pretendido usurpador de la constitucionalidad venezolana, Juan Guaidó, está que baila en un solo pie, señalando que las medidas benefician al pueblo venezolano e ilusionado por los efectos que estas nuevas medidas tengan en su empeño por derrocar la fuerte alianza cívico-militar que apoya al gobierno bolivariano.

A juicio del periódico El Nuevo Herald, las medidas adoptadas contra Venezuela colocan a este país en igualdad de condiciones que en el pasado a Cuba, la República Popular Democrática de Corea y la República Islámica de Irán; o como hemos visto, además, a la República Árabe Siria. Señala este periódico con razón que, de acuerdo con el Derecho Internacional, quien único está facultado para imponer sanciones contra otro Estado es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por esas razones se han emitido múltiples resoluciones, al menos una cada año, de condena por parte de la comunidad internacional rechazando el Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

De acuerdo con el escrito publicado en ALAI América Latina en Movimiento el pasado 6 de agosto, la prestación “de servicios públicos esenciales, como electricidad y agua, que dependen de tecnologías (en gran parte) estadounidenses y que son suministradas por empresas ligadas a ese país, podrían verse más comprometidas dada la imposibilidad de que estos proveedores puedan efectuar acuerdos directos o indirectos con el Estado venezolano.” De acuerdo con el periódico The Wall Street Journal, es la primera vez en más de 30 años que Estados Unidos aplica este tipo de sanciones contra un gobierno en este Hemisferio. Evidentemente, el periódico olvida el caso de Cuba y los efectos de la Ley Helms-Burton, entre otras.

Las sanciones se producen a pesar del desarrollo de conversaciones entre las partes afectadas por el conflicto en Venezuela, desarrolladas en Oslo, Noruega y que continúan en Barbados con el apoyo y auspicio del gobierno noruego. Sin embargo, es precisamente la imposición de estas nuevas sanciones y la convocatoria a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela hecha por el “Grupo de Lima”, lo que ha llevado al gobierno venezolano, al menos de manera inmediata, a retirarse de tales conversaciones con la oposición venezolana.

La solidaridad internacional hacia Venezuela no se ha hecho esperar. Recientemente se produjo el pronunciamiento del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, donde el organismo “condena el endurecimiento del bloqueo contra Venezuela anunciado por el presidente Donald Trump”. Señala el comunicado que las nuevas medidas, que afectan al pueblo, tienen como objeto “continuar un plan golpista de desestabilización que pretende llevar al país a una guerra civil.” En referencia a la Conferencia por la Democracia, reunida en Lima, señala que quienes promueven la actividad, y que “alegan la potestad de querer decidir el destino de una nación hermana soberana se autoerigen en fiscales de una supuesta necesidad de democratización para Venezuela.” En su mayoría, sostiene el Foro, “los países latinoamericanos asistentes no son precisamente un modelo de respeto a la voluntad popular ni a los derechos humanos en sus propios territorios. Mucho menos de civismo, ética, prosperidad o justicia social, por lo que sostenemos que es precisamente esta incoherencia la que se pretende oculta buscando colocar como chivo expiatorio al gobierno de Venezuela, al tiempo de intentar lograr réditos políticos.”

El pronunciamiento deja claro que “ninguna sanción ni bloqueo, sino el diálogo entre los contendores políticos en el marco del irrestricto respeto a la autodeterminación de los pueblos, es el camino para consolidar la Paz en la región y fomentar el bienestar del pueblo venezolano.”

Alguien dijo con sobrada razón en relación a Venezuela, que para cada agresión siempre habrá una forma de resistencia, por ello, contra este nuevo incremento en la agresión contra el gobierno y el pueblo venezolano, es necesario incrementar generosamente nuestra solidaridad.

Después de las protestas, ¿tendremos un proyecto de país?

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Image result for marcha puerto rico contra ricardo rossello(San Juan, 2:00 p.m.) La cuestión ahora es cómo fuerzas políticas de las clases populares pueden tomar el gobierno en 2020.

No debería el torrente de pueblo que se manifestó en el verano reducirse a un cambio de gobierno, una burocracia nueva que meramente obedezca las leyes y administre bien los fondos federales. La gente exige más.

Procede pensar en un cambio de país, y en organizar un frente unitario electoral que canalice y potencie la indignación y el deseo de cambio que las enormes protestas expresaron, y represente las clases mayoritarias, la juventud y las mujeres: un bloque de alianzas a base de un programa mínimo con que todos los participantes estén de acuerdo, e incluya todos los sectores oprimidos.

Después de que manifestaciones de protesta de 400 y 500 mil personas expulsaron a un gobernador —Ricky Rosselló— y de precarios intentos de sucesión que siguen alimentando la crisis de legitimidad del gobierno, es previsible que continuarán las movilizaciones y los estallidos de tensión social.

Transformado de pronto en protagonista, "el pueblo" difícilmente dejará ahora de buscar su propia voz. Debe descubrir qué quiere. Se liberó de su autorrepresión con fuerza espontánea, a la vez con ira y con risa. Los políticos y burócratas que en adelante den la cara por los viejos discursos parecerán personajes pasajeros de una película mediocre, piezas de recambio de una vieja maquinaria que sólo disimula el poder federal. No sabemos si del PNP habrá alguno sin esqueletos en el closet.

No es una agitación por la falta de legitimidad solamente de los funcionarios que representan el gobierno, sino del gobierno en su conjunto, sea porque no cumple sus propias leyes, sea porque muchas de esas leyes carecen de legitimidad. Más aún, hay una negativa a seguir admitiendo el estancamiento socioeconómico del cual el gobierno es parte.

Las extraordinarias protestas de julio de 2019 fueron una convulsión de la cultura política de Puerto Rico y su relación con las clases populares y los jóvenes. Crece el deseo de construcción de país y de una institucionalidad efectiva, no ficticia, y de que el poder político se socialice y democratice.

Causa importante de la rebelión es un sistema electoral diseñado para repetir eternamente el monopolio de los grupos más poderosos, conservadores y fieles al imperialismo y su dominio financiero, y bloquear siempre el acceso de las clases subordinadas —y de su diversidad— a la legislatura.

Toda crisis tiene alguna salida. Ésta podría, por primera vez, fortalecer el poder político de las clases populares en lugar del poder financiero y de las claques colonialistas.

Un frente electoral:

Atrás debe quedar la tradición de que el gobierno es una especie de corral donde se da de comer a vacas y caballos, pasivos frente a quien los administra. El pueblo debe empezar a componerse de ciudadanos, en vez de súbditos. Hay condiciones en Puerto Rico para lograr que el gobierno tenga un nuevo contenido y sea vehículo y propulsor de la energía y el intelecto de la sociedad.

La situación exige un frente electoral que proponga reformas profundas, y triunfe en 2020. Uno de sus objetivos debe ser una nueva ley electoral que establezca la equidad de todos los grupos que participen en comicios, composición verdaderamente representativa y democrática de la legislatura, y una disposición para revocar de su cargo a funcionarios corruptos o ineptos. Otro objetivo debe ser enfrentar la deuda con realismo.

Sería un amplio espacio político que forme dirigentes —no simplemente burócratas— y convierta el gobierno en lugar de participación ciudadana y libre discusión, donde el individuo se vincule al colectivo.

Un frente electoral puede triunfar si agrupa al Partido Popular Democrático (PPD), el Movimiento de Victoria Ciudadana, el Partido Independentista y la gran masa de grupos sindicales, estudiantiles, profesionales, empresariales, comunitarios, anticoloniales, democráticos, contra la opresión de la mujer, por la libertad sexual, cristianos de las diversas denominaciones, y de afirmación cultural que habitan el país. Atraería ricos y pobres, irrespectivamente de preferencias sobre el llamado status de Puerto Rico.

La alianza existiría por virtud de un programa mínimo que surja de deliberaciones a través del país. Será una experiencia de unidad mediante acuerdos sobre ideas, metas y candidaturas, para unir la masa más grande de individuos y agrupaciones que sea posible. Su liderato debería tener solvencia intelectual y moral y cacumen político, y ser colectivo.

Seguramente habría en su interior luchas de intereses y de ideas, sobre todo una vez gane las elecciones, y más aún si grupos conservadores —especialmente del PPD— tratasen de invalidar los acuerdos que hicieron posible la victoria. Pero debe sobrevivir y fortalecerse. "La política es el arte de unir fuerzas."

La persona con más posibilidades de ganar la gobernación debería ocupar su candidatura a la gobernación. Recuérdese que el Partido Nuevo Progresista (PNP) goza de factores a su favor: poder del aparato de gobierno hasta fines de 2020, dinero de grupos ricos, vieja cultura conservadora en el país, una masa que le es fiel, organización electoral, acceso a medios de publicidad y desinformación, disposición a demagogia y amoralidad que emanan de su carácter antinacional, y otros.

Tomar la legislatura es esencial. Muchos políticos del PNP que aspirarían a la legislatura tienen maquinarias electorales establecidas hace años. El PPD es la agrupación que principalmente puede hacerles competencia en este terreno.

El frente es viable, si se aprecia el significado extraordinario de las movilizaciones de 2019. La fuerza del PNP nace de la debilidad de las otras corrientes. Pero podrá ser aplastado, incluso durante largos años por venir, si emerge una nueva correlación en la cultura política puertorriqueña.

Transformar el PPD:

El PNP ha recibido el golpe más contundente de su historia: la expulsión bochornosa de su líder y gobernador a causa de protestas enormes. Sus intentos de recomponerse exhiben desorientación y aturdimiento.

El PNP y el PPD tienen ataduras con la Junta de Control Fiscal, cuando menos porque hacen su política dentro del ámbito determinado por el Congreso norteamericano. Dicho de otro modo, la única forma de oponerse efectivamente a la Junta es negarse a pagar la deuda.

En tanto partidos del capital, ambos vienen reduciéndose a símbolos, pretextos para negocios, correas de transmisión entre la población y el control político, un management a cargo de que todo esté listo para las operaciones del capital yanqui y transnacional. La función que cumplen sugiere que en Puerto Rico hay capitalistas puertorriqueños pero difícilmente hay clase capitalista, pues el capital estadounidense la ha pulverizado.

Son innegables la buena fe y el compromiso con el servicio público de numerosos alcaldes y políticos de esos partidos, pero sus frustraciones son recurrentes, a pesar de su lucha diaria, pues están limitados por las estructuras dominantes.

Desde sus comienzos el PPD ha estado al servicio del militarismo, la política exterior y el capital de Estados Unidos, y de grupos ricos criollos. Pero su narrativa prometía, además, justicia social. Así movilizó grandes masas trabajadoras, y las sigue movilizando, aunque la promesa permanece incumplida.

Por su parte, el PNP ha sido hegemónico durante casi medio siglo, periodo de ascenso del neoliberalismo y una mayor emigración e integración entre los puertorriqueños y la sociedad estadounidense.

Luce que, como ocurrió al PPD, el PNP se quedará pronto sin discurso ideológico y con escasa capacidad de ejercer hegemonía. Si es así, difícilmente la crisis se resolvería en dirección estadista.

Ahora bien, mientras el PNP aumenta su descrédito y simboliza robo y fraude al erario, el Partido Popular parece haber perdido agresividad como partido del capital, mientras sectores suyos vienen hace años insistiendo en que enfrente la injusticia social y el colonialismo.

El PPD fue reduciéndose a una especie de ayudante, subordinado e imitador de su hermano mayor —el PNP— a pesar de las disputas folklóricas entre ambos, y gracias a ellas. Alejado de las principales esferas de poder y huérfano de discurso, el Partido Popular se ha debilitado hasta parecer cadáver.

Pero no ha muerto. Después de las manifestaciones de julio de 2019 existe la posibilidad de que resurja vigoroso, pero sólo si su sector identificado con la justicia social, correspondiente a las clases populares, se hace cargo del partido. Su ala conservadora, correspondiente al capital y usualmente dirigente, está extenuada.

La movilización popular puede alterar la correlación político-cultural de fuerzas del PPD y rejuvenecer la formación. Podría hacer suyo, así, un recurso electoral organizado a través de la Isla en que grandes sectores han puesto sus esperanzas tradicionalmente, que es también un amplio medio de comunicación social.

Obligación perversa:

La deuda es el terreno objetivo en que se produjeron los escándalos de Ricky. Los dineros prestados y federales guardan estrecha relación con la corrupción, pues el gobierno se mantiene recibiendo abundantes fondos, los cuales generalmente dirige a gastos en vez de proyectos productivos de desarrollo y largo plazo. Aumenta entonces la disponibilidad del tesoro a contratos y prácticas que favorecen legal e ilegalmente intereses privados.

Un frente amplio electoral debe transformar la conciencia —con medios de información, educación, diálogo, movilización, desafío— para que el país enfrente una cuestión crucial: la necesidad de impugnar la supuesta responsabilidad de pago que se atribuye a los puertorriqueños, y advertir que, en todo caso, Estados Unidos debe pagar la mayor parte de la deuda.

Puerto Rico puede estar dispuesto a pagar una parte, pero sólo en términos justos, que correspondan a la verdad del proceso histórico que ocurrió para que se produjera la monumental deuda. Esta advertencia deberá ser real y firme, y refrendada con la voluntad de no pagar nada mientras Puerto Rico y Estados Unidos no lleguen a un acuerdo.

Esta postura tendría sentido sólo si el gobierno goza de apoyo popular masivo y activo. Claro está, antes de poder enfrentar la deuda, el movimiento del pueblo tiene primero que hacerse gobierno.

La posibilidad de que el gobierno conduzca algún progreso social está aprisionada por la deuda, la cual es, a su vez, parte de la dictadura del colonialismo norteamericano en la Isla. Puerto Rico tiene que ser vertical en su voluntad de desafiar la irresponsable lógica oficial norteamericana, de forzarlo a pagar y de paso hacerlo económicamente impedido, pues con tal obligación nunca podrá empezar un desarrollo social propio.

La deuda es ilegítima. La impuso un sistema de violencia que ha destruido la economía de Puerto Rico. Estados Unidos moldeó la economía de Puerto Rico de forma tal que lo indujo y empujó a endeudarse progresivamente, con instituciones financieras estadounidenses además.

La deuda de Puerto Rico está lejos de ser un fenómeno único en el mundo, si bien la peculiar debilidad económica de la Isla tiende a que aumenten tanto el endeudamiento como la incapacidad de pago. Resultó de la irresponsabilidad de los gobiernos de Puerto Rico durante sucesivas generaciones. Pero esta irresponsabilidad fue propiciada y promovida durante todo ese tiempo por el sistema financiero y el gobierno norteamericanos.

Puede resumirse así: el país poderoso invade al país débil y le impone sus leyes. Los bancos e instituciones financieras del país poderoso financian inversiones privadas y operaciones del gobierno invasor (fábricas, plantaciones, sistemas de electricidad, agua, comunicaciones, infraestructura). La economía de la colonia entonces crece: se expanden actividades comerciales, bancarias y productivas locales, así como el gobierno local. Este crecimiento reclama más financiamiento de bancos e instituciones del país poderoso. La específica relación del país colonial con los mercados financieros se hace orgánica y se transforma en dependencia. La banca del país poderoso invita continuamente al gobierno colonial a que suponga razonable y deseable seguir tomando dinero prestado, para ampliar o mantener sus operaciones. El gobierno del país poderoso estimula el endeudamiento, al darlo por sentado como normal y positivo.

La actividad económica privada del país débil se ha hecho posible gracias al continuo flujo de capital privado del país poderoso. Esta dependencia debilita progresivamente el capital privado local de la colonia y propicia el monopolio del capital del país poderoso, lo cual llevará al estancamiento económico y a que el gobierno del país débil pida prestado más que antes, hasta que quiebre. Mientras tanto el poderoso se ha hecho más rico y potente.

Manipulación crediticia:

Aquí "modernización" significa que el dinero en su forma de crédito inunda la sociedad colonial. Las deudas del gobierno y de personas y empresas privadas se hacen cada vez más necesarias para reproducir una cierta forma de vivir, que la publicidad y los ofrecimientos comerciales y bancarios promueven.

El gobierno —incluyendo corporaciones públicas, universidad— y los individuos siguen tomando prestado, para hacerse competitivos en el mercado o meramente sobrevivir, por encima de su capacidad de pago. Pero la productividad colonial ha sido gravemente lesionada. Los ahorros del país débil serán absorbidos por la deuda, en lugar de servicios, pensiones, salud, educación.

Una fauna de mediadores, agentes y empresarios se lucra de los negocios que surgen de estos flujos de dinero e inversiones, tanto en el país sometido como en el poderoso; y funcionarios coloniales pueden aumentar la deuda innecesariamente por motivaciones demagógico-electorales, ineptitud o corrupción.

No puede separarse la experiencia de Puerto Rico del sistema imperialista global. En esta "globalización" el capital monetario tiene cada vez más poder. Es un régimen fundado en el endeudamiento y la subordinación de los países a unos pocos centros capitalistas. Promueve la irresponsabilidad de los gobiernos en tanto fomenta su endeudamiento.

La deuda —y los intereses usureros— constituye una forma de vivir de los países, a la cual a veces se alude con la metáfora "burbuja", o sea una expansión artificial o infundada, que podría desaparecer en cualquier momento o en una de las crisis periódicas de la economía capitalista.

Desde luego, si el pueblo paga una deuda colosal y larga se autoinflige daño severo, aumenta su propia miseria, atrasa su desarrollo, y agrede a jóvenes, viejos y otros más vulnerables. Destruye buena parte de lo que conocemos como sociedad.

Proponer un desarrollo económico auténtico requeriría admitir que los recursos del país son limitados. El país debe aún crear sus propios medios de producción económica y política. Por tanto tiene que organizarse mejor, proteger más la condición humana, producir más, descansar más, ahorrar más, cuidar más los recursos naturales y sociales, despilfarrar menos, y balancear saludablemente el crédito con el crecimiento y éste con el bien social.

Para negarse a pagar la deuda según ésta se ha definido, el gobierno de Puerto Rico dependería de la conciencia y solidaridad populares. Asimismo tendría que empezar a relacionarse económica y culturalmente con otros países y con la amplia diversidad de fuentes de inversión y financiamiento que hay en el mundo. Así podría estimular empresas privadas, del estado y cooperativas; joint ventures público-privadas; de capital local junto a capital extranjero, etc.

Contradicciones boricuas:

Parte de la fuerza de las protestas contra Rosselló estuvo en sus propios límites: su carácter cívico, relativamente pacífico, enardecido y emocional pero dentro del marco legal. Grandes masas creen, con razón, que el país puede mejorar en aspectos importantes su sociedad y gobierno dentro de los límites que han establecido el colonialismo y las tradiciones criollas de gobierno. Las protestas mostraron también la disposición a expandir estos límites.

Muchos participantes de las protestas estaban indignados por los escándalos porque violentaban los valores isleños —que desde la década de 1950 han conformado una densa retórica— de institucionalidad, ley, democracia, constitución, separación de poderes, etc.

Otros suponían falsa tal institucionalidad. Los escándalos de robo de fondos para salud y recuperación post-huracán y del chat del grupo íntimo de ejecutivos burlescos de Ricky habrían sido extremos de la ilegitimidad de fondo de un sistema de gobierno al servicio de grandes intereses y del imperialismo norteamericano, administrado una y otra vez por gerentes incompetentes e indiferentes.

Ambas visiones pueden coincidir en la necesidad de crear nuevas instituciones y expandir las existentes en sentido democrático, o sea a favor de la soberanía popular. En qué medida esta última reclame soberanía nacional dependerá de su propia fuerza y evolución ideológica.

Lo cierto es que en las últimas tres o cuatro décadas avanzó una legitimización del statu quo local. Por ejemplo, no se ve en la conversación pública actual un punto de vista que fue vigoroso durante el siglo XX, hasta los años 70, que negaba toda legitimidad e institucionalidad verdadera al régimen colonial, y se remitía imaginariamente a un orden legítimo que sólo podría existir tras la independencia, o incluso la revolución popular y socialista.

Aunque las autoridades estadounidenses sentenciaran en 2016 que el Estado Libre Asociado (ELA) carece de soberanía y la Isla está plenamente subordinada a Washington, la vida concreta y diaria de la gente en Puerto Rico está inevitablemente determinada por las estructuras existentes. (Algunas de éstas fueron fruto de luchas obreras y nacionalistas).

Podríamos llamar instituciones a las estructuras experimentadas en la vida boricua, aunque no han nacido principalmente de las relaciones sociales propias y la evolución de Puerto Rico, pues en una medida decisiva han sido trasladadas de Estados Unidos y "traducidas" a las formas de vivir de la Isla y al español.

En este sentido, las complicadas polémicas "constitucionalistas" y legales que se desataron a raíz de la crisis de sucesión de Ricky parecieron una imitación de países cuyos estados nacionales gozan de una institucionalidad generalmente aceptada como legítima, por propios y ajenos, pues la misma es particular y específica, o sea nacional; ha surgido de la soberanía —cuando menos formal— y de la evolución de la propia sociedad, y resulta crucial para la vida material.

La suposición de que el régimen político de Puerto Rico posee orden institucional legítimo es difundida por grupos intelectuales abogadiles y educados en la cultura colonial (cuyos sueldos emanan de su lealtad a la normalidad) y por medios de comunicación y espectáculos para los que dichos grupos son puntos de referencia. Sin embargo el gobierno repite desde hace un siglo un desorden caricaturesco, como se vio por ejemplo en 2019.

Por otro lado, a pesar de su usual "revolú", la institucionalidad relativa puertorriqueña es el marco concreto e histórico en que la gente vive aquí, y esto le confiere un grado irrefutable de realidad y legitimidad a los poderes y agencias de gobierno, al derecho criollo, y a las labores cotidianas de intelectuales y administradores puertorriqueños.

Esta institucionalidad relativa de Puerto Rico, que el ELA proclamaba, se ha consolidado a pesar de la dependencia e integración a Estados Unidos y gracias a ellas. La constitución de 1952 se invoca para justificar el poder de facciones colonialistas y también para reclamar derechos y puertorriqueñidad.

En cierta óptica se ha producido una incorporación definitiva, final y feliz de Puerto Rico a la vida y la lógica oficial estadounidenses, en que el "orden constitucional" de la Isla simula los cincuenta estados, si bien la integración puertorriqueña parece más íntima, pues dichos estados teóricamente tienen soberanía. El PNP representaría esta fusión social e ideológica orgánica con Estados Unidos. A la vez, curiosamente, el "orden constitucional" criollo sirve para marcar la distancia entre ambos países.

En todo caso Puerto Rico está férreamente controlado, vigilado y sometido.

Dimensión global:

Con el siglo XXI se ha hecho común la percepción de que resulta imposible salirse del sistema global, donde el crédito y el poder financiero llevan la hegemonía; Estados Unidos cumple la función de policía y amenaza los países con un guerrerismo nunca antes experimentado por la humanidad.

Se ha instalado una sensación mediática de que la historia finalizó, y la humanidad vivirá para siempre bajo el régimen capitalista, y sólo dentro de su derecho y mercado podrá tratar de resolver sus problemas. Supuestamente debemos acostumbrarnos a la pobreza, destrucción ecológica, inseguridad, desigualdad, violencia.

El capitalismo actual aprovecha la red financiera y revoluciones culturales recientes que expandieron sexualidad, educación y tecnología. Agranda el mundo individual mientras achica el social y público. Cuenta con la gran transformación de internet e imparte hegemonía a la actividad mediática y digital.

El poder financiero y de las transnacionales es tanto que incluso países inspirados en conceptos socialistas deben ceder amplio espacio al enriquecimiento privado —el menos por una fase— para poder construir sus proyectos, ahorrar, estimular empresas cooperativas y estatales y acceder a mercados financieros.

Movimientos de las clases populares en muchos países, pues, luchan ahora para hacerse gobierno y así dar curso a estrategias graduales de independencia económica respecto al sistema mundial.

Es grande el reto de Puerto Rico, uno de los países del planeta donde la sociedad tiene menos poder económico y político, aunque su retórica dominante insista en que es "democrático", confundiendo democracia con elecciones.

Parece probable que más países se dispondrán a crear formas de vivir fundadas en el interés social. La resistencia al poder financiero-colonial afina su sentido con el concepto de que la sociedad algún día podría ser libre de los yugos que hoy la deprimen.

PIP presenta interesante propuesta para enmendar la Constitución

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alt(San Juan, 10:00 a.m.) En medio de la crisis política más profunda que vive el país desde la década de 1950, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó por vía de su liderato nacional, una serie de propuestas en el día de ayer, para enmendar la Constitución de Puerto Rico. La conferencia de prensa dirigida por el presidente del partido, Rubén Berríos Martínez, y el presidente ejecutivo, Fernando Martín, estuvo asistida también por los legisladores y otros miembros del comité central de dicha colectividad.

Entre otras propuestas que contiene la iniciativa del PIP, se encuentra modificar la constitución para que incorpore algún tipo de mecanismo revocatorio, de forma organizada y estructurada, para la remover del puesto a una persona incumbente en la posición de gobernador de la isla. De igual forma, promueven que exista por vía de reforma constitucional, un mecanismo para que en ausencia de la figura del gobernador, se pueda convocar a unas elecciones sólo para que mediante el voto directo, dicho puesto electo encuentre un sustituto.

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Pierluisi convence a 26 legisladores de la Cámara

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Image result for pedro pierluisiLa Cámara de Representantes aprobó el nombramiento del licenciado Pedro R. Pierluisi Urrutia como Secretario de Estados en una votación de 26 a favor, 21 en contra y 1 abstención de la legisladora de la mayoría Jacky Rodríguez. La votación se llevó a cabo por pase de lista.

Luego de la votación, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, llamó de nuevo a una sesión para en caso de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares retire su renuncia iniciar de inmediato el proceso de residenciamiento.

El representante de la minoría del Partido Popular Democrático, Rafael “Tatito” Hernández, presentó una moción para pedirle una opinión a la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sobre si Pedro Pierluisi puede convertirse en gobernador a las 5:01 de la tarde de hoy.

Durante la mañana de hoy se llevó a cabo una vista pública donde los representantes interrogaron a Pierluisi Urrutia. La mayor preocupación de los representantes fue la relación del designado Secretario de Estado como abogado en un bufete que representa a la Junta de Supervisión Fiscal.

La Comisión de Gobierno de la Cámara que preside Jorge Navarro Suárez recomendó la confirmación de Pierluisi Urrutia como Secretario de Estados.

"El nominado, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, no presenta ninguna condición inherente a su persona o a sus circunstancias profesionales o personales que constituyan un obstáculo para que ejerza todos los deberes y responsabilidades del cargo para el cual ha sido nominado. En esta Comisión no se ha presentado información alguna que propenda a dudar de la capacidad o idoneidad del nominado", indica el informe.

Es de la opinión de muchos analistas que, si Pierluisi es juramentado hoy como Gobernador, se hará muy difícil para el Senado no confirmarlo el próximo miércoles. El presidente del Senado Tomás Rivera Schatz, quien se opone a la nominación de Pierluisi, citó para una vista pública el lunes 5 de agosto y una votación sobre el nominado el 7 de agosto.

El senador Larry Seilharmer, empero, es de la opinión que debe juramentar como gobernadora la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

La nominación de Pierluisi ha sido duramente criticada por legisladores del Partido Nuevo Progresista por haber apoyado la Ley PROMESA cuando fue Comisionado Residente, ser miembro del bufete O’Neill & Borges que representa a la Junta de Control Fiscal y varios clientes con contratos gubernamentales.

Rivera Schatz acaba con Rosselló, Pierluisi, Acevedo Vilá y GFR

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Image result for tomas rivera schatzPedro Pierluisi, Secretario de Estado designado, indicó que mañana asumirá la gobernación de Puerto Rico a pesar de no haber sido confirmado por el Senado que pospuso sus vistas públicas para el lunes 5 de agosto a las 11:00 de la mañana. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez cito para vistas de confirmación sobre la nominación de Pierluisi a las 9:00 de la mañana y se reunirán para votación a la 1:00 de la tarde.

Pierluisi llegó al hemiciclo del Senado en el momento en que el presidente del cuerpo, Tomás Rivera Schatz despotricaba contra él. Además, en una movida inesperada Rivera Schatz citó para vistas públicas de confirmación el lunes 5 de agosto y le pidió al candidato que presentará la documentación requerida para la confirmación de un Secretario de Estado.

Las opiniones legales sobre el derecho de Pierluisi a ocupar la gobernación están divididas. Empero, para las delegaciones de las minorías, Partido Popular Democrático, Partido Independentista Puertorriqueño y uno de los dos senadores independientes, la gobernación debe ser asumida por la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

Rivera Schatz rompió con todo protocolo al expresar su oposición a la nominación de Pierluisi. El Presidente se opone a la nominación de Pierluisi debido a que este había sido abogado de la Junta de Supervisión Fiscal. Cuestionó las lealtades de Pierluisi en los momentos críticos que ha atravesado el país durante los últimos tres años. Exteriorizó su incomodidad ante la invisibilidad del ex Comisionado Residente durante el huracán María y en momentos en que había que defender a los pensionados y los trabajadores.

El Presidente condenó a todos aquellos que se inventaron teorías de conspiración sobre sus aspiraciones a la gobernación, especialmente a las empresas Ferré Rangel a los que acusó de haber despedido a la periodista Cynthia López Cabán a la que le alteraron sus escritos para favorecer a la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Fustigó a los gremios periodísticos por no haber defendido adecuadamente a López Cabán.

Barrió el piso con el renunciante Gobernador y condenó sus actos y la corrupción de su administración. También fustigó a los representantes de la delegación del Partido Popular Democrático por haberlo acusado de intentar llevar a cabo un golpe de estado.

Las minorías cuestionaron la decisión de Rivera Schatz, a lo que este respondió, que fueran a los tribunales. A la pregunta de quién sustituirá al Gobernador mañana a las 5:00 de la tarde, Rivera Schatz dijo que:

“Desde mi punto de vista no hay una crisis constitucional. La Constitución y la ley son claras en el orden de sucesión”.

Carlos Méndez puntualizó que la sucesora del Gobernador debe ser la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, porque no existe un Secretario de Estado en propiedad.

“Todos conocemos lo expresivo que es el presidente del Senado, pero aquí no le temblaron las rodillas a nadie. Los votos están divididos, pero lo más conveniente es que vayamos de cara al sol y si mañana no tiene los votos, lo siento”, dijo Méndez.

“Nosotros vamos a ejercer nuestra función constitucional y lo haremos mañana antes de las 5:00 de la tarde. Yo voy a ser responsable de las expresiones de la Cámara”, añadió Méndez.

Por su parte, Rivera Schatz dijo que “cualquiera que cuestione mi decisión puede presentar un remedio ante el Tribunal Supremo. Tiene hasta las 5:00 de la tarde mañana para hacerlo”.

“Si esto tiene alguna consecuencia política la enfrentaremos, pero no podemos claudicar o caer en la encerrona de los que se burlan de nosotros diciendo que se cogen a todo el mundo de (tonto). Eso no va a ser”, expuso Rivera Schatz.

“Puerto Rico se respeta y claro que está en buenas manos”, concluyó el presidente del Senado.

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