Mar10162018

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Economia Solidaria

Arecibo inaugura un nuevo proyecto turístico

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alt(San Juan, 2:00 p.m.) El alcalde Carlos Molina Rodríguez del municipio de Arecibo el primero de julio inauguró un nuevo proyecto que incentivara el desarrollo turístico y económico de la ciudad. Abrió las puertas del nuevo Centro Vacacional Municipal que lo llamó “Villas de la Central Los Caños”, que se ubica en el barrio Tanamá, donde el mismo tiene ocho villas turísticas y una gran casona o “super villa”.

Explicó Carlos Molina que las villas formaban parte de lo que era la antigua hacienda de Los Caños. Su restauración les requirió de intervención por el municipio durante un año. Este proyecto turístico reacondicionó las villas, donde ahora se puede ofrecer para a la zona turística, en donde se tenga un experiencia vacacional cándida de historia.

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La demanda de Rosselló contra la junta

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alt(San Juan, 4:00 p.m.) El gobernador Ricardo Rosselló Nevares radicó en el caso de Título III del Commonwealth of Puerto Rico una demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal (Procedimiento Adversativo-18-0080). El objetivo es que la juez Laura Taylor Swain emita una Sentencia Declaratoria que delimite los poderes de la JSF en cuanto a su intromisión en las decisiones de política pública del gobierno de Puerto Rico y emita un interdicto que limite a los miembros de la Junta en inmiscuirse en los asuntos de política pública mediante la implementación de los presupuestos y planes fiscales.

Este asunto se relaciona con la sección 205 de la Ley PROMESA sobre la responsabilidad de la JSF en las recomendaciones que puede emitir en cuanto a la política pública para la mejor administración de los asuntos financieros y agencias públicas. El gobernador y la Legislatura pueden adoptar o rechazar las recomendaciones que sugiere la JSF bajo esa misma sección.

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Lucha de poder entre la junta, el gobernador y la legislatura

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alt(San Juan, 1:00 p.m.)El gobernador Ricardo Roselló Nevares está dando los últimos aleteos antes de quedar derrotado políticamente por la imposición de un presupuesto y un plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal efectivo para el año fiscal 2019 que comenzó el 1ro de julio del 2018.

El gobernador Roselló Nevares convocó a una sesión extraordinaria de la Legislatura para derogar la ya famosa Ley 80. Inmediatamente de la presidencia del Senado le indicaron que no tendrían la presencia de los legisladores necesarios para la aprobación de cualquier medida legislativa sometida. Una situación ya prevista por el Senado en el que le indicaron que ya tomaron la decisión sobre la Ley 80: No derogarla. Finalmente, en votación 18 a 4 votos enterraron la derogación y confrontaron al gobernador. Dejando claro quiénes tienen el control político.

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La primera graduación del proyecto C.A.S.A.

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alt(San Juan, 2:00 p.m.) El pasado sábado 30 de junio, con el lema: “Jóvenes transformados para enfrentar exitosamente los grandes retos de la vida”, el Programa Centro de Apoyo Sustentable al Alumno, mejor conocido como C.A.S.A., celebró en Manatí su primera graduación a nivel Isla.

Unos más de 800 jóvenes, ahora graduados quienes pertenecían a 16 Centros Educativos, fueron estudiantes que nuevamente tuvieron el privilegio de culminar su educación secundaria.

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La Junta de Supervisión Fiscal impondrá su poder contra el pueblo de Puerto Rico

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alt(San Juan, 2:00 p.m.) Si a alguien le quedaba duda de quién manda en el gobierno colonial de Puerto Rico la Junta de Supervisión Fiscal se encargó de hacerlo mediante carta dirigida a los presidentes Legislativos y al Gobernador Ricardo Roselló Nevares en donde resaltan el “poder sin cuestionamientos” que ellos tienen. En la misiva les informan que ellos impondrán su propio Plan Fiscal y el Presupuesto Fiscal para el año 2019 el 30 de junio del 2018 por encima del que apruebe la Asamblea Legislativa.

Durante las últimas semanas hemos vivido el supuesto impase entre los poderes constitucionales del Legislativo y el Ejecutivo frente al poder congresional norteamericano representado por la Junta de Supervisión Fiscal. Una polémica que surge de las limitaciones que la Junta quiere imponer a los beneficios laborales, ya no solamente de los empleados públicos, sino también al sector laboral privado a través de la eliminación de la llamada Ley 80, la “mesada”. Una petición que a ciencia cierta hasta este día nadie ha sabido explicar cuál será el beneficio real que recibirán el pueblo trabajador o patronal con su eliminación.

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