Jue05252017

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Economia Solidaria

Colapsa Rosselló por sus políticas anti-obreras y anti-democráticas

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(San Juan, 9:30 p.m.) En una acción desconcertada, de un plumazo y haciendo alusión a poderes inherentes al ejecutivo, el gobernador Ricardo Rosselló derogó hoy el derecho exclusivo de los taxistas de Puerto Rico a operar en zonas turísticas, dando paso el servicio de Uber, entre otros. Al hacer esto, el gobernador Rosselló, de facto y de jure, le dio un golpe de estado a la constitución de Puerto Rico y al poder delegado que la Comisión de Servicio Público, así como la Compañía de Turismo tenía para regular ambas industrias.

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El proyecto de dictadura estadista nos convierte en esclavos

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(San Juan, 7:00 a.m.) En menos de seis meses el gobierno del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló ha colapsado. El mismo, con varias agendas políticas y económicas, intenta imponer un plebiscito en torno a la estadidad o la independencia, pautado para el 11 de junio de 2017, el cual al día de hoy es boicoteado por todas las fuerzas políticas de oposición del país. Por lo tanto, el gobierno de Rosselló intenta ir a dicho plebiscito solo, y de esta forma imponer su voluntad en torno al destino político de la isla, por vía de la estadidad.

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Ante la crisis, el PNP nos criminaliza, primero la UPR mañana contra ti

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(San Juan, 11:00 p.m.) Lo que parece una crisis estructural de la cual no podemos salir, se ha convertido ahora en una crisis de derechos civiles. Resulta que, para poder implementar el Plan Fiscal, el presupuesto de austeridad, y la política pública del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, se habrán de restringir los derechos civiles de la población. No sólo tendremos menos derechos laborales, sino que también tendremos menos derechos civiles para expresarnos pacíficamente.

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Desde la UPR Humacao ¿Se nos vende el país y se nos cobra por ello?

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(San Juan, 5:00 p.m.) Impactante. Así se puede describir la situación económica del país. Deuda de 73 mil millones. Venta y privatización de los recursos públicos y naturales del país. Cierre de 300 escuelas para cumplir con aspectos presupuestarios. Recortes de 450 millones aproximadamente al mayor proyecto social del país. La educación superior pública. UPR.

Vislumbremos estos escenarios. El proyecto que llegó con la implementación de la Junta de Supervisión Fiscal, conocida como la Junta de Control Fiscal (JCF), que surge por la ley PROMESA, está siendo puesto en vigor desde el comienzo de este año fiscal. Este proyecto promete dejar al puertorriqueño sin Puerto Rico. Estaremos disfrutando de playas privadas con solo 4 pies de ancho para el disfrute público. Contaremos con 300 escuelas menos de no conseguirse un acuerdo. 1 millón de dólares se le estarán recortando al departamento de salud y se pretende dejar sin salud pública al país. Y, la intensión de el recorte de la cantidad antes mencionada al sistema Universidad de Puerto Rico (UPR).

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¿Por qué hay que cerrar las escuelas públicas?

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(San Juan, 3:00 p.m.) Las aspiraciones de la sociedad puertorriqueña hacia la educación pública en Puerto Rico se encuentran plasmada en su “Constitución” de 1952. En nuestro país, la educación se concibe como el medio por excelencia de subir en la escala social. La educación se ve como un medio de obtener un buen empleo.

A continuación presento lo que la constitución dice sobre la educación:

El Artículo II Sección 5. De la constitución, señala lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez.

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