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Trump, el Tribunal Apelativo y sus efectos en Puerto Rico

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altUn panel de tres jueces del tribunal apelativo del noveno circuito denegó la petición de la Administración Trump para que detuviera la orden de restricción emitida por otro tribunal inferior en el estado de Washington. El tribunal federal de Seattle había emitido una orden de restricción que evitaba que la orden ejecutiva de Trump se pusiera en vigor. Dicha orden reduce el número de refugiados a ser admitidos a cincuenta mil, prohíbe indefinidamente la entrada de refugiados sirios al territorio de los Estados Unidos y prohíbe la entrada de personas de siente países, mayoritariamente musulmanes, a Estados Unidos durante noventa días.

La administración Trump pidió al tribunal apelativo que emitiera un detente a la aplicación de la orden del tribunal inferior lo que hubiera tenido el efecto de reinstalar la orden ejecutiva. El panel de tres jueces del apelativo denegó la petición de la administración.

En la determinación del tribunal a apelativo se reconoció, en primer lugar, que los Estados demandantes, entre ellos Washington, tenían legitimación activa para radicar la demanda. La razón principal que se argumentó fue que las universidades de los estados vieron afectados sus proyectos internacionales a causa de la orden ejecutiva.

Esta demuestra la importancia de los proyectos de internacionalización de la educación universitaria en esta época. Según el tribunal la orden ejecutiva no puede ponerse en vigor porque el gobierno no pudo demostrar que existe una emergencia de seguridad nacional que justifique la reinstalación de la orden. Por otro lado, el panel denegó el argumento presentado por la administración sobre el hecho de que las órdenes relacionadas con seguridad nacional no pueden ser revisadas por los tribunales.

Mientras la orden de Trump dejó de ponerse en vigor una abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) fue detenida e interrogada a su llegada al aeropuerto de Puerto Rico. El oficial de inmigración que detuvo a la abogada le hizo preguntas sobre su nacionalidad, la misma es paquistaní, y sobre su trabajo con la ACLU. La detención es una muestra más de la naturaleza represiva de las políticas migratorias de Trump. No debemos olvidar que la exclusión de inmigrantes, como parte de las políticas de represión política, ha sido parte de la historia de los Estados Unidos desde la aprobación de la ley de extranjeros y sedición de 1798 (Alien and Sedition Act).

Así que la lectura que debemos hacer de las órdenes ejecutivas de Trump no deben centrarse en sus elementos raciales o religiosos que, aunque son importantes no son centrales, y debe centrarse, en su lugar, en su carácter político y regresivo diseñado para fortalecer la hegemonía de la administración sobre la sociedad civil. De este modo debemos entender las órdenes de Trump como un asalto a la posibilidad de la existencia de un orden democrático y a la existencia de una sociedad civil dinámica e independiente.