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Todos contra la Junta Asesina de Puerto Rico

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alt(San Juan, 9:00 a.m.) Todo organismo o institución imperial atropella su colonia. Para el imperio las colonias son simplemente una propiedad y pueden hacer o disponer de ellas todo lo que quieran. Puerto Rico ha sido una colonia por más de cinco centurias. Lo fue primero durante 4 siglos por el imperio colonial español, quién lo explotó extensamente e introdujo sus instituciones como la esclavitud y nos dejó su lengua española y su religión católica como herencia. A partir de 1898, el imperio de Estados Unidos, ejerce su dominio sobre Puerto Rico. Este es el imperio más poderoso que registra la historia de la humanidad. Estados Unidos ha ejercido un férreo control militar en Puerto Rico desde entonces. Las relaciones coloniales han tenido visos de “legalidad” desde la centenaria Ley Foraker. Sus disposiciones coloniales se mantuvieron con la Ley Jones y luego con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y la Constitución de 1952.

De acuerdo a la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, el Congreso tiene todos los poderes sobre Puerto Rico cuando señala: “El Congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarias con respecto al Territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos…”

El año pasado (2016) y haciendo uso de sus plenos poderes sobre Puerto Rico, el Congreso aprobó la Ley PROMESA que creó una Junta de Control Fiscal para Puerto Rico.

Este organismo tiene poderes supra gubernamentales y es el que dicta toda la política pública sobre la Isla. Sus poderes son omnímodos alcanzando las ramas ejecutiva, legislativa y judicial.

Utilizando sus amplios poderes, esta Junta Imperialista suprimió $300 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico en su presupuesto, ya de por sí menguado. Con este proceder, la Junta le causó graves daños a nuestra más importante institución de educación superior.

La decisión de este organismo colonial que más nos atropelló, fue la de eliminar un día de trabajo en la jornada laboral de los empleados del gobierno de Puerto Rico. El atropello consiste en que se reducirá del monto del ingreso 4 días al mes a cada funcionario. Este dinero, con otros “ahorros” se utilizará para abonar al pago de la deuda a los bonistas de Wall Street a expensa de nuestros trabajadores. Este hecho es una confirmación más de que este instrumento del imperio se creó para que Puerto Rico pague su enorme deuda a los bonistas y no para ayudar en su desarrollo económico. El hecho de que la Ley PROMESA, fuera respaldada por muchas personas en Puerto Rico, incluyendo al gobernador colonial de turno se explica de acuerdo a Fanon, que argumentó que “son las maneras más sutiles, las que hacen que los mismos dominados se transformen en instrumentos de su opresión.”

El gobernador colonial fascista, Ricardo Roselló, rechazó esta imposición, olvidando que está en Fortaleza no para gobernar, si no para ser gobernado por la Junta Imperialista de Control Fiscal.