Dom12172017

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El Plebiscito frente a PROMESA, ¿cuál es la urgencia?

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alt(San Juan, 9:00 a.m.) El pasado jueves, por vía de una carta firmada por la sub-secretaria de justicia, Dana Boente, se le indicó al gobierno de Puerto Rico, dirigido por Ricardo Rosselló, que el plebiscito sobre el estatus, según pautado para el 11 de junio de 2017, no cumple con la política pública del gobierno federal. Ante este cuadro, el gobierno de Puerto Rico de forma apresurada respondió, que habría de enmendar el mismo para incorporar los señalamientos del gobierno federal. Como si fuera poco, el viernes, el gobierno federal respondió que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Es decir, la urgencia del gobierno local no es la del gobierno federal.

Esta situación impone ahora una lógica interesante en el análisis, pues un país en crisis económica, desea, por vía de sus mandatarios de turno, resolver el problema del estatus colonial con urgencia. ¿Por qué? La urgencia del Partido Nuevo Progresista (PNP) es evitar que el plebiscito de junio coincida con la implementación del Plan Fiscal, aprobado por ellos y endosado por la Junta de Supervisión Fiscal, creada por la Ley PROMESA. Ante esto, el corre-corre es para evitar que un voto a favor o en contra de la opción de la estadidad se convierta, en un voto de castigo por parte de los empleados públicos, los jubilados, los estudiantes de la universidad, en fin, por el Pueblo.

Hoy el Senado de Puerto Rico se presta modificar la papeleta del plebiscito para cumplir con la carta del pasado jueves de la subsecretaria Boente. De igual forma lo hará la Cámara de Representantes. Por ende, estos dos cuerpos esperan que en menos de una semana se subsanen las diferencias para que el gobernador lo vuelva a firmar y se le informe al gobierno federal que se ha cumplido.

Ahora bien, ¿qué deben de hacer los independentistas y las izquierdas de Puerto Rico? La única opción viable, de forma lógica hablando, es cambiarle el paso al PNP y forzar que el referéndum pase en el 2018 o en el 2022, es decir o un año o cinco años después. En ese proceso, habría que desarrollar una campaña educativa que permitiera hablar de todas las opciones sin apasionamientos y de forma educativa. Que la gente pueda seleccionar el estatus que mejor nos convenga sin panfletismos políticos.

Pero esta opción hay que examinarla ante otras opciones de consenso en Puerto Rico como lo son la que promueve el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en torno a la Asamblea Constitucional de Estatus. Debemos pensar, que el estatus lo vamos a resolver, pero no al con la prisa despótica del PNP. Lo vamos a resolver tomando en cuenta todos los factores existentes hoy en la realidad compleja de Puerto Rico. Pensemos.