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Ante la crisis, el PNP nos criminaliza, primero la UPR mañana contra ti

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(San Juan, 11:00 p.m.) Lo que parece una crisis estructural de la cual no podemos salir, se ha convertido ahora en una crisis de derechos civiles. Resulta que, para poder implementar el Plan Fiscal, el presupuesto de austeridad, y la política pública del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, se habrán de restringir los derechos civiles de la población. No sólo tendremos menos derechos laborales, sino que también tendremos menos derechos civiles para expresarnos pacíficamente.

De un porrazo la legislatura del Partido Nuevo Progresista, desea modificar el derecho a la protesta social, y criminalizar todo acto que raye entre la libertad de expresión e injerencia en actividades sociales concertadas por otros. De esta forma, se restringen derechos civiles, solo por la “eventualidad de que usted vaya a violentar la ley”.

Ante este cuadro de represión que se avecina por el gobierno del joven e impulsivo gobernador Ricardo Rosselló, lo que debemos de esperar es mayores convicciones, más represión y sobre todo, más control de las libertades civiles. A manera de ejemplo, en el día de hoy, mientras escribimos esta nota, una juez encontró culpable a siete de 11 acusados por los eventos de interrumpir una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Los siete jóvenes se exponen a cinco cargos de delitos graves cada uno, lo cual conlleva un máximo de ocho años de cárcel.

La situación amerita un análisis ponderado de la resistencia como de la represión, para ver cuál es el camino a seguir. Ricardo Rosselló nos ha devuelto al momento más difícil de la represión política en la historia de Puerto Rico: el gobierno de Carlos Romero Barceló entre 1976 y 1984. Pensemos.