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La Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno chiquito de Rosselló

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(San Juan, 12:00 p.m.) Hoy ha sesión en el Congreso de los EE.UU. para discutir el caso Puerto Rico. En particular, ante el Comité de Asuntos del Interior, Sub-comisión de flora y fauna, para entender qué pasó en Puerto Rico luego del paso del huracán María. La vista que hoy se conduce, solo tiene un efecto práctico: apoderar a la Junta de Supervisión Fiscal con más poderes para que la misma siga ampliando su jurisdicción sobre el gobierno de Puerto Rico y de paso sobre su población. En esta medida, el efecto neto es que el gobierno de Ricardo Rosselló, sigue reduciendo su tamaño y su capacidad de injerencia en la vida diaria de Puerto Rico.

La controversia gira en torno a las funciones fiduciarias del gobierno de turno, quien en aras de su gestión, que por mandato de la Ley 600 de 1950 viene obligado a cumplir a partir de la constitución de 1952 del país. Ante este cuadro, según el Congreso federal, el gobierno de Puerto Rico ha sido incapaz, ineficiente y más que nada un mal administrador de los fondos públicos y la deuda pública. La Junta de Supervisión Fiscal se impone como una solución, desde la mirada del gobierno de Washington, a la incapacidad de los gobernantes en la isla.

Pero, desde enero del 2017, el gobierno de Ricardo Rosselló ha intentado hacer lo imposible por mantener su gobierno tal cual fuera electo en noviembre del año anterior. Lo interesante es que cada día que pasa, Rosselló va mirando la reducción sistemática de sus funciones y sobre todo de su capacidad de actuar libremente sobre el país. Hoy, el gobierno de Ricardo Rosselló, por las razones que sean, se ha convertido en un gobierno asediado, limitado y reducido a los poderes inherentes del Congreso federal, según establecidos por el Artículo IV, sección 3, de la constitución de los EE.UU.

Entonces, la pregunta política que nos debemos de formular es qué hacer ante la presente coyuntura. Luego del alegado acto de corrupción en la contratación de la firma de Montana, Whitefish, el gobierno de Rosselló se encuentra arrinconado ante la percepción pública como ante la mirada crítica del Congreso federal. La intervención que hace la Junta de Supervisión Fiscal no es para salvar la cara de Rosselló y su gobierno sino para fiscalizarlo más. La imposición de Noel Zamot, como síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica, se impone como una medida para rectificar la mala administración por parte del gobierno de Rosselló.

Que cada cual decida, pero un mundo alterno tendría que proponer formas de gobernanza que superen tanto a la Junta como a la mala administración de Rosselló. La mera crítica, o el acto de repudio no conduce a ningún sitio. Son los modelajes alternativos y concretos los que pueden promover una senda alternativa. Pensemos.