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La Junta de Supervisión Fiscal impondrá su poder contra el pueblo de Puerto Rico

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alt(San Juan, 2:00 p.m.) Si a alguien le quedaba duda de quién manda en el gobierno colonial de Puerto Rico la Junta de Supervisión Fiscal se encargó de hacerlo mediante carta dirigida a los presidentes Legislativos y al Gobernador Ricardo Roselló Nevares en donde resaltan el “poder sin cuestionamientos” que ellos tienen. En la misiva les informan que ellos impondrán su propio Plan Fiscal y el Presupuesto Fiscal para el año 2019 el 30 de junio del 2018 por encima del que apruebe la Asamblea Legislativa.

Durante las últimas semanas hemos vivido el supuesto impase entre los poderes constitucionales del Legislativo y el Ejecutivo frente al poder congresional norteamericano representado por la Junta de Supervisión Fiscal. Una polémica que surge de las limitaciones que la Junta quiere imponer a los beneficios laborales, ya no solamente de los empleados públicos, sino también al sector laboral privado a través de la eliminación de la llamada Ley 80, la “mesada”. Una petición que a ciencia cierta hasta este día nadie ha sabido explicar cuál será el beneficio real que recibirán el pueblo trabajador o patronal con su eliminación.

Como resultado de esa falta de consenso entre las partes en cuanto a esta Ley 80 la Junta Fiscal ha decidido modificar el Plan Fiscal presentado y eliminar partidas presupuestarias asignadas al Ejecutivo, los Municipios, y como habían adelantado, la eliminación del bono de navidad a todos los empleados públicos a partir del próximo año fiscal 2019.

Estamos ante un gobierno dominado por un solo partido político, pero que está dividido entre líderes que cargan sus propios intereses personales para el próximo periodo electoral. Ante una Junta de Supervisión Fiscal a la que le queda un año de supervivencia. Con un nuevo estado de Derecho llamado PROMESA que el 30 de junio del 2018 cumple dos años de su imposición. Cinco instrumentalidades públicas, incluyendo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo el Título III de PROMESA que apenas han avanzado en los objetivos de establecer un Plan de Ajuste de Deudas. Y lo peor de todo, sufriendo aún los embates de los desastres ocasionados por los huracanes Irma y María en el proceso de resiliencia en las áreas económicas y sociales que vivimos como pueblo.

Sin embargo, lo que más sorprende es que ante un panorama tan trágico y dramático que estamos viviendo como nación el liderato anexionista tiene sus prioridades asignadas a la “incorporación” del Territorio colonial de Puerto Rico a los Estados Unidos. Como si no se hubieran enterado de que las tres ramas del gobierno republicano de los Estados Unidos de América les han dicho que Puerto Rico no será el Estado 51 de la unión americana. La rama judicial con el caso de Sánchez Valle v Commowealth, el Congreso con la ley PROMESA, el presidente Obama con el nombramiento de la Junta de Supervisión Fiscal y el presidente Donald Trump tirándonos papel toalla como respuesta a las solicitudes de ayuda federal post huracanes.

Si como Pueblo oprimido no hacemos algo ante las imposiciones de la Junta de Supervisión Fiscal seguiremos viendo cómo se continuarán menoscabando los derechos laborales adquiridos a través de sangre y lucha por el pueblo trabajador.