Vie09212018

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Lucha de poder entre la junta, el gobernador y la legislatura

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alt(San Juan, 1:00 p.m.)El gobernador Ricardo Roselló Nevares está dando los últimos aleteos antes de quedar derrotado políticamente por la imposición de un presupuesto y un plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal efectivo para el año fiscal 2019 que comenzó el 1ro de julio del 2018.

El gobernador Roselló Nevares convocó a una sesión extraordinaria de la Legislatura para derogar la ya famosa Ley 80. Inmediatamente de la presidencia del Senado le indicaron que no tendrían la presencia de los legisladores necesarios para la aprobación de cualquier medida legislativa sometida. Una situación ya prevista por el Senado en el que le indicaron que ya tomaron la decisión sobre la Ley 80: No derogarla. Finalmente, en votación 18 a 4 votos enterraron la derogación y confrontaron al gobernador. Dejando claro quiénes tienen el control político.

La Junta de Supervisión Fiscal ya sometió y aprobó el presupuesto de la misma forma que la Legislatura aprobó un presupuesto y el gobernador lo firmó. Nadie sabe hasta este momento cuál de los dos presupuestos es el que está vigente. Las agencias públicas no saben cómo actuar ni con cuánto dinero cuentan en sus propios presupuestos.

La ley PROMESA establece que la Junta Fiscal puede imponer su propio presupuesto si el que somete la Legislatura no cumple con los parámetros del Plan Fiscal Certificado. Este es el momento crucial en que el gobernador se debe quitar el sombrero de político y asumir su responsabilidad como gobernador electo del pueblo de Puerto Rico y llevar a la Junta al Tribunal de la juez Laura Taylor Swain.

No solamente tiene en contra a la Junta Fiscal y a al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, tiene al padre de PROMESA Rob Bishop pidiendo presentar un amicus curiae en el caso de Título III para exponer las razones para los cuales se aprobó la ley PROMESA y se estableció una Junta Fiscal : restablecer la responsabilidad fiscal y su acceso a los mercados de capital. Rob Bishop quiere saber por qué los bonistas aún no están cobrando su dinero.

La hora de la confrontación ha llegado para el gobernador. Tiene que definir si está del lado del pueblo que lo eligió o claudica ante una Junta de Supervisión Fiscal impuesta y no electa.