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La demanda de Rosselló contra la junta

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alt(San Juan, 4:00 p.m.) El gobernador Ricardo Rosselló Nevares radicó en el caso de Título III del Commonwealth of Puerto Rico una demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal (Procedimiento Adversativo-18-0080). El objetivo es que la juez Laura Taylor Swain emita una Sentencia Declaratoria que delimite los poderes de la JSF en cuanto a su intromisión en las decisiones de política pública del gobierno de Puerto Rico y emita un interdicto que limite a los miembros de la Junta en inmiscuirse en los asuntos de política pública mediante la implementación de los presupuestos y planes fiscales.

Este asunto se relaciona con la sección 205 de la Ley PROMESA sobre la responsabilidad de la JSF en las recomendaciones que puede emitir en cuanto a la política pública para la mejor administración de los asuntos financieros y agencias públicas. El gobernador y la Legislatura pueden adoptar o rechazar las recomendaciones que sugiere la JSF bajo esa misma sección.

La juez Taylor podría utilizar para resolver este asunto la sección 303 en el que se establece que “ este título no limitará o actuará para menoscabar el poder que tiene un territorio cubierto por la ley de controlar, por legislación o por otro medio, su territorio o cualquier instrumentalidad territorial del mismo, en el ejercicio de los poderes políticos o gubernamentales del territorio o de la instrumentalidad territorial, incluyendo los gastos incurridos en dicho ejercicio. ”El gobierno de Puerto Rico mantiene su poder para establecer las decisiones de política pública y administración gubernamental otorgadas mediante el voto electoral.

Con esta demanda que el gobernador Roselló Nevares rompe su “relación cordial” con la JSF intenta por primera vez confrontar las decisiones tomadas por la JSF en cuanto a establecer política pública a través de la imposición de un presupuesto fiscal por encima del aprobado por la Legislatura y firmado por el gobernador. Limitando los poderes que establecen la Constitución de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este procedimiento judicial sobrepasa los trámites a seguir bajo la sección 205 cuando no se aceptan las recomendaciones de la JSF.

Aunque la controversia está limitada al asunto de política pública y el gobierno dio un paso al frente en representación del pueblo que lo eligió frente a las decisiones arbitrarias de una JSF no electa, la demanda no cuestiona la inconstitucionalidad de la Ley PROMESA y de la propia JSF como han presentado otras organizaciones sindicales. Un paso que esperamos ver en las próximas luchas jurídicas que surjan a través de los Títulos III ya radicados entre el gobierno y la Junta Fiscal , y en los Títulos III que se puedan radicar por parte de otras instrumentalidades públicas definidas por PROMESA.