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Después de las protestas, ¿tendremos un proyecto de país?

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Image result for marcha puerto rico contra ricardo rossello(San Juan, 2:00 p.m.) La cuestión ahora es cómo fuerzas políticas de las clases populares pueden tomar el gobierno en 2020.

No debería el torrente de pueblo que se manifestó en el verano reducirse a un cambio de gobierno, una burocracia nueva que meramente obedezca las leyes y administre bien los fondos federales. La gente exige más.

Procede pensar en un cambio de país, y en organizar un frente unitario electoral que canalice y potencie la indignación y el deseo de cambio que las enormes protestas expresaron, y represente las clases mayoritarias, la juventud y las mujeres: un bloque de alianzas a base de un programa mínimo con que todos los participantes estén de acuerdo, e incluya todos los sectores oprimidos.

Después de que manifestaciones de protesta de 400 y 500 mil personas expulsaron a un gobernador —Ricky Rosselló— y de precarios intentos de sucesión que siguen alimentando la crisis de legitimidad del gobierno, es previsible que continuarán las movilizaciones y los estallidos de tensión social.

Transformado de pronto en protagonista, "el pueblo" difícilmente dejará ahora de buscar su propia voz. Debe descubrir qué quiere. Se liberó de su autorrepresión con fuerza espontánea, a la vez con ira y con risa. Los políticos y burócratas que en adelante den la cara por los viejos discursos parecerán personajes pasajeros de una película mediocre, piezas de recambio de una vieja maquinaria que sólo disimula el poder federal. No sabemos si del PNP habrá alguno sin esqueletos en el closet.

No es una agitación por la falta de legitimidad solamente de los funcionarios que representan el gobierno, sino del gobierno en su conjunto, sea porque no cumple sus propias leyes, sea porque muchas de esas leyes carecen de legitimidad. Más aún, hay una negativa a seguir admitiendo el estancamiento socioeconómico del cual el gobierno es parte.

Las extraordinarias protestas de julio de 2019 fueron una convulsión de la cultura política de Puerto Rico y su relación con las clases populares y los jóvenes. Crece el deseo de construcción de país y de una institucionalidad efectiva, no ficticia, y de que el poder político se socialice y democratice.

Causa importante de la rebelión es un sistema electoral diseñado para repetir eternamente el monopolio de los grupos más poderosos, conservadores y fieles al imperialismo y su dominio financiero, y bloquear siempre el acceso de las clases subordinadas —y de su diversidad— a la legislatura.

Toda crisis tiene alguna salida. Ésta podría, por primera vez, fortalecer el poder político de las clases populares en lugar del poder financiero y de las claques colonialistas.

Un frente electoral:

Atrás debe quedar la tradición de que el gobierno es una especie de corral donde se da de comer a vacas y caballos, pasivos frente a quien los administra. El pueblo debe empezar a componerse de ciudadanos, en vez de súbditos. Hay condiciones en Puerto Rico para lograr que el gobierno tenga un nuevo contenido y sea vehículo y propulsor de la energía y el intelecto de la sociedad.

La situación exige un frente electoral que proponga reformas profundas, y triunfe en 2020. Uno de sus objetivos debe ser una nueva ley electoral que establezca la equidad de todos los grupos que participen en comicios, composición verdaderamente representativa y democrática de la legislatura, y una disposición para revocar de su cargo a funcionarios corruptos o ineptos. Otro objetivo debe ser enfrentar la deuda con realismo.

Sería un amplio espacio político que forme dirigentes —no simplemente burócratas— y convierta el gobierno en lugar de participación ciudadana y libre discusión, donde el individuo se vincule al colectivo.

Un frente electoral puede triunfar si agrupa al Partido Popular Democrático (PPD), el Movimiento de Victoria Ciudadana, el Partido Independentista y la gran masa de grupos sindicales, estudiantiles, profesionales, empresariales, comunitarios, anticoloniales, democráticos, contra la opresión de la mujer, por la libertad sexual, cristianos de las diversas denominaciones, y de afirmación cultural que habitan el país. Atraería ricos y pobres, irrespectivamente de preferencias sobre el llamado status de Puerto Rico.

La alianza existiría por virtud de un programa mínimo que surja de deliberaciones a través del país. Será una experiencia de unidad mediante acuerdos sobre ideas, metas y candidaturas, para unir la masa más grande de individuos y agrupaciones que sea posible. Su liderato debería tener solvencia intelectual y moral y cacumen político, y ser colectivo.

Seguramente habría en su interior luchas de intereses y de ideas, sobre todo una vez gane las elecciones, y más aún si grupos conservadores —especialmente del PPD— tratasen de invalidar los acuerdos que hicieron posible la victoria. Pero debe sobrevivir y fortalecerse. "La política es el arte de unir fuerzas."

La persona con más posibilidades de ganar la gobernación debería ocupar su candidatura a la gobernación. Recuérdese que el Partido Nuevo Progresista (PNP) goza de factores a su favor: poder del aparato de gobierno hasta fines de 2020, dinero de grupos ricos, vieja cultura conservadora en el país, una masa que le es fiel, organización electoral, acceso a medios de publicidad y desinformación, disposición a demagogia y amoralidad que emanan de su carácter antinacional, y otros.

Tomar la legislatura es esencial. Muchos políticos del PNP que aspirarían a la legislatura tienen maquinarias electorales establecidas hace años. El PPD es la agrupación que principalmente puede hacerles competencia en este terreno.

El frente es viable, si se aprecia el significado extraordinario de las movilizaciones de 2019. La fuerza del PNP nace de la debilidad de las otras corrientes. Pero podrá ser aplastado, incluso durante largos años por venir, si emerge una nueva correlación en la cultura política puertorriqueña.

Transformar el PPD:

El PNP ha recibido el golpe más contundente de su historia: la expulsión bochornosa de su líder y gobernador a causa de protestas enormes. Sus intentos de recomponerse exhiben desorientación y aturdimiento.

El PNP y el PPD tienen ataduras con la Junta de Control Fiscal, cuando menos porque hacen su política dentro del ámbito determinado por el Congreso norteamericano. Dicho de otro modo, la única forma de oponerse efectivamente a la Junta es negarse a pagar la deuda.

En tanto partidos del capital, ambos vienen reduciéndose a símbolos, pretextos para negocios, correas de transmisión entre la población y el control político, un management a cargo de que todo esté listo para las operaciones del capital yanqui y transnacional. La función que cumplen sugiere que en Puerto Rico hay capitalistas puertorriqueños pero difícilmente hay clase capitalista, pues el capital estadounidense la ha pulverizado.

Son innegables la buena fe y el compromiso con el servicio público de numerosos alcaldes y políticos de esos partidos, pero sus frustraciones son recurrentes, a pesar de su lucha diaria, pues están limitados por las estructuras dominantes.

Desde sus comienzos el PPD ha estado al servicio del militarismo, la política exterior y el capital de Estados Unidos, y de grupos ricos criollos. Pero su narrativa prometía, además, justicia social. Así movilizó grandes masas trabajadoras, y las sigue movilizando, aunque la promesa permanece incumplida.

Por su parte, el PNP ha sido hegemónico durante casi medio siglo, periodo de ascenso del neoliberalismo y una mayor emigración e integración entre los puertorriqueños y la sociedad estadounidense.

Luce que, como ocurrió al PPD, el PNP se quedará pronto sin discurso ideológico y con escasa capacidad de ejercer hegemonía. Si es así, difícilmente la crisis se resolvería en dirección estadista.

Ahora bien, mientras el PNP aumenta su descrédito y simboliza robo y fraude al erario, el Partido Popular parece haber perdido agresividad como partido del capital, mientras sectores suyos vienen hace años insistiendo en que enfrente la injusticia social y el colonialismo.

El PPD fue reduciéndose a una especie de ayudante, subordinado e imitador de su hermano mayor —el PNP— a pesar de las disputas folklóricas entre ambos, y gracias a ellas. Alejado de las principales esferas de poder y huérfano de discurso, el Partido Popular se ha debilitado hasta parecer cadáver.

Pero no ha muerto. Después de las manifestaciones de julio de 2019 existe la posibilidad de que resurja vigoroso, pero sólo si su sector identificado con la justicia social, correspondiente a las clases populares, se hace cargo del partido. Su ala conservadora, correspondiente al capital y usualmente dirigente, está extenuada.

La movilización popular puede alterar la correlación político-cultural de fuerzas del PPD y rejuvenecer la formación. Podría hacer suyo, así, un recurso electoral organizado a través de la Isla en que grandes sectores han puesto sus esperanzas tradicionalmente, que es también un amplio medio de comunicación social.

Obligación perversa:

La deuda es el terreno objetivo en que se produjeron los escándalos de Ricky. Los dineros prestados y federales guardan estrecha relación con la corrupción, pues el gobierno se mantiene recibiendo abundantes fondos, los cuales generalmente dirige a gastos en vez de proyectos productivos de desarrollo y largo plazo. Aumenta entonces la disponibilidad del tesoro a contratos y prácticas que favorecen legal e ilegalmente intereses privados.

Un frente amplio electoral debe transformar la conciencia —con medios de información, educación, diálogo, movilización, desafío— para que el país enfrente una cuestión crucial: la necesidad de impugnar la supuesta responsabilidad de pago que se atribuye a los puertorriqueños, y advertir que, en todo caso, Estados Unidos debe pagar la mayor parte de la deuda.

Puerto Rico puede estar dispuesto a pagar una parte, pero sólo en términos justos, que correspondan a la verdad del proceso histórico que ocurrió para que se produjera la monumental deuda. Esta advertencia deberá ser real y firme, y refrendada con la voluntad de no pagar nada mientras Puerto Rico y Estados Unidos no lleguen a un acuerdo.

Esta postura tendría sentido sólo si el gobierno goza de apoyo popular masivo y activo. Claro está, antes de poder enfrentar la deuda, el movimiento del pueblo tiene primero que hacerse gobierno.

La posibilidad de que el gobierno conduzca algún progreso social está aprisionada por la deuda, la cual es, a su vez, parte de la dictadura del colonialismo norteamericano en la Isla. Puerto Rico tiene que ser vertical en su voluntad de desafiar la irresponsable lógica oficial norteamericana, de forzarlo a pagar y de paso hacerlo económicamente impedido, pues con tal obligación nunca podrá empezar un desarrollo social propio.

La deuda es ilegítima. La impuso un sistema de violencia que ha destruido la economía de Puerto Rico. Estados Unidos moldeó la economía de Puerto Rico de forma tal que lo indujo y empujó a endeudarse progresivamente, con instituciones financieras estadounidenses además.

La deuda de Puerto Rico está lejos de ser un fenómeno único en el mundo, si bien la peculiar debilidad económica de la Isla tiende a que aumenten tanto el endeudamiento como la incapacidad de pago. Resultó de la irresponsabilidad de los gobiernos de Puerto Rico durante sucesivas generaciones. Pero esta irresponsabilidad fue propiciada y promovida durante todo ese tiempo por el sistema financiero y el gobierno norteamericanos.

Puede resumirse así: el país poderoso invade al país débil y le impone sus leyes. Los bancos e instituciones financieras del país poderoso financian inversiones privadas y operaciones del gobierno invasor (fábricas, plantaciones, sistemas de electricidad, agua, comunicaciones, infraestructura). La economía de la colonia entonces crece: se expanden actividades comerciales, bancarias y productivas locales, así como el gobierno local. Este crecimiento reclama más financiamiento de bancos e instituciones del país poderoso. La específica relación del país colonial con los mercados financieros se hace orgánica y se transforma en dependencia. La banca del país poderoso invita continuamente al gobierno colonial a que suponga razonable y deseable seguir tomando dinero prestado, para ampliar o mantener sus operaciones. El gobierno del país poderoso estimula el endeudamiento, al darlo por sentado como normal y positivo.

La actividad económica privada del país débil se ha hecho posible gracias al continuo flujo de capital privado del país poderoso. Esta dependencia debilita progresivamente el capital privado local de la colonia y propicia el monopolio del capital del país poderoso, lo cual llevará al estancamiento económico y a que el gobierno del país débil pida prestado más que antes, hasta que quiebre. Mientras tanto el poderoso se ha hecho más rico y potente.

Manipulación crediticia:

Aquí "modernización" significa que el dinero en su forma de crédito inunda la sociedad colonial. Las deudas del gobierno y de personas y empresas privadas se hacen cada vez más necesarias para reproducir una cierta forma de vivir, que la publicidad y los ofrecimientos comerciales y bancarios promueven.

El gobierno —incluyendo corporaciones públicas, universidad— y los individuos siguen tomando prestado, para hacerse competitivos en el mercado o meramente sobrevivir, por encima de su capacidad de pago. Pero la productividad colonial ha sido gravemente lesionada. Los ahorros del país débil serán absorbidos por la deuda, en lugar de servicios, pensiones, salud, educación.

Una fauna de mediadores, agentes y empresarios se lucra de los negocios que surgen de estos flujos de dinero e inversiones, tanto en el país sometido como en el poderoso; y funcionarios coloniales pueden aumentar la deuda innecesariamente por motivaciones demagógico-electorales, ineptitud o corrupción.

No puede separarse la experiencia de Puerto Rico del sistema imperialista global. En esta "globalización" el capital monetario tiene cada vez más poder. Es un régimen fundado en el endeudamiento y la subordinación de los países a unos pocos centros capitalistas. Promueve la irresponsabilidad de los gobiernos en tanto fomenta su endeudamiento.

La deuda —y los intereses usureros— constituye una forma de vivir de los países, a la cual a veces se alude con la metáfora "burbuja", o sea una expansión artificial o infundada, que podría desaparecer en cualquier momento o en una de las crisis periódicas de la economía capitalista.

Desde luego, si el pueblo paga una deuda colosal y larga se autoinflige daño severo, aumenta su propia miseria, atrasa su desarrollo, y agrede a jóvenes, viejos y otros más vulnerables. Destruye buena parte de lo que conocemos como sociedad.

Proponer un desarrollo económico auténtico requeriría admitir que los recursos del país son limitados. El país debe aún crear sus propios medios de producción económica y política. Por tanto tiene que organizarse mejor, proteger más la condición humana, producir más, descansar más, ahorrar más, cuidar más los recursos naturales y sociales, despilfarrar menos, y balancear saludablemente el crédito con el crecimiento y éste con el bien social.

Para negarse a pagar la deuda según ésta se ha definido, el gobierno de Puerto Rico dependería de la conciencia y solidaridad populares. Asimismo tendría que empezar a relacionarse económica y culturalmente con otros países y con la amplia diversidad de fuentes de inversión y financiamiento que hay en el mundo. Así podría estimular empresas privadas, del estado y cooperativas; joint ventures público-privadas; de capital local junto a capital extranjero, etc.

Contradicciones boricuas:

Parte de la fuerza de las protestas contra Rosselló estuvo en sus propios límites: su carácter cívico, relativamente pacífico, enardecido y emocional pero dentro del marco legal. Grandes masas creen, con razón, que el país puede mejorar en aspectos importantes su sociedad y gobierno dentro de los límites que han establecido el colonialismo y las tradiciones criollas de gobierno. Las protestas mostraron también la disposición a expandir estos límites.

Muchos participantes de las protestas estaban indignados por los escándalos porque violentaban los valores isleños —que desde la década de 1950 han conformado una densa retórica— de institucionalidad, ley, democracia, constitución, separación de poderes, etc.

Otros suponían falsa tal institucionalidad. Los escándalos de robo de fondos para salud y recuperación post-huracán y del chat del grupo íntimo de ejecutivos burlescos de Ricky habrían sido extremos de la ilegitimidad de fondo de un sistema de gobierno al servicio de grandes intereses y del imperialismo norteamericano, administrado una y otra vez por gerentes incompetentes e indiferentes.

Ambas visiones pueden coincidir en la necesidad de crear nuevas instituciones y expandir las existentes en sentido democrático, o sea a favor de la soberanía popular. En qué medida esta última reclame soberanía nacional dependerá de su propia fuerza y evolución ideológica.

Lo cierto es que en las últimas tres o cuatro décadas avanzó una legitimización del statu quo local. Por ejemplo, no se ve en la conversación pública actual un punto de vista que fue vigoroso durante el siglo XX, hasta los años 70, que negaba toda legitimidad e institucionalidad verdadera al régimen colonial, y se remitía imaginariamente a un orden legítimo que sólo podría existir tras la independencia, o incluso la revolución popular y socialista.

Aunque las autoridades estadounidenses sentenciaran en 2016 que el Estado Libre Asociado (ELA) carece de soberanía y la Isla está plenamente subordinada a Washington, la vida concreta y diaria de la gente en Puerto Rico está inevitablemente determinada por las estructuras existentes. (Algunas de éstas fueron fruto de luchas obreras y nacionalistas).

Podríamos llamar instituciones a las estructuras experimentadas en la vida boricua, aunque no han nacido principalmente de las relaciones sociales propias y la evolución de Puerto Rico, pues en una medida decisiva han sido trasladadas de Estados Unidos y "traducidas" a las formas de vivir de la Isla y al español.

En este sentido, las complicadas polémicas "constitucionalistas" y legales que se desataron a raíz de la crisis de sucesión de Ricky parecieron una imitación de países cuyos estados nacionales gozan de una institucionalidad generalmente aceptada como legítima, por propios y ajenos, pues la misma es particular y específica, o sea nacional; ha surgido de la soberanía —cuando menos formal— y de la evolución de la propia sociedad, y resulta crucial para la vida material.

La suposición de que el régimen político de Puerto Rico posee orden institucional legítimo es difundida por grupos intelectuales abogadiles y educados en la cultura colonial (cuyos sueldos emanan de su lealtad a la normalidad) y por medios de comunicación y espectáculos para los que dichos grupos son puntos de referencia. Sin embargo el gobierno repite desde hace un siglo un desorden caricaturesco, como se vio por ejemplo en 2019.

Por otro lado, a pesar de su usual "revolú", la institucionalidad relativa puertorriqueña es el marco concreto e histórico en que la gente vive aquí, y esto le confiere un grado irrefutable de realidad y legitimidad a los poderes y agencias de gobierno, al derecho criollo, y a las labores cotidianas de intelectuales y administradores puertorriqueños.

Esta institucionalidad relativa de Puerto Rico, que el ELA proclamaba, se ha consolidado a pesar de la dependencia e integración a Estados Unidos y gracias a ellas. La constitución de 1952 se invoca para justificar el poder de facciones colonialistas y también para reclamar derechos y puertorriqueñidad.

En cierta óptica se ha producido una incorporación definitiva, final y feliz de Puerto Rico a la vida y la lógica oficial estadounidenses, en que el "orden constitucional" de la Isla simula los cincuenta estados, si bien la integración puertorriqueña parece más íntima, pues dichos estados teóricamente tienen soberanía. El PNP representaría esta fusión social e ideológica orgánica con Estados Unidos. A la vez, curiosamente, el "orden constitucional" criollo sirve para marcar la distancia entre ambos países.

En todo caso Puerto Rico está férreamente controlado, vigilado y sometido.

Dimensión global:

Con el siglo XXI se ha hecho común la percepción de que resulta imposible salirse del sistema global, donde el crédito y el poder financiero llevan la hegemonía; Estados Unidos cumple la función de policía y amenaza los países con un guerrerismo nunca antes experimentado por la humanidad.

Se ha instalado una sensación mediática de que la historia finalizó, y la humanidad vivirá para siempre bajo el régimen capitalista, y sólo dentro de su derecho y mercado podrá tratar de resolver sus problemas. Supuestamente debemos acostumbrarnos a la pobreza, destrucción ecológica, inseguridad, desigualdad, violencia.

El capitalismo actual aprovecha la red financiera y revoluciones culturales recientes que expandieron sexualidad, educación y tecnología. Agranda el mundo individual mientras achica el social y público. Cuenta con la gran transformación de internet e imparte hegemonía a la actividad mediática y digital.

El poder financiero y de las transnacionales es tanto que incluso países inspirados en conceptos socialistas deben ceder amplio espacio al enriquecimiento privado —el menos por una fase— para poder construir sus proyectos, ahorrar, estimular empresas cooperativas y estatales y acceder a mercados financieros.

Movimientos de las clases populares en muchos países, pues, luchan ahora para hacerse gobierno y así dar curso a estrategias graduales de independencia económica respecto al sistema mundial.

Es grande el reto de Puerto Rico, uno de los países del planeta donde la sociedad tiene menos poder económico y político, aunque su retórica dominante insista en que es "democrático", confundiendo democracia con elecciones.

Parece probable que más países se dispondrán a crear formas de vivir fundadas en el interés social. La resistencia al poder financiero-colonial afina su sentido con el concepto de que la sociedad algún día podría ser libre de los yugos que hoy la deprimen.