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el Post Jurídico

Condolencias al Lcdo. Fermín Arraiza Navas y a la familia Ortiz Pagán

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Carta del Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico

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¿Violan derechos humanos en la Corte Federal de Puerto Rico? el caso de Joel Rivera Alejandro y otros

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(San Juan, 1:00 p.m.) Joel Rivera Alejandro es el líder de una ganga de delincuentes dedicados al narcotráfico. La ganga, según se alegó, era una empresa familiar. Dos hermanos, dos cuñadas, su madre y su sobrino, entre otros familiares, pertenecían a dicha ganga. Más aún, Rivera Alejandro tenía expediente criminal, y en el 2003 fue acusado en la Corte del Distrito Federal de Puerto Rico, por asesinato, lo cual lo expuso a la pena de muerte. Salió absuelto. En el 2009, volvió a ser acusado, junto a sus familiares por llevar a cabo una empresa delictiva, en la cual controlaban el parque deportivo de su comunidad en Trujillo Alto.

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Primer Circuito de Boston revoca convicción de Pablo Casellas Toro

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En el día de ayer el Primer Circuito de Boston revocó la sentencia contra Pablo Casellas Toro y devolvió para que se lleven a cabo los procedimientos en acorde con la opinión incluyendo un nuevo juicio. Señala que la corte de distrito abusó su discreción al denegar la solicitud de Casellas Toro de mover el juicio fuera de Puerto Rico.

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Botines de Guerra: Rosa Emilia Rodríguez, Carlos Cases y los federales en Puerto Rico

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Botín de guerra. Es la frase que utilizó el director del FBI, Carlos Cases, para describir el lucro derivado por Anaudi Hernández Pérez y compañía como parte de un alegado esquema de corrupción en el Gobierno. En tiempo de antes, el botín de guerra era una práctica aceptada y consistía de la división entre los vencedores de los hombres, las mujeres, los niños, y bienes movibles tomados del enemigo por el ejército conquistador y repartido entre sus líderes y combatientes. El botín de guerra, no obstante, no es del todo ilegal. Aun en la democracia, donde la lucha entre poderes ha sido domesticada por un proceso democrático por vía electoral, el botín de guerra en varios aspectos goza de legalidad. Quare, como se dice en el argot jurídico para establecer la duda, si el caso de Hernández es uno de esos casos.

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