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el Post Jurídico

4/20: La ilegalidad como excusa

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La legalidad o no de las sustancias controladas o drogas no se funda en una valoración moral susceptible a un escrutinio racional. Por lo general, el control del Estado es solo una extensión del interés de los grupos tradicionales de poder: la iglesia, las corporaciones y el patriarcado, o, en el caso de Puerto Rico, otro estado. Este es el caso de las drogas ilícitas y de la marihuana en particular.

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Acceso a la información: las carpetas

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Ayer los rotativos del País publicaron un edicto en donde el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anuncia la radicación ante el Departamento de Estado del “Reglamento para el acceso a las carpetas y otros documentos confeccionados ilegalmente por el Estado, y transferidos al Archivo General de Puerto Rico para su custodia, preservación y divulgación”.

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Leyes de cabotaje: un bloqueo a la inversa

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La Ley Jones de 1917 aún aplica en Puerto Rico. La Ley Pública 600 solo la reordenó y rebautizó con el pomposo nombre de Ley de Relaciones Federales. Esta es la ley que guarda el germen de las leyes de cabotaje federales, esas que aún nos siguen imponiendo un transporte marítimo oneroso sobre más del 90 por ciento de toda la mercancía y bienes que se consumen en la Isla. 

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Economía solidaria y relaciones internacionales

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El grupo ProSur, que dirige el abogado y profesor de Derecho, Rolando Emmanuelli Jiménez, apuesta por una economía solidaria y de amplia participación ciudadana como clave para cambiar el rumbo socioeconómico de Puerto Rico. Además de ofrecer asesoramiento comercial, contable y legal, ProSur, una organización sin fines de lucro, busca erigirse como un “think tank” o instituto de investigación de la zona sur.

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Las nuevas APP de “menor escala”

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Flexibilizar, agilizar y crear: tres objetivos que busca la repotenciada Ley de las Alianzas Público Privadas (APP) (Ley Núm. 29 de 2009, 27 L.P.R.A. § 2601- § 2623) para aumentar su cartera de proyectos a través de propuestas de “menor escala” que se implanten más rápido y creen más empleo. La ley ahora contempla esta categoría para proyectos de servicios o infraestructura que no superen los USD $55 millones en costo de construcción.

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