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Crónica de una muerte anunciada: la reforma laboral en el Senado

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altEn el día de ayer se celebraron las vistas públicas en el senado de Puerto Rico, del P. del S. 212, para establecer la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”. El proyecto de ley es la primera pieza legislativa de gran peso que el gobernador Ricardo Rosselló somete a penas de haber culminado su primer mes de gobierno.

Dicho proyecto no es nada más que la tan ansiada reforma laboral por el sector empresarial. El propósito de la medida, según su lenguaje, es “a los fines de crear un ambiente favorable para la creación y retención de oportunidades de empleo; mayor certeza en los contratos y relaciones de empleo; permitir más flexibilidad en la contratación, retención, horarios y lugares de trabajo;” entre otros asuntos. Los rumores de la reforma laboral llevan sonando desde el cuatrienio del gobernador Luis Fortuño.

Este grupo empresarial lleva años intentando que se logre alterar los derechos desarrollados en la legislación laboral. El pasado sábado 14 de enero la cámara de representantes aprobó el P. de la C. 453 con solo dos días de vistas pública y en la cual muchas organizaciones sindicales solo fueron convocadas un día antes de la aprobación. Entonces luego anuncia la vista pública para el mismo proyecto, ahora en el senado mediante el P. del S. 212 para el próximo día laborable y aprobarla lo antes posible. ¿Por qué?

Las vistas públicas comenzaron a las 10:00am. A partir de las 11:30pm la sala ya estaba llena. Quienes no cupieran en la sala eran referidos a una sala con el audio de las vistas en vivo. Sin embargo, la transmisión no era muy consistente, a veces se entre cortaba el audio y en un momento dado el audio cesó. Mientras tanto, en el lado sur de las afueras del Capitolio se encontraban diversos grupos, organizaciones políticas y sindicales llevando a cabo una protesta en contra de la aprobación de la reforma laboral. Uno de los líderes sindicales entrevistado durante la protesta le explicaba a la prensa que la medida no brindaba un ambiente más favorable para la creación de empleos porque precisamente lo que el proyecto persigue es degradar las actuales condiciones de empleo, fomentando la emigración de puertorriqueños a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

El proceso llevado a cabo por la legislatura con respecto a esta medida ha sido parecido al proceso de la ley 7. No obstante, la ley 7 fue presentada como una ley que venía a resolver una “emergencia fiscal”, aunque finalmente los legisladores la aprobaron sin leerla. En particular, la reforma laboral ¿qué emergencia tiene? ¿Es una ley de emergencia laboral o algo así? La ciudadanía ya sabe que es una modalidad típica de los legisladores aprobar medidas fast track. Sin embargo, esta reforma laboral no es una ley de emergencia ¿por qué la necesidad de aprobarla a toda prisa?

En la misma línea, muchos grupos en oposición a la medida aciertan en cuestionar: primero, si realmente la medida puede lograr mayor creación de empleo y, segundo, porqué la solución a la creación de empleos está dirigida a restarle derechos a la clase trabajadora. Al parecer estamos ante el gobierno de la mentira. Mientras los políticos te dicen que estás creando un ambiente más favorable para la creación de empleos, aumentan el periodo probatorio de 90 días a 18 meses, reducen de 12 a 9 los días por enfermedad, reduciendo el pago de horas extras del doble del salario regular a tiempo medio y reduciendo la posibilidad de cualificar para recibir el bono de Navidad al aumentar la cantidad de acumulación de horas de 700 horas a 1,350 horas.

Más que una genuina preocupación por crear empleos es evidente que quienes se supone que representen al pueblo en la legislatura del país están trabajando para los intereses de las grandes empresas en vez de ayudar al pueblo en medio de la crisis económica. Una vez aprobada es muy difícil revertir las consecuencias. Ante un régimen de mentira, el escepticismo es nuestro escudo para luego atacar con la verdad. Es central cuestionar cómo la reforma laboral puede garantizar la creación de empleos sin ningún compromiso del sector empresarial y cuestionar cómo degradar los derechos de los trabajadores retiene la fuerza laboral en el país y evita la emigración en busca de mejores oportunidades.