Justicia Social

(Santo Domingo, 1:00 p.m.) El médico infectólogo Clemente Terrero advirtió que el incremento en la República Dominicana de los casos de dengue apunta hacia una epidemia en expansión, enfermedad que ataca más a la población infantil en la geografía nacional.

“Todos sabemos qué hace cuatro años fue la última epidemia de dengue en la República Dominicana”, dijo Terrero quien expresó preocupación por lo que está sucediendo.

Explicó que en el país, desde hace dos años, “cuando se reinició el proceso de reactivación social y económico tras la pandemia Covid-19, se están creando las condiciones para que haya una gran población de mosquitos”.

“La situación que vive en este momento la República Dominicana con relación al dengue es grave y compleja”, indicó Terrero, al tiempo que sostuvo que desde hace dos semanas es cuando ha iniciado el incremento de casos, pero los efectos de esa enfermedad se pueden prolongar por meses y el panorama actual podría agravarse en los próximos días o semanas.        

Sostuvo que, a pesar de que hay que esperar las cifras oficiales para saber la cantidad de hechos, “actualmente la saturación que se observa en los hospitales pediátricos, como el materno infantil de Los Mina, el Robert Reid Cabral y el Hugo Mendoza en el municipio Santo Domingo y el Distrito Nacional, así como los centros de salud de otras provincias y los del sector privado son un indicador de que ha subido la incidencia, que hasta a mitad de este año se mantenía igual que el pasado año”.

Citó las provincias Santiago, Barahona y Santo Domingo como en las que más incrementos se perciben de esa patología.

Las estadísticas gubernamentales actualizadas  detallan que este año han ocurrido 5,145 casos probables de dengue, en comparación con 4,716 registrados en el 2022, en el mismo período.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó la semana pasada que el virus ha causado al menos 4 muertes en lo que va de año y se investigan otras 27. Indicó que las demarcaciones en las que se ha detectado mayor frecuencia son Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Barahona, San Cristóbal y Montecristi.

El dengue es un virus que es transmitido por la picadura de las hembras de la especie de mosquitos Aedes Aegypti. Es un fenómeno sanitario similar a la gripe que afecta a la pequeña infancia, niños, personas jóvenes y adultas.

Los síntomas son: Fiebre elevada (40º C), dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos, agrandamiento de los ganglios linfáticos y salpullido.

Debido a la crítica eventualidad, el Colegio Médico Dominicano (CMD) suspendió los paros de labores a nivel nacional en hospitales públicos y privados que había convocado para el jueves y viernes de esta semana junto a representantes de las Sociedades Médicas.

El presidente de esa entidad, doctor Senén Caba, dijo que se mantendrán en sesión permanente para decidir las acciones a tomar en lo adelante en razón de que “nos encontramos en una situación sanitaria que amenaza con castigar a este sufrido pueblo.          

(San Juan, 11:00 a.m.)  El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó la Orden Ejecutiva 2023-023 para ordenar la creación de un Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia en Puerto Rico.

(San Juan, 10:00 a.m.) Llega el primer lunes de septiembre y muchos trabajadores se alegran, ya quetienen el fin de semana largo. La pregunta es las personas sabemos lo que conmemoramos y a quién le dedicamos el feriado.

La respuesta a nuestra pregunta es conmemoramos el Día del trabajo y se lo dedicamos a Santiago Iglesias Pantin. Otra pregunta es y desde cuando se le designó a Santiago Iglesias Pantin este día. La Ley Núm. 40 de 17 de abril de 1940 decreta día feriado el primer lunes de septiembre de 1940 y de cada año subsiguiente; para designar ese día como Día de Santiago Iglesias Pantín y para otros fines.

Ahora la pregunta es quién fue Santiago Iglesias Pantin.Este fue un político, líder de los trabajadores y organizador del primer partido socialista de Puerto Rico. Santiago Iglesias Pantín estudió en España en una escuela pública y fue aprendiz de ebanista. Su deseo de conocer mundo le llevó a embarcarse en 1887, a la edad de quince años. Llegó a La Habana (Cuba) donde participó en la organización de las actividades sindicales. En 1896 dejó Cuba al ser requerido por las autoridades españolas debido a su adhesión al movimiento revolucionario cubano.

Iglesias se embarcó de nuevo para viajar a Inglaterra; sin embargo, desembarcó en Puerto Rico. En mayo de 1897 fundó Ensayo Obrero, un periódico partidario de la sindicalización de los trabajadores puertorriqueños. El periódico Ensayo Obrero fue el primer medio escrito con sentido proletario. Su contenido iba dirigido a destacar los logros y luchas de los trabajadores y se destaca por reconocer la historia de los Mártires de Chicago, difundir las bases para la creación de la

Federación Regional y la de un partido obrero. Como parte del acuerdo que Archivo Digital Nacional Puerto Rico(ADNPR) firmo recientemente con la Fundación Luis Muñoz Marín y gracias a la colaboración de Julio Quiros hicieron disponible 37 ediciones de dicho periódico para la consulta de los interesados. https://adnpr.net/periodico-ensayo-obrero/

Iglesias fue encarcelado por el recién instituido régimen autonomista. Después de pasar siete años en prisión, Iglesias, junto a otros prisioneros políticos, fueexcarcelado a petición del Gobierno de Estados Unidos tras la ocupación de la isla por parte de las fuerzas norteamericana.

El Profesor Mario Roche apunta las aportaciones de Santiago Iglesias Pantin, Aportaciones de Iglesias al desarrollo del movimiento obrero puertorriqueño. Hubovarios factores que propiciaron las aportaciones de Iglesias al naciente obrerismo puertorriqueño. Primero, su aguda inteligencia, su arrojo, su valentía y posiblemente hasta su pragmatismo. También, sus ideas anarco-sindicalistas a las que estuvo expuesto durante su juventud. Podría especularse, que también contribuyó su experiencia de lucha sindical y quizás política adquirida durante sus años en Cuba.

En el programa del Partido Socialista en 1919 ya se defendían varios aspectos que todavía hoy seguimos batallado tales como:

(San Juan, 9:00 a.m.) La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) se une a las expresiones de solidaridad hacia los compañeros reporteros y fotoperiodistas que, en cumplimiento con sus labores, fueron testigos del tiroteo desatado el martes en el Tribunal de Primera Instancia en Caguas.

El incidente violento, que resultó en la muerte de dos personas —una mujer y un hombre que eran hermanos—, ocurrió mientras miembros de los noticiarios locales cubrían unos procesos en el tribunal.

Los reporteros Orlando Rivera (NotiCentro, Wapa-TV), Glorinel Soto (Telenoticias, Telemundo), Kelvin Meléndez (Las Noticias, TeleOnce) junto con sus respectivos compañeros fotoperiodistas, Tito Andino, Neftalí Rosa y Samuel Vélez, tuvieron sus vidas comprometidas al encontrarse haciendo sus transmisiones a poca distancia de donde sucedió el doble asesinato.

(San Juan, 9:00 a.m.) El gobierno dominicano cerró este miércoles el paso de la frontera por Dajabón (región noreste del país), que limita con Haití, luego de la persistencia de trabajadores haitianos en continuar la construcción del canal para el desvió hacia su territorio de las aguas del río Masacre que cruza entre las dos naciones.

La orden fue dada por el presidente de la República, Luis Abinader, quien precisó que la medida responde a dos propósitos fundamentales y que la apertura eventual dependerá de los resultados que se logren.

“La frontera se cerró por dos objetivos fundamentales y esos objetivos están en proceso de cumplirse y vamos a evaluar al final del día si podemos abrirla de nuevo”, indicó, al advertir que lo más importante es que tienen que cumplirse los tratados internacionales sobre el manejo de las aguas fronterizas.

Señaló que el segundo propósito es capturar a los haitianos todavía prófugos, acusados de participar en la muerte de cuatro personas de una familia en la comunidad de Aminilla, en Dajabón, demarcación que está ubicada a 305 kilómetros (189 millas) desde Santo Domingo.

Los fallecidos son el hacendado Ramón Eugenio Medina (Papito), de 60 años, su esposa Carmelina Antonio Cabreja Ramos, de 49 años y un hijo del matrimonio, Daniel Medina Cabreja, de 19. Otro resultó herido y es atendido en un hospital.

Abinader afirmó que su intención “es dar un mensaje, como lo estamos dando, de que van a tener resultados drásticos los que incurran en ese tipo hechos”.

SELLARON EL PASO

Después de implementarse la ordenanza ejecutiva, que fue ejecutada por el Cuerpo de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), el vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, informó que ciudadanos haitianos están sellando el paso del agua desde el río Masacre, cumpliendo la exigencia expresada por el Gobierno dominicano.

Agregó que la gestión del jefe de Estado ha reforzado su política de control fronterizo para garantizar la seguridad y la integridad de sus ciudadanos, en línea con las medidas de seguridad nacional.

Figueroa, además, destacó la importancia de mantener un diálogo y una colaboración pacífica entre las naciones vecinas, y reafirma el compromiso del Gobierno dominicano “de abordar las preocupaciones fronterizas de manera privativa, constructiva y en beneficio del interés nacional”.

(San Juan, 10:00 a.m.) El ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, viajó a Cuba para participar en la XII Ronda de Conversaciones sobre Temas Migratorios entre esa nación y la República Dominicana, que se efectuará mañana, martes, en La Habana.

La delegación nacional estará encabezada por Opinio Díaz, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, mientras que la parte cubana estará presidida por el vicetitular de la Cancillería, Elio Rodríguez Perdomo.

El intercambio permitirá analizar el estado del flujo migratorio entre ambos países, se informó en un comunicado de prensa oficial.

Las representaciones evaluarán la realización de acciones conjuntas encaminadas a desestimular los actos ilícitos asociados a la migración irregular y garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y seguro.

(San Juan, 11:00 a.m.) “El doble asesinato en el Tribunal de Caguas confronta al sistema de justicia en Puerto Rico con una realidad que no se puede ignorar más”, manifestó Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.

La letrada expuso que la responsabilidad del sistema en el manejo de casos conflictivos va más allá de las puertas de sus oficinas, sus acciones y omisiones tienen consecuencias.

“Los asesinatos de Ángel Calderón Pérez y Rosa Judith Calderón Pérez nos obligan a reflexionar sobre la vulnerabilidad de quienes acuden a buscar remedios legales en un país donde no hay control de armas ni sistemas de seguridad sensibles a las realidades que vivimos”, agregó.

Según Proyecto Matria, es importante resaltar dos datos del incidente:

· Las partes se encontraban en un trámite e investigación por la violación de una orden de acecho que fue violentada por la esposa del asesino.

· El evento ocurrió en la entrada del Tribunal, a pasos de la sala de investigaciones.

“Resaltamos esto porque, aunque el tiroteo no ocurrió dentro del edificio del tribunal, ocurrió en sus predios. Ni la Administración de Tribunales ni el Departamento de Justicia pueden distanciarse de este evento tan doloroso. Las partes involucradas estaban allí porque fueron citadas y los funcionarios de ambas agencias debían estar listos para prevenir incidentes entre ellas”, expresó José Galarza Flores, coordinador de Servicio Directo de Proyecto Matria.

Destacó que “por décadas, las organizaciones que manejan órdenes de protección y de acecho han reiterado la importancia de evaluar el nivel de letalidad de los casos que se ven en los tribunales y también han hecho recomendaciones para garantizar la seguridad de las víctimas”.

“No basta con tener un control de armas en la entrada de los edificios, es necesario tener vigilancia en los estacionamientos y áreas comunes al aire libre”, resumió Galarza Flores.

La coordinadora de Política Pública de Matria, Enid Pérez Rodríguez, dijo que a pesar de que este caso está relacionado en su origen con una controversia sobre una propiedad, los medios han informado de la existencia de un conflicto que fue escalando al punto de que se emitió una orden de acecho que fue violentada.

“En los casos de violencia de género los trámites judiciales también generan situaciones de vulnerabilidad para las víctimas y sus acompañantes. Lo vemos a diario. El personal del Departamento de Justicia y el de los Tribunales debe prepararse para identificar las banderas rojas de letalidad y tener la capacidad de generar planes de seguridad que cubran todo el perímetro del tribunal o la fiscalía. Si no lo hacen, están poniendo a las víctimas en bandeja de plata para que una parte agresora pueda planificar y ejecutar un asesinato”, agregó.

Pérez Rodríguez añadió que es importante evitar subestimar la complejidad de los casos y entender que aunque se manejan en un contexto legal, existen factores sociales que también hay que manejar.

La organización recomienda medidas como las siguientes:

· Evaluar el nivel de riesgo de cada caso teniendo en cuenta eventos previos, la actitud de las partes frente a las órdenes del Tribunal, el posible acceso a armas de fuego, la presencia de amenazas y el tiempo de desarrollo del conflicto, entre otros. Esta evaluación no sólo le corresponde a la Policía, sino al Departamento de Justicia e incluso a jueces que intervengan en el caso. En casos civiles, la representación legal de las partes debería estar alerta a señales como estas para informar a la agencia concernida.

(San Juan, 10:00 a.m.) El Departamento de Justicia avaló el Proyecto del Senado 1237, que propone la creación del Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico, dirigido a establecer una política pública robusta para combatir toda conducta que constituya explotación de personas con el objetivo de obtener beneficio económico.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, endosó el proyecto de la senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, mediante un memorial explicativo presentado a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia de la Cámara Alta, en el cual recomendó que el observatorio propuesto fuera administrado por la Comisión de Derechos Civiles.

“El proyecto nos parece un esfuerzo encomiable enfocado en atender un asunto de suma importancia que afecta los derechos humanos de los ciudadanos, particularmente de las mujeres y menores a nivel mundial. Ciertamente, el Departamento de Justicia favorece cualquier iniciativa dirigida a prevenir y combatir la trata humana en Puerto Rico”, manifestó.

El secretario de Justicia añadió que “entendemos que una de las maneras más efectivas de atender la trata humana es desde la perspectiva de la violación de derechos civiles, que propenda a establecer una política pública y legislación que salvaguarde los intereses y derechos humanos de los sectores más vulnerables de la población”.

“Considerando la naturaleza de las funciones que realiza la Comisión de Derechos Civiles y los estudios ya realizados por esta organización, recomendamos que el Observatorio de Trata Humana propuesto sea adscrito a dicha Comisión. De esta manera, consideramos que la nueva política pública será atendida desde la perspectiva más adecuada y completa”, afirmó.

JUSTICIA TIENE JURISDICCIÓN

El pasado 24 de agosto, el Departamento de Justicia también informó por escrito a la comisión que existe jurisdicción estatal y federal, de manera concurrente, para procesar los casos de trata humana en la Isla. De hecho, actualmente la Fiscalía litiga un caso en el Tribunal de Primera Instancia de Guayama.

Debido a que el problema de trata humana está íntimamente vinculado al tráfico de personas entre fronteras, se incluyó en un Memorando de Entendimiento (MOU) en el cual el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública, el Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Justicia Federal acordaron el mecanismo para el referido y manejo de estos y otros casos que se procesan de forma concurrente. Conforme con este Memorando, que se ha renovado desde el año 2010, los delitos relacionados con la trata humana tipificados en el título 18 del United States Code son de jurisdicción primaria del gobierno federal.

“El Departamento de Justicia de Puerto Rico trabaja en colaboración con las autoridades federales. El MOU nos permite reforzar el procesamiento de estos delitos con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tiene un brazo más largo para procesarlos a través de las fronteras de varias jurisdicciones”, dijo.

Además, mediante esta coordinación efectiva se evita la doble exposición, según la norma actualizada bajo Pueblo v. Sánchez Valle. Es de conocimiento público que el Departamento de Justicia de Puerto Rico atiende un mayor volumen de casos, ya que el gobierno federal es de poderes limitados, por lo que la mayoría de los delitos en la Isla son procesados a nivel estatal. Contar con la colaboración de agentes y fiscales federales especializados en trata humana es de beneficio para la Isla, explicó la directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, la fiscal Laura Hernández Gutierrez, durante una vista pública para evaluar la medida.

Ante esto, se recomendó que la entidad que se encargue del Observatorio establezca un sistema de monitoreo de las publicaciones que emita el gobierno federal sobre el tema, como por ejemplo las estadísticas e informes que publica el Departamento de Justicia federal, por medio del Bureau of Justice Statistics (BJS).

En el 2021, el presidente Joe Biden publicó un Plan de Acción Nacional para Combatir la Trata de Personas.

El Departamento de Justicia también sugirió la colaboración constante de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que proveen servicios a poblaciones vulnerables y tienen contacto directo con las comunidades afectadas.

ESFUERZOS PARA COMBATIR LA TRATA HUMANA

Durante los pasados años se ha adoptado legislación en Puerto Rico para atender el problema de la trata humana, dirigida a proteger, prevenir y encausar a los tratantes. Entre ellas, se encuentra la clasificación de varias formas de trata humana como delitos bajo el Código Penal; la derogada Ley Núm. 246-2011, según enmendada, conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, que añadió la trata humana como una de las formas de maltrato de menores, así como la nueva Ley Núm. 57-2023, conocida como Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores; entre otras que se mencionan en el memorial escrito presentado por el Departamento de Justicia ante la comisión senatorial.

Tan reciente como el 8 de agosto de 2023 se aprobó la Ley Núm. 86-2023, que enmienda la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico con el propósito de autorizar a la División de Interpol del Negociado de Investigaciones Especiales a establecer alianzas (task force) con otros negociados del Departamento y con otras agencias públicas, estatales, federales e internacionales para el desarrollo de estrategias dirigidas a la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Hernández Gutierrez resaltó que la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos (Ocsvtd) del Departamento de Justicia orienta y asiste a las víctimas de delitos, que incluyen la trata humana.