El servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad, dos instituciones en crisis. La necesidad de avanzar en su democratización, en un contexto donde uno de los principales dirigentes de la oposición, Sergio Massa, hace campaña pidiendo más penas.
La realidad de las cárceles en la Argentina dista mucho de acompañar los avances que en derechos civiles se consiguieron en la década kirchnerista. La construcción de un sentido común en el cual los "ciudadanos" son atacados por asaltantes permanentemente, impide que el debate en torno a las condiciones infrahumanas que transitan los detenidos sea siquiera tenido en cuenta.
Los numerosos cambios en la dirección del Servicio Penitenciario Nacional sumó inestabilidad al control de las cárceles, lo que permitió que continuaran las prácticas que utilizan los miembros del SPN para “controlar” a la población carcelaria. Hace más de dos años que el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y miembros de la Comisión Provincial por la Memoria visitaron el complejo penitenciario del conurbano norte en José León Suarez. En esa oportunidad, denunciaron la “política expresa de control sobre la población ejercida por el servicio penitenciario que maltrata deliberadamente a los detenidos”. En una entrevista con APU, el periodista agregó: “hay un política de quebrar la voluntad de los internos por medio de enfrentamientos entre ellos, el servicio suministra armas rudimentarias a los detenidos, y coloca en el mismo pabellón, en la misma celda, personas que tienen conflictos previos, encarga a algunos detenidos que vayan a agredir a otros, y el que se niega a hacer eso es a su vez, agredido”.
Estas prácticas son una constante en las cárceles del país. Son numerosas las denuncias que se realizan, y muy poca la repercusión social y política que estos casos tienen. Tal es así que hasta se ha denunciado al Centro de Detención Judicial, que depende del SPF y que funciona en el mismo edificio donde está alojada la Corte Suprema de Justicia; por las condiciones infrahumanas en que permanecen los detenidos.
En los torpes debates que Massa llevó adelante para oponerse a la reforma del Código Penal, uno de los argumentos era que dejaría libres a muchos presos “porque no tienen condena”. La naturalidad con que el candidato de la embajada y los medios que repiten su discurso se referían a que miles de argentinos estén privados de su libertad a la espera de un juicio, no deja de sorprender. Es parte del caldo de cultivo que permite que esos abusos continúen, o que se sean disfrazados en el marco de “suicidios”, “intentos de fuga” o “motines”.
Entre tanto, el derecho de las personas privadas de su libertad es uno de los temas que no aparece en la agenda de ningún candidato de cara al 2015.
Gatillo fácil
El problema del autogobierno de las fuerzas de seguridad se comprueba también en el caso de las policías provinciales y federal. Las prácticas que establecen en su accionar diario incluyen permanentes abusos de poder.
En ese marco, establecen relaciones con jóvenes de los barrios humildes, a quienes obligan a delinquir para repartirse el botín. Si se rehúsan a hacerlo, son varios los castigos a los que se ven expuestos. La desaparición de Luciano Arruga se ha convertido en el caso más conocido, pero como bien dice su hermana, estos abusos y castigos son permanentes en los barrios pobres de nuestro país.
Esos jóvenes pueden morir asesinados como parte de las deudas que la policía les impone, en el marco de una sociedad que los estigmatiza y excluye. Las diversas políticas de inclusión que se han llevado adelante en estos años son algunos de los modos de impedirlo.
Pero lo principal sigue siendo que no queden impunes los crímenes que cometen las fuerzas de seguridad. Algo que no siempre se da en nuestro país, y donde la complicidad del Poder Político y Judicial es fundamental para que reine la impunidad.