En una movida que difícilmente podría sorprender a alguien, el FBI ha arrestado al juez Manuel Acevedo Hernández del Tribunal de Aguadilla. En abril pasado el FBI había allanado la casa de Acevedo Hernández en una investigación, alegadamente, relacionada con un caso en el cual se absolvió al contable Lutgardo Acevedo López del cargo de homicidio negligente. Dicho contable está también involucrado en un caso de corrupción pública contra el fiscal de Aguadilla Joseph Esparra Álvarez en el cual se la imputa haber ofrecido eliminar unos cargos contra Acevedo López a cambio de que éste interviniera a su favor ante el PNP para desbloquear su nombramiento a Fiscal de Distrito.
Según el caso comentado en la prensa el fiscal Esparra le habría solicitado a Acevedo que interviniera para que su nombramiento a fiscal de Distrito pudiera proceder ya que estaba bloqueado ante sectores del PNP. Lo cierto es que este caso es más complejo de lo que parece. Por un lado tenemos a un juez Arrestado a quien se le relaciona con actos de corrupción judicial relacionados con la absolución de Acevedo López. Por otro lado, se relaciona al exfiscal Esparra con Acevedo López en un caso de soborno. En una tercera vertiente un periódico de circulación general insiste en colocar en la mirilla a la abogada Mayra López Mulero, quién junto a Harry Padilla, defendió a Acevedo en el caso de homicidio negligente, cargos de los cuales fue exonerado por el juez Acevedo Hernández.
Le preocupación mayor que este caso inspira es que se trata de un asunto del cual no se quiere hablar abiertamente. El control de los partidos de mayoría de la Rama Judicial y de los nombramientos en dicha Rama, tanto de jueces como de fiscales, la ausencia de un sistema de mérito para dichos nombramientos y la posibilidad de que los partidos le pongan precio a dichos nombramientos subyace a este caso. Ante esta realidad tenemos dos alternativas. Podemos conformarnos con que alguien vaya a la cárcel y asumir que eso es todo. En la alternativa podemos comenzar a promover una conversación real, saludable y democrática sobre las estructuras judiciales y los procedimientos de nombramientos.
Una de las preguntas principales que tenemos que plantear es si estas acciones, por parte del FBI, son una forma de legitimar sus intervenciones contra la Rama Judicial, las cuales incluso fueron criticadas por el juez Torruellas. La intervención del Gobierno federal contra la Rama Judicial ha tendido a debilitar la credibilidad de la misma, sobre todo tomando en consideración cómo la mentalidad del colonizado se refleja en estos casos. Anteriormente Daniel Nina, en este diario, (Ver: ¿Corrupción en la judicatura de Puerto Rico?, El Post Antillano, 15 de abril de 2014) había hecho un llamado para que se llevará cabo una reflexión serio sobre lo que los federales estaban haciendo. Ante esta circunstancia creo que lo más prudente es repetir dicho llamado e insistir en que hay que comenzar a conversar sobre la posibilidad de democratizar la Rama Judicial y los procesos de nombramientos.
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