El gobernador Alejandro García Padilla acaba de nominar a la licenciada Maite Oronoz Rodríguez, directora de Asuntos Legales del Municipio de San Juan, al puesto de jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Oronoz tiene experiencia tanto en el servicio público como en la práctica privada, y al parecer buena reputación en la profesión de la abogacía, pero lo que más ha sonado es que sería la primera persona identificada abiertamente con la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBTT) en ser nominada jueza del más alto tribunal de Puerto Rico.
¿Debiera ser un factor de primordial importancia el que esta abogada sea abiertamente lesbiana en el escrutinio público? Puerto Rico es una comunidad básicamente conservadora y, posiblemente, su nombramiento cause revuelo en los sectores más religiosos de Puerto Rico. Pero su preferencia sexual es solo relevante en términos de cómo está cambiando el mundo en el siglo 21. Lo que antes se mantenía en secreto ahora se dice abiertamente, y en ese sentido, la sociedad se ha humanizado y civilizado más aún. Pues nada, ahora alguien que es abiertamente parte de la comunidad LGBTT puede competir sin escándalo para un puesto tan alto y prestigioso, y eso hay que aplaudirlo.
Los que se molesten demasiado por esto le están dando importancia a un asunto periferal a sus cualificaciones profesionales. Llegaremos al punto en que la preferencia sexual no amerite ser parte de los titulares de los medios. Estamos avanzando, pero todavía este asunto de orientación sexual causa controversia.
Ahora vamos a hablar de lo que verdaderamente importa, que son las cualificaciones de Oronoz Rodríguez. Fue procuradora general del Gobierno de Puerto Rico y antes subprocuradora. Trabajó por varios años en el bufete privado Sepúlveda y Maldonado. Después de graduarse de abogada de la Universidad de Puerto Rico y obtener una maestría en derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York fue oficial jurídico del juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton. También cursó estudios en la Universidad de Vilanova en Pennsylvania y en la Universidad de Florencia.
Oronoz tiene solo 38 años y de ser confirmada tiene el camino abierto a una larga carrera judicial. Sus vínculos con el partido en el poder son manifiestos, pero es común que ese sea el caso en el asunto de nombramientos públicos. Su madre, María Dolores “Maggie” Oronoz, fue jueza del Tribunal de Apelaciones, y codirigente del equipo de transición de García Padilla. Oronoz también fue ayudante del gobernador Rafael Hernández Colón, quien la nominó al Tribunal. Tiene un hermano que es ayudante en el área de finanzas públicas de García Padilla.
Un dato controvertible es que la nominada tiene pendiente una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental por haberle otorgado, como dirigente de la división legal del municipio, un contrato a su antiguo bufete. La queja se está dilucidando.
Mientras tanto, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, escribió en su cuenta de la red social Twitter que “hoy es un gran día para la equidad”. Oronoz también sería, si confirmada, la cuarta mujer en el Tribunal compuesto de nueve miembros.
En la ceremonia de nominación, Oronoz agradeció a su pareja, Gina Méndez, por su apoyo. “Sin ti, yo no estaría aquí”, fueron de sus primeras palabras en el Salón de los Espejos de la Mansión Ejecutiva ante una audiencia de jueces, exfuncionarios de Gobierno y otras figuras del mundo legal. Méndez, a quién la prensa abordó, le restó importancia a que es directora de Recursos Humanos del Senado de Puerto Rico, que tiene que pasar juicio sobre el nombramiento. Al hacerlo, defendió la rectitud del presidente del Senado, Eduardo Bhatia.