Puerto Rico está sumido en una crisis fiscal y no se ve luz al final del túnel. Parte del problema financiero del gobierno del país es una deuda con bonistas que parece imposible de pagar. Recientemente, Puerto Rico se vió obligado a hacer una emisión de bonos de $3.5 mil millones para atender su deuda. Ahora, todo apunta a que la militancia de las uniones de sus corporaciones públicas se tirarán a la calle en protesta de un proyecto de ley que busca reducir los beneficios de sus empleados unilateralmente.
La medida, que proviene de la Mansión Ejecutiva, está dirigida a recortar gastos de un gobierno que muchos ven como gigantesco. La semana pasada miembros de algunas de estas corporaciones públicas formaron una protesta que paralizó el tránsito de vehículos en sitios claves del área metropolitana de San Juan. Los líderes de sus gremios han prometido más protestas. Mientras tanto, la legislatura de Puerto Rico parece dirigida a aprobar la llamada Ley de Sustentabilidad Fiscal, que entre otras cosas reduciría los bonos de Navidad y de verano y eliminaría el pago del exceso de días acumulados por enfermedad de los empleados gubernamentales y las corporaciones públicas. En los pasados días, negociadores del gobierno central atemperaron el efecto sobre agencias gubernamentales, pero la negociación no incluyó a las corporaciones públicas. Estas al ser entes independientes no pueden entrar en negociaciones con el gobierno central.
De interés en Puerto Rico han sido las acciones judiciales por parte del gobierno de Argentina, que ha pedido a los tribunales federales norteamericanos que modifiquen los acuerdos de pagos a los bonistas que no se acogieron a un canje de deuda con quita que Argentina ofreció en 2005 y 2010. Unos 93 por ciento de los bonistas aceptaron el trueque, pero un siete por ciento que son partes de unos fondos en particular han rehusado. El problema de Argentina comenzó en 2001 cuando pasaba por severos problemas económicos, y dejó de pagar su deuda con bonistas de $80 mil millones.
El gobierno de Argentina acudió a los tribunales federales norteamericanos buscando que una decisión favorable aplazara el servicio de su deuda. El país sudamericano entonces acudió al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que el máximo tribunal de ese país revoque las decisiones judiciales que favorecieron a los acreedores. Este jueves se espera que el tribunal anuncie si ve el caso o no. Si el tribunal acepta, Argentina ganará tiempo en su pelea judicial, pero si lo rechaza, el país podría caer en el riesgo de suspender su servicio a la deuda. También podrían caer en peligro futuras renegociaciones de deuda de otros países.
En Puerto Rico se ha mencionado, ante la enormidad de su deuda, acudir a la reestructuración, y también declarar bancarrota. Pero declarar bancarrota le está vedado a Puerto Rico, un territorio norteamericano, así como a los otros gobiernos estatales de los Estados Unidos. No obstante, se ha observado con interés desde la Isla la declaración de bancarrota de la ciudad de Detroit. Hay que mencionar que al ser un país independiente tampoco le está disponible a Argentina el recurso de bancarrota en los Estados Unidos.
Esta semana funcionarios del gobierno y políticos argentinos se han desplazado a Washington, D.C. para reunirse tanto con contrapartes en el gobierno norteamericano y miembros del Congreso de ese país. Funcionarios del gobierno puertorriqueño se han reunido varias veces con las agencias crediticias con poca suerte. Mientras tanto, el gobierno de Washington está monitoreando la situación precaria de Puerto Rico.
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