Todo lo que es sólido desvanece en el aire. Así sentenció el pensador del siglo XIX, Carlos Marx, cuando describía las relaciones sociales dentro del capitalismo. Todo se desvanece. Hay algo de eso en la situación que atraviesa uno de los cuatro bancos que aún originan en Puerto Rico, o son propiedad de puertorriqueños. Se trata de Doral Bank, quien atraviesa por los pasados 14 años por una crisis de legalidades, medias legalidades e ilegalidades, y al día de hoy, la impunidad ha sido casi total, por no decir plena.
Todo comenzó allá para el 2000, cuando bajo la propiedad de la familia Levis, el Doral definió sus activos de forma sobrevalorada. Está práctica duró hasta el 2004. Luego dicha familia vendió sus acciones, y entraron otros propietarios quienes se confronaron con la situación que su valoración no era la correcta, y de conformidad con la Corporación Federal de Seguros de los Depositos (FDIC por sus siglas en inglés) debían rectificar su justo valor. No obstante, en una listería de calle no representativa de la clase social que deberían representar, desde el 2006 Doral Bank le pidió al gobierno de Puerto Rico que le ajustara las contribuciones que pagaron entre el 2000 al 2004, pues las mismas no fueron correctas. Es decir, si valían menos las acciones entonces debieron de haber pagado menos. Pero, ¿por qué las sobrevaloraron en primera instancia? ¿Es legal sobrevalorar los activos de una corporación?
Lo curioso es que nadie ha preguntado o nos ha explicado, ni la FDIC, porque sobrevalorar las acciones no constituye un delito. Esa parte es una de los grandes silencios en este caso. Al pasar del tiempo, todas las partes en el caso de Doral Bank siguen omitiendo este punto de partida. ¿Fue legal dicho proceder?
Luego en el primer trimestre del 2012, antes de concluir la gobernacion de Luis Fortuño en noviembre de 2012, su gobierno por vía del entonces secretario del Departamento de Hacienda, Jesus Méndez, suscribió un acuerdo con Doral, para “reembolsarle” los $232 millones de dólares que estos pagaron de más por concepto de las contribuciones del año 2000 a 2004. Uno de los abogados que asesoró al gobernador Fortuño, lo fue el licenciadado Ramón Rosario, quien estaba adscrito a la oficina del gobernador.
Ahora bien, hoy nos enteramos por distintas fuentes noticiosas, y por la ponencia que presentó a mitad de semana Rafael Blanco, el comisionado a cargo de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, en las vistas públicas que lleva a cabo la Cámara de Representantes, presidida las vistas por el representante Luis Vega Ramos, que el exgobernador Luis Fortuño, a menos de un año de haber dejado su mandanto, llamó al señor Blanco para inquirir si el podría ser representante legal de Doral Bank. Usted lo toma como desea, pero la ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico, le prohibe esta práctica por un tiempo de enfriamiento a todo funcionario público.
Asi las cosas, Fortuño no es el abogado de Doral Bank hoy. Aunque Jesus Méndez, el pasado secretario de Hacienda, es hoy el vice-presidente de dicho banco. Mas aún, en el pleito que lleva Doral contra el gobierno actual de Puerto Rico, por haberle negado recientemente el reembolso de los $232 millones de dólares, uno de los abogados firmantes lo es Ramón Rosario, otro asesor legal de Luis Forutuño al momento del ofrecimiento del reembolso de los $232 millones.
En esta semana que acaba de transcurrir, el Tribunal Supremo por segunda ocasión, declinó intervenir a petición de Doral, en el pleito que ésta corporación financiera lleva contra el gobierno de Puerto Rico. Más aún los activos (reservas) de Doral no son satisfactorios, según la FDIC pronunciara esta semana. Y, tanto la Cámara de Representantes de Puerto Rico como el Departamento de Justicia, están muy interesados en entender la forma y manera en que Doral ha hecho negocios en los pasados 14 años.
Nos preguntamos, legítimamente, ¿Es que los grandes intereses también cometen delitos? Usted decide.