Un diario lo llamó en su titular una revolucionaria legislación, y esa una buena manera de describirlo. Ayer, las dos cámaras legislativas le dieron paso a una legislación que crea un esquema organizado para que las corporaciones públicas de Puerto Rico puedan reestructurar su deuda con sus acreedores ante la inminente insolvencia de muchas de estas.
Bajo el esquema las corporaciones en particular al ver que no pueden cumplir con sus obligaciones acuden a un tribunal puertorriqueño para solicitar el proceso de reestructuración de su deuda con los bonistas. La corporación decide, de acuerdo a su condición financiera, cuales son las deudas que tiene que renegociar con los bonistas. La idea no es liquidar la corporación sino establecer un mecanismo en el que se pueda reestructurar su deuda particular y seguir proveyendo los servicios para la cual fue creada.
El Gobernador Alejandro García Padilla presentó ayer mismo el proyecto de ley que provee una manera organizada de lidiar con la situación de incapacidad de cumplir con los pagos. La ley aplica a unos $22 millones en deuda que tienen las corporaciones del gobierno. El camino también está abierto a las corporaciones municipales.
La ley autoriza a las partes a renegociar la deuda. Entonces tras una votación de los acreedores, se sometería el plan, que establece los acuerdos alcanzados y los pasos necesarios para alcanzar la solvencia económica, a un tribunal especializado, nombrado por los acreedores. Este tribunal aprobaría o no el plan de reestructuración. De esta forma se hace vinculante el plan ante las partes. Al final, se establecerá un comité que velará por el cumplimiento del plan.
El proyecto legislativo, que se espera se convierta en ley hoy, tras la firma del Gobernador ha recibido varios economistas, abogados especializados en la Ley de Quiebras federal y observadores. Sin embargo, hay que informar que el plan es uno que le corresponde a los entes del gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, hay algunos economistas que critican la nueva ley por tratar de romper un contrato que ya ha sido suscrito por las partes, afectando a los bonistas, que tampoco son en gran parte grandes instituciones sino ciudadanos comunes y corrientes. Antes las varias degradaciones que sufrieron los bonos de las corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, muchos bonistas se vieron afectados al bajar de valor sus bonos., En muchos casos eran personas que estaban contando con el dinero devengado de esos bonos para su retiro. Otra crítica es que el nuevo plan afectaría la posibilidad de futuras emisiones de bonos de parte de estas instrumentalidades.
También se critica la ley ante la posibilidad de que esta abra el camino a múltiples litigios a través de la nación norteamericana de bonistas que no quieren suscribirse al procedimiento establecido por la nueva legislación. Una cláusula de la ley establece que los bonistas tendrían que acudir a los organismos de Puerto Rico. Varios expertos han dicho que los convenios colectivos de las respectivas uniones laborales de las corporaciones se pondrían en suspenso o serían congelados. Ayer hubo una manifestación de varias uniones ante los propuestos cambios establecidos por otra ley a sus acuerdos con las corporaciones.
También se teme que todo este proceso desembocaría en la privatización de estas corporaciones. El abogado especializado en quiebras, John Mudd, dijo hoy en una entrevista de radio que en el Tribunal de Quiebras federal el 95 por ciento de las personas o corporaciones que piden una reestructuración de deuda termina pidiendo una liquidación final. Se teme que lo mismo podría pasar a la larga con ese proceso.
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