Rugió el primero del trío terrible de las principales agencias crediticias que evalúan bonos y acciones, rebajando las obligaciones generales y otras del gobierno de Puerto Rico hasta tres grados. La acción tomada por Moody’s (ahora hay que ver que dice Standard & Poor’s y Fitch) ocurre a solo días de la firma de una ley puertorriqueña que reestructuraría el pago de los bonos de las corporaciones públicas del Gobierno, creando una infraestructura en la cual se manejarían los reclamos de los bonistas.
Ayer, el valor de bonos emitidos como obligaciones generales de Puerto Rico bajó de 93 centavos al dólar a 84.8, lo que constituye una reacción real y dañina causado por el informe de la agencia crediticia. Moody’s admite que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha seguido fielmente sus recomendaciones para pagar sus deudas con los bonistas. No obstante, las casas crediticias de mayor envergadura ya habían calificado a los bonos de algunas de las corporaciones del gobierno a nivel chatarra. Con la reevaluación del lunes se hundieron en el fango todavía más estos bonos. Con esto se fueron enredadas las obligaciones generales, que son las únicas cuyo pago está garantizado por la constitución de la isla, y los bonos conocidos como los COFFINA, cuyo pago está garantizado por un impuesto sobre la venta y el consumo.
El Gobernador Alejandro García Padilla se encolerizó y habló hasta de demandar judicialmente a la agencia crediticia. La reacción a esta amenaza no se hizo esperar, con la mayor parte de los observadores gritando que al Gobernador le había dado una rabieta de niño. El mensaje es que la mera idea de que alguien piense en demandar a una de estas agencias es algo insólito y nunca antes visto.
Si uno examina la trayectoria de gobiernos estatales y hasta del Gobierno Central de los Estados Unidos, puede ver rápidamente que la reacción del Gobernador no fue tan insólita. La verdadera pregunta es si la demanda vale la pena. ¿El gobierno de Puerto Rico podría probar negligencia de parte de Moody’s? Creo que la respuesta es que difícilmente lo podría hacer dada la delicada condición de la economía de Puerto Rico, pero no me digan que el considerar un recurso legal contra estas agencias es algo similar a blasfemar al Todopoderoso. Sencillamente, no lo es. Les ofrezco algunos datos.
El Departamento de Justicia federal del Eric Holder tiene demandado a tres de estas agencias por sus actuaciones antes de la debacle de 2007, cuando el fracaso de Wall Street revolcó al mundo financiero global. A sólo dos semanas antes de esta debacle, la agencia crediticia Standard and Poor’s dió la más alta clasificación a unos valores que eran derivados de mucho riesgo. El colapso de estos valores afectó a toda una gama de gente. Además laceró gravemente al mundo de bienes raíces. A raíz de la tragedia, hubo que liquidar a la firma centenaria de inversiones Lehman Bros.
Además, 16 estados se han enfrascado judicialmente con estas casas de clasificación, siendo Connecticut el que más éxito ha tenido, recibiendo un resarcimiento de daños de casi un millón de dólares. Estamos en aprietos en Puerto Rico, pero del mismo informe de degradación de Moody’s se desprende que la principal razón del bajón en clasificación fue la ley que creó el mecanismo de reestructuración. Es aparente que hay un elemento de castigo en la decisión de Moody’s. Por más fallas que tiene esa ley, entre ellas que conlleva el congelamiento de los convenios colectivos de los trabajadores de estas corporaciones públicas, su propósito es crear un mecanismo en el que los inversionistas puedan recibir algo por su inversión en vez de potencialmente nada. Quizás no hay mucho que se puede hacer al momento, pero hay razón para enfadarse. Hay que tener en mente que tampoco estamos lidiando con unos monjes franciscanos.
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