Lo mejor de la presente crisis económica por la cual atraviesa el gobierno de Puerto Rico gira en torno al total aislamiento, aparente o real, que experimenta el país en relación a su poder metropolitano: Washington. Ante el tercer informe degrando el crédito general del gobierno de Puerto Rico y múltiples dependencias de éste, nadie en la capital federal de Wasington ha salido al rescate de la isla.
En otras palabras, para un territorio no incorporado bajo la constitución de los EE.UU., reconocido a nivel mundial como una de las últimas colonias de este hemisferio, Puerto Rico no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de su administrador inmediato, el Congreso, para sortear la presente situación. Ante la presente situación, Puerto Rico se encuentra solo. ¿No sería más adecuado, entonces, explorar otro tipo de poderes soberanos, para potenciar el desarrollo y transformación del país?
Según hemos discutido en El Post Antillano en días reciente, el gobierno de Puerto Rico, sea bajo la actual administración del gobernador Alejandro García Padilla, o durante los cuatro años del pasado gobernador Luis Fortuño, del partido hoy en la oposición, Partido Nuevo Progresista, ha comprobado que ante los problemas financieros internos, es muy poco lo que el gobierno federal ha resuelto. Lo más que se ha conseguido, bajo la administración del presidente Barak Obama, es una Comisión Interagencial de la Oficina del Presidente, la cual ha enviado unos funcionarios federales a explorar como utilizamos los fondos federales en la isla. Nada más. En otras palabras, que la deuda de $72 mil millones de dólares que tiene Puerto Rico comprometidos fundamentalmente con prestamistas internacionales, a los que se les conoce como los bonistas.
El pasado martes 1 de julio, la agencia acreeditadora Moody´s emitió un informe contra el gobierno de Puerto Rico, degrandado todos sus bonos a categorías inferiores del estandar. Este informe, en resumen, lo que dice es que las posibildiades de que el gobierno central de Puerto Rico funja como colateral ante sus obligaciones generales o esas de sus dependencias, se ve mermada. La posibilidad de un impago, según Moody´s, es en este momento un hecho potencialmente real. La respuesta de Moody´s contra el gobierno de Puerto Rico, es a consecuencia que éste legislara la Ley para el Cumplimiento de las Deudas y el Recuperación de las Corporaciones Públicas.
Con este cuadro, ¿qué le conviene al gobierno de Puerto Rico? Y de paso, lo que le convenga al gobierno de Puerto Rico, ¿nos debe convenir a nosotros, el pueblo? Ante la soledad en el bosque, Puerto Rico podría optar por una ruta distinta: salirse de la lógica del Congreso federal, y optar por mayores poderes soberanos. Con estos poderes soberanos, ya fuera dentro de una solución al estatus de corte no territorial, no integradora a la federación de los EE.UU., Puerto Rico podría explorar seguir una senda más tipo Argentina en el presente conflicto que tiene dicho país con los llamados fondos buitres y las casas acreeditadoras.
En esta media, tener mayores poderes soberanos, inclusive dentro de la Constitución de los EE.UU., siguiendo el modelo de las Islas Marianas. Es decir un Estado Libre Asociado, territorio no incorporado, pero con poderes soberanos mayores que los que tiene el gobierno de Puerto Rico.
La presente crisis nos ha llevado hasta aquí. ¿No será momento de buscar nuevas soluciones? Pensemos.
Crédito foto: Arturo de La Barrera, Wikimedia Commons, bajo licencia de Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en)