Seguí con algo de asombro un asunto que la prensa del país le brindó mucha atención la semana pasada: el “problema” de las pequeñas piscinas inflables o portátiles en los residenciales públicos de la Isla.
Hubo un periódico que le dedicó dos primeras planas, dándole un aura de crisis al asunto. Una de estas incluía varias fotos tomadas desde el aire a estas piscinas en varios residenciales públicos del área metropolitana. Las autoridades del gobierno enseguida reaccionaron diciendo que armar estas piscinas y su uso constituían una violación a los contratos de vivienda y que los infractores se arriesgaban a perder sus apartamentos.
Los programas de radio a los que llaman los radioescuchas para dar sus opiniones estaban encendidos de llamadas en contra de esta práctica en estas comunidades, en las que viven unas 130,000 personas a través de la Isla. Estas viviendas son para gente de bajos recursos, y la estigmatización de sus residentes y aquellos de las barriadas de gente pobre va en incremento. Muchas gente los vincula como nidos del tráfico de drogas y de crimen. El “conocimiento” popular es que sus residentes no pagan nada por vivir en estos apartamentos y que estos no pagan ni agua ni luz. Estas conclusiones no son ciertas. Los residentes de los residenciales tienen tarifas básicas de agua y de luz, y los números del Departamento de la Vivienda muestran que son sólo una minoría los residentes los que no pagan.
Muchas fueron las voces en la radio que sentenciaban que la clase media subsidiaba la vida de estos residentes. Esto no es cierto. La inmensa mayoría de las ayudas que van hacia los residentes de los residenciales es financiado por dinero del gobierno de los Estados Unidos. Hasta llamó una señora a uno de estos populares programas diciendo que estas piscinas estaban llenas de orina porque los niños pequeños se orinan cuando vienen en contacto con el agua fría. En otras palabras el mensaje parecía ser: “que puerca es esta gente”.
Francamente, debido a la duración y el tiempo invertido en los reportajes en prácticamente todos los medios, me quedé pensando si no habían otros asuntos más apremiantes que ameriten mayor discusión en la Isla aparte del supuesto problema que crea gente pobre que monta piscinas portátiles. Hay 332 residenciales públicos a través de la Isla. En estos viven alrededor de 130,000 personas, mucha gente para estigmatizar.
Caigo en cuenta que toda esta discusión refleja una triste lucha de clases en Puerto Rico. La Isla se encuentra en su peor momento económico en décadas. El gobierno está prácticamente en quiebra, confeccionado dizque presupuestos balanceados con fondos que no son para nada recurrentes. Somos el país de los monopolios gubernamentales que están al borde de la bancarrota; un lugar que ha perdido miles de empleos en los últimos siete años y que apenas tiene agricultura viable para alimentar a los residentes. Importamos no sólo alimentos sino prácticamente todo porque nuestra producción es muy endeble. Las evaluaciones de nuestros bonos de parte de las casas crediticias son tan pobres que hacen muy difícil levantar una capital razonable. ¿Todo esto y no se nos ocurre más nada que atacar aún más a la gente de los residenciales?
Si parte del problema es que estamos preocupados por una eminente sequía, pues que la gente de los repartos pudientes vacíen sus piscinas también. Pero tirarle más lodo a la gente pobre en un país pobre no es sano ni cuerdo.
Crédito foto: Peter Klashorst, Wikimedia Commons, bajo licencia de Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en)