El gobernador Alejandro García Padilla, cansado de las agencias acreditadoras como expresó recientemente, ha declarado ayer una hoja de ruta a seguir en la resolución del conflicto nacional irresuelto: el estatus político de Puerto Rico en su relación con los EE.UU. Para esto, el gobernador propuso llevar a cabo un plebiscito, con el aval del poder legislativo y ejecutivo del gobierno federal, para determinar por vía de todas las opciones viables, un nuevo estatus político para Puerto Rico. Según el gobernador García Padilla, las opciones viables deben incluir soluciones fuera de la cláusula territorial de la constitución de los EE.UU., como a su vez debería permitir una opción para el Estado Libre Asociado según conocido hoy, es decir territorial aunque “mejorado”.
La opción que asume hoy el gobernador, haciendo uso de la ley firmada en diciembre del 2013 por el presidente de los EE.UU., Barack Obama para asignar un presupuesto de $2.5 millones de dólares para llevar a cabo un plebiscito de estatus, fue la opción asumida por la actual administración en Puerto Rico. No no debemos de olvidar que en julio del 2013, durante la asamblea del Partido Popular de Puerto Rico, toda la matrícula, incluyendo su liderato reunido en asamblea, votó por la opción de convocar una Asamblea Constitucional de Estatus, sólo si el gobierno de los EE.UU. no hacía nada en cuanto al estatus de la isla. Dado que el presidente Obama firmó la ley en diciembre pasado, hoy el gobierno de Puerto Rico tomó la dirección de no convocar a la Asamblea Constitucional de Estatus.
Es curioso, pero la idea de Asamblea Constitucional de Estatus es una donde las elites intelectuales, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, y el independentismo clásico, han asumido una postura dura. No obstante, no es la opción que la mayoría de los sectores populares o medios conoce. La tradición desde 1967 es hacer plebiscitos. El país sabe ir a votar. En cuanto a esto, los dos partidos de mayoría, el incumbente Partido Popular Democrático y el opositor Partido Nuevo Progresista, ambos aprueban hoy la misma iniciativa. La diferencia es en cuanto a contenido: para el PPD se trata de un plebiscito con múltiples opciones, para el PNP se trata de dos opciones: estadidad si o no.
Ahora bien, dentro del PPD, lejos de la postura asumida por la prensa corporativa o por los sistemas mediáticos, en particular la radio, la postura del PPD se ha movido a aceptar una propuesta que haces unos años hiciera el legislador ocupando un escaño por mayor tiempo en la historia del país, el senador por el PPD Antonio Faz Alzamora. Este promueve un Pacto de Asociación, entre iguales, con los EE.UU., dejando espacio para un alto grado de ejercicio de poderes soberanos.
Por alguna razón cultural el ejercicio de la plena independencia de Puerto Rico, no goza de respaldo pleno en la población. No obstante, el nacionalismo si es un elemento cultural fuerte. En esta medida, el PPD se impone nuevamente, como lo hiciera en el periodo de 1938 al 1952, cuando se constituyó la Constitución del Estado Libre Asociado, en la opción con más fuerza para liderar y legitimidad, para liderar este proceso.
La opción que se impone dentro de dicho partido, el Pacto de Asociación, muy bien tendría apoyo hoy en los movimiento políticos como el Movimiento Unión Soberanista (MUS), Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y en otros sectores de la llamada Mesa Amplia Independentista (MAI). Inclusive el Partido Independentista Puertorriqueño, por vía de su líder histórico, Rubén Berríos Martínez ha coqueteado con la idea de adelantar algo: sacar a Puerto Rico de la cláusula territorial de la constitución de los EE.UU.
La búsqueda de un consenso político entre el líder de la conversación, el PPD, y los distintos partidos o movimientos pro independencia y soberanía, podría ser un paso de acierto para establecer movimiento en cuanto al estatus se refiere. Habrá que esperar por la Asamblea del PPD la cual se llevará a cabo en 10 días.
De establecerse un consenso por la opción de plebiscito, y una opción consensuada de sacar al país de la cláusula territorial, y bajo lo que aparenta ser consenso entre muchos de un pacto de libre asociación, entonces al lo mejor el país podría avanzar.
Ahora bien, de triunfar esta opción, ¿Qué haríamos con los que defienden la opción de la estadidad y la independencia? ¿Cómo los podríamos incorporar? Usted sugiera.
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