El gobernador de Puerto Rico acaba de firmar en el día de hoy el proyecto que devuelve facultades al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, las cuales fueron derogadas de un plumazo en el año 2009, por la administración del entonces gobernador Luis Fortuño. La colegiación compulsoria en Puerto Rico data de 1937, cuando se estableció la ley orgánica del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Casi 80 años después, el entonces gobernador Fortuño, molestó con las posturas adoptadas por el Colegio de Abogado en defensa de la sociedad civil puertorriqueña, derogó dicha ley. La ley firmada por el hoy gobernador, García Padilla, devuelve el estado legal al momento antes del 2009, con ciertas modificaciones.
En particular la nueva ley crea un mecanismo por el cual la colegiación se hace compulsoria, no así la pertenencia al Colegio de Abogados. En otras palabras, pagar una cuota anual por ser abogado o abogada es ahora compulsorio en Puerto Rico. Lo que no es obligatorio es ser parte del Colegio de Abogados y Abogadas. Los juristas que no deseen afiliarse al Colegio, tendrán no obstante que pagar su cuota la cual depositaran en una nueva entidad, bancaria, llamada Fondo de Acceso a la Justicia. De esta forma la ley devuelve a un momento anterior pero reconoce que los abogados y abogadas que no deseen hoy ser parte del Colegio, pueden afiliarse a otras entidades jurídicas, o simplemente pagar su cuota anual.
Para los juristas puertorriqueños que han defendido históricamente el Colegio, este es un momento importante. Es otro acierto por parte del gobernador García Padilla en su agenda liberal para con los sectores afines y centro-izquierda que conviven en Puerto Rico. No obstante, para los sectores conservadores o de derecha, sobre todo aquellos vinculado al Partido Nuevo Progresista del exgobernador Fortuño, se han opuesto a la medida hoy firmada por el gobernador García Padilla.
Este es el caso de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, vinculada al Partido Nuevo Progresista, y a los sectores más conservadores dentro de dicha organización. Allí su presidente, Héctor R. Ramos expresó en el día de hoy mediante comunicado de prensa recibido por El Post Antillano que “nadie debe ser obligado, so pena de no poder ganarse la vida a ser parte de una organización y encima pagarle dinero”.
Nos parece que la posición adoptada por Ramos no es del todo correcta, toda vez que el proyecto del gobierno no devuelve al estatus quo ante, donde el Colegio de Abogados era la entidad única. Ahora creo una opción que da espacio a los abogados y abogadas que no deseen afiliarse a esta entidad.
Esperemos ahora ver que pasa con la litigación de un caso donde se cuestione la constitucionalidad por parte de la Asociación de Abogados de Puerto Rico. La actual presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Ana Irma Rivera Lassén señaló “que no hay nada que temer”. Adelante, pues vivamos esta nueva etapa de la colegiación compulsoria en Puerto Rico.
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