“Yo no fui”, dice Doral al ser señalado por los medios de ser responsable de la campaña de descrédito contra Puerto Rico. Recientemente, los medios en Puerto Rico se percataron de aquello que El Post Antillano ha ido señalando hace ya varios meses: Doral está en campaña política contra Puerto Rico. El banco Doral, que está en una agria controversia con el Departamento de Hacienda sobre un reembolso de unos $230 millones de dólares, ha utilizado a medios en Estados Unidos, y un economista a sueldo como Robert Shapiro, para hundir las posibilidades de desarrollo económico de Puerto Rico. La campaña, que ha sido denunciada por El Post Antillano, incluye comparaciones con el Gobierno de Venezuela y Argentina. Esas mismas comparaciones han sido utilizadas por los empleados de Doral en la disputa pública acerca del reembolso.
Robert Shapiro, a quien mencionáramos anteriormente relacionado con el “Republicano”, James Glassman, es un economista a sueldo de Doral, quien ha manifestado sus opiniones en innumerables ocasiones relacionando a Puerto Rico con Venezuela y Argentina. En declaraciones emitidas por Shapiro en mayo de 2014, el economista dijo que Puerto Rico, al no honrar el acuerdo con Doral, se une a países como Argentina y que eso “reducirá el flujo de inversiones directas hacia Puerto Rico”. El día 23 de junio de 2014 Shapiro comentó que Puerto Rico debe someterse al imperio de la ley en función de promover la confianza de los inversionistas en la Isla. En dicha conferencia, Shapiro anunció un nuevo trabajo relacionado con el imperio de la ley y su importancia para las inversiones extranjeras. Según este economista, quien habla a nombre de Doral Bank, la posición del Gobierno de Puerto Rico pone en riesgo inversiones futuras en la Isla. La reciente campaña en contra de Puerto Rico, denunciada por El Post Antillano, se ha hecho eco de las mismas declaraciones de Robert Shapiro y ha asumido sus argumentos como parte de sus ataques.
Mientras Doral se entretiene atacando a Puerto Rico en los medios de comunicación de Estados Unidos, en Puerto Rico trata de comprar todas las influencias posibles. Primero Eder Ortíz, quien es funcionario del PPD y se desempeñó como abogado en un bufete de San Juan, y que fue contratado por Doral para cabildear al Gobierno en su favor y luego, ante el fracaso de dicha estrategia, contratando a Federico Hernández Denton, quien fuera hasta recientemente juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El caso de Doral y su acceso a asesores, abogados, partidos y tribunales es una vergonzosa muestra de cuán corrupto es nuestro sistema de justicia.
Doral radicó su demanda en junio de 2014 y en septiembre tendrá su día en corte. Un ciudadano común y corriente tendría su día unos tres años luego de la radicación. No solo eso, el Tribunal Apelativo falló, en un recurso sometido esta semana por el Gobierno y en menos de seis horas, a favor del Gobierno del ELA, determinando que el peso de la prueba que se debe utilizar para fines de demostrar que hubo engaño por parte de Doral es el de la “preponderancia de la prueba”, en lugar de prueba “robusta y convincente”.
El debate sobre la naturaleza de la prueba a utilizarse es importante para el ELA pues si se determina que se utilizará la “prueba robusta”, eso implica que el ELA tendrá que probar con mayor evidencia que Doral actuó intencionalmente para lograr obtener un beneficio económico.
Si se determina que la prueba aplicable será la “preponderancia de la prueba”, lo que implica es que, siendo este el peso de la prueba clásico de los casos civiles, el que presente la mejor prueba tiene las de ganar en el pleito. El Tribunal Supremo intervino ayer en la controversia, en menos de 24 horas de haberse emitido el fallo del Apelativo a favor del ELA, y determinó, en primer lugar, que el peso de la prueba sería el de robusta y convincente. Dicha determinación fue emitida por un panel de tres jueces compuesto por Kolthoff, Martínez y Estrella. Estrella emitió un voto contrario al uso de la prueba “robusta y convincente” y a favor del uso de la “preponderancia de la prueba”, voto que favorecería al ELA. Ante el fallo del panel, el pleno del Tribunal se autoconvocó y emitió un fallo a favor de la posición de Estrella, a favor del uso de la “preponderancia de la prueba”. Dicho fallo provocó que Martínez y Kolthoff indicaran que la resolución de la mayoría no era legítima por haberse convocado de forma ultra vires el pleno del Tribunal.
Doral ha podido mover a sus huestes. Federico Hernández Denton, Eder Ortíz, los medios corporativos en Washington, D. C., Robert Shapiro y James Glassman. El ELA ha movido cielo y tierra por ganar este debate. El Pueblo de Puerto Rico se juega $230 millones por un truquito realizado por la administración Fortuño. Lo que me pregunto es, ¿por qué no buscamos a los verdaderos responsables en la administración anterior y los procesamos judicialmente como se debe? En los próximos tres días veremos el resultado.
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