El Doran Bank y sus amiguetes van a juicio hoy

Justicia Social

Lo que se inicia hoy ante la sala de la jueza superior Pérez Pérez es el juicio del siglo contra los grandes intereses en Puerto Rico. Se trata de un juicio donde se examina si la forma de obrar entre el gran capital corporativo, en este caso financiero, y el Gobierno, es la forma transparente y ordenada con la cual todos los ciudadanos de a pie deben trabajar o si se trató de un asunto excepcional, puesto a beneficio de unos banqueros, unos accionistas, y sus amigos y amigas en el Gobierno. 

No es cualquier juicio. De prevalecer Doral Bank, es decir que el acuerdo que firmó con el Gobierno en el 2012, es vinculante, se habrá de salvar de una quiebra técnica, y su venta a los mejores postores. Doral Bank reclama que el acuerdo firmado le garantiza que el Gobierno le dará un reembolso de $232 millones de dólares, el cual usará para capitalizar sus activos. 

De no prosperar, el Gobierno de turno del Partido Popular Democrático, dirigido por Alejandro García Padilla, se habrá impuesto. Esto representa que nos ahorramos como país el pago de muchos millones, pero también que se cuestionó la forma en que la pasada administración del Partido Nuevo Progresista, dirigida por Luis Fortuño, hizo negocios en Puerto Rico a favor de los grandes intereses. 

Lo cierto es que el Gobierno de García Padilla, curiosamente, se le ha enfrentado al gran capital. No le quiere pagar. Ha ganado todas las instancias preliminares en torno a este caso y hoy va a juicio. En esta medida, desde una mirada crítica, este Gobierno, y en este asunto en particular, merece el apoyo de los sectores opuestos a la corrupción y al gran capital.

Por otro lado, hay que destacar que resulta curioso cómo han surgido tantos amiguetes del gran capital. Patética la función del expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Dentón, quien apenas se retiró el pasado mes de abril de 2014 y ya funge como principal negociador de los intereses de Doral Bank. Tal vez no es contrario a la Ley de Ética Gubernamental. Pero sin lugar a dudas, no suena moral. Esperamos que no sea por falta de fondos económicos. Con una pensión anual de $125 mil dólares no hay necesidad de buscar más dinero. ¿Será la avaricia?

Crédito foto: Tori Rector, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)