En esta isla caribeña se sigue con interés el caso en que un banco hipotecario, que ha recurrido a anuncios en diarios norteamericanos atacando al Gobierno de Puerto Rico, intenta reclamar un alegado crédito contributivo al Departamento de Hacienda. Desde el enfrentamiento que causó la implementación de la Ley de 500 acres, cuando Puerto Rico era una economía agrícola asediada por grandes intereses azucareros, no se ha visto en la Isla un enfrentamiento de tal magnitud entre el gran capital y el gobierno de la Isla.
El lunes entra en su ultimo día la vista evidenciaria en la que el demandante Doral Mortgage Bank intenta hacer valer un controvertible acuerdo con el Departamento de Hacienda, suscrito bajo la tutela de un secretario de Hacienda que luego se fue a trabajar con la entidad bancaria. Doral reclama unos $229 millones que alega corresponden a un sobrepago de impuestos. Aunque el exfuncionario de Hacienda, quien ahora dirige las operaciones del banco, alega que se había inhibido de las negociaciones del alegado crédito, correos electrónicos publicados en un diario de la capital muestran que él tuvo una mano en la transacción.
Una exsecretaria de Hacienda que sirvió de asesora al departamento cuando se llevó a cabo la transacción de 2012 testificó en corte el viernes que las negociaciones que dieron lugar a un acuerdo de amortizar una deuda entre Hacienda y Doral no partían del supuesto de un sobrepago de impuestos. Un perito del Estado declaró sobre discrepancias entre los activos a amortizar citado en el acuerdo y el balance que quedaban en los libros del banco.
El banco ha sido ligado a anuncios negativos contra el Gobierno de Puerto Rico y su Banco Gubernamental de Fomento, con la advertencia que Puerto Rico no es un sitio seguro para invertir. Estos anuncios han aparecido en el principal medio financiero de los Estados Unidos, el Wall Street Journal, publicado por Dow Jones, que corre la bolsa de valores de Nueva York. También fueron publicados en el diario online Politico.
Doral, mientras tanto, ha contratado a un bufete deluxe de Washington. D.C., cuyos abogados, de acuerdo a fuentes de El Post Antillano, cobran a razón de $1,000.00 la hora. Hacienda sostiene que los documentos de Doral al declarar su capital tributable contienen declaraciones falsas que justifican la anulación del acuerdo.
La vista evidenciaria, en la que se ha tenido que usar un traductor tanto para los abogados de los Estados Unidos como para la jueza ha sido todo un espectáculo con una batería de abogados representando a Doral versus un equipo de tres abogados de la División de Litigios Generales representando al Estado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico autorizó a la batería de abogados bancarios estadounidenses a comparecer como abogados en el tribunal para este caso. Unido a la batería de abogados de Doral, como asesor, está el ex presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton.
La actual secretaria de Hacienda, Melba Acosta comenzó a testificar el viernes y seguirá declarando el lunes. Se rumora que la secretaria tenía pensado dimitir pronto pero decidió quedarse un tiempo adicional para defender la negativa de su departamento de pagar el alegado crédito. Acosta ha sido firme que su agencia no le debe la cantidad de $229 millones a Doral. Hay dos otras figuras que han llamado la atención durante el litigio: una es Claudia de Juan, secretaria auxiliar de lo civil del Departamento de Justicia, una joven abogada quien ha defendido el caso contra la agencia pública con mucho ahínco y la jueza del Tribunal Superior de San Juan, Loreana Pérez Pérez, que ha mostrado estar en total control de los procedimientos.
La publicidad negativa para Puerto Rico que han causado los anuncios advirtiéndole a inversionistas a que no hagan negocios en Puerto Rico ha causado gran revuelo, consternación y perplejidad. En entredicho está la influencia que pudieron haber tenido otras figuras ligadas al gobierno del exgobernador Luis Fortuño.