Uno de los grandes debates entre los partidos políticos catalanes partidarios de hacer un referéndum el próximo 9 de noviembre gira en torno a qué hacer si la consulta es prohibida por el Estado español. Los grupos soberanistas de izquierdas o simplemente de la izquierda alternativa catalana (y española), como la municipalista CUP, Procés Constituient, Guanyem Barcelona o Podemos, sostienen que hay que obviar la prohibición y llevar a cabo igualmente la votación. En el mismo sentido se ha expresado también el principal partido de oposición, ERC, que ha expresado además una oferta de entrar a formar parte del Gobierno catalán si es “para blindar la consulta”.
Este debate no tiene referente en Puerto Rico, donde cualquier referéndum o plebiscito es siempre una iniciativa del Estado oficial. La posición del Gobierno catalán, de muchos de los dirigentes de la coalición gobernante y del “establishment” económico en general, es que no se puede realizar nada al margen de la legalidad, pues además eso significaría “pegarse un tiro en el pie”. La ambigüedad empieza cuando hay que definir cuál es la legalidad, si en algún momento la legislación catalana y la interpretación de la Constitución de los tribunales españoles entran en contradicción. Si al final lo que ocurre es una prohibición, aunque sea temporal y provisional en lo que existe un fallo firme, aparentemente el partido gobernante y el propio Mas optarán por convocar elecciones autonómicas anticipadas, que se calificarán de “plebiscitarias”.
La gran pregunta es cómo “leer” unas elecciones autonómicas, en las cuales se dirimen muchas otras cosas y a las que se presentan, en principio, los mismos partidos actuales, como un referéndum. Tampoco está claro de qué sirve declararse nación y soberano si después se acepta una decisión que no emana de ese mismo pueblo, sino de las instituciones de un Estado del cual, en principio, te has desvinculado con esa proclamación. Si, asimismo, se ha reiterado por parte de los dirigentes políticos catalanes, que el Tribunal Constitucional está desprestigiado y politizado, ¿cómo se pueden aceptar sus decisiones?
Finalmente, desde la perspectiva soberanista no parece muy serio renunciar a un referéndum por un sucedáneo o someterse a la primera de cambio a una supuesta autoridad superior, cuando nos decimos soberanos y queremos ser reconocidos como tales por los diferentes gobiernos. El principio de la desobediencia civil, de rechazar a incumplir abiertamente una ley o una decisión judicial que se considera injusta, no parece muy ajeno a la situación, por mucho que se vulnere supuestamente la Constitución “democrática”.
Y nosotros aquí en Puerto Rico, esos que reclamamos el derecho a la independencia y libre determinación de nuestro pueblo, ¿qué debemos de hacer? Parafraseando a Betances, para ser soberanos, hay que comenzar a serlo.
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