San Juan- El Tribunal Supremo de Puerto Rico es hoy (ayer) escenario de una pugna en la que los jueces vinculados al anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) tratan de imponer sus criterios, al extremo de desaprobar decisiones de la jueza presidenta Liana Fiol Matta.
El forcejeo ha alcanzado en estos días niveles nunca antes vistos en la judicatura puertorriqueña, ya que algunos de los magistrados del máximo foro judicial, que fueron nombrados por el otrora gobernador Luis G. Fortuño, intentan desacreditar a aquellos jueces que consideran vinculados al gobernante Partido Popular Democrático (PPD).
El conflicto alcanzó ribetes insospechados cuando el juez asociado Luis Estrella Martínez puso en entredicho a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), que hasta hace unos días dirigió la jueza Sonia Ivette Vélez Colón, quien renunció a sus funciones públicas después de 26 años en la judicatura.
Estrella Martínez provocó la ira de Fiol Matta por arrogarse atribuciones que no le corresponden, además de sugerir en una misiva que la OAT condujo subastas irregulares.
El magistrado asociado, vinculado al PNP, fue tan lejos como enviar copia de su comunicación al Buró Federal de Investigaciones (FBI), acción que pretende colocar a una agencia policial de Estados Unidos por encima de la corte suprema de Puerto Rico.
"Lanzar ataques sin fundamento de forma pública va en detrimento de los jueces y juezas, que día a día laboran en nuestra Rama Judicial de forma íntegra y honesta", advirtió Fiol Matta a su colega.
Desde hace décadas el anexionismo buscaba controlar los tribunales del país y no fue hasta la gobernación de Fortuño que alcanzó una mayoría en el Tribunal Supremo ante la ampliación del número de jueces de siete a nueve solicitada por un magistrado asociado del PNP y el retiro de otros vinculados al PPD.
Los integrantes anexionistas del foro judicial han maniobrado tras alcanzar una mayoría numérica para restar poderes a la presidencia desde que la ocupaba Federico Hernández Denton, quien debió dejar el puesto por mandato constitucional tras cumplir 70 años de edad.
La lucha ha adquirido matiz público en la última semana tras el anexionismo arreciar su ofensiva, con la intención de dejar mal parados a los jueces vinculados al PPD ante una opinión pública hastiada de la impunidad con que actúan los poderosos.
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