En los tiempos en que transitamos, vemos cómo el tema de cero tolerancia a la impunidad de personas que se dedican a matar a otros y otras va tomando forma a nivel global. Cada vez más y desde una mirada ética, no es posible pensar que algunas muertes se justifican y otras no. Realmente hablando, ninguna muerte se puede justificar. Ninguna.
Si tomamos el caso del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, México, vemos como la desaparición hace poco más de 30 días, de los estudiantes de la escuela normal (estudios de pedagogía) constituye hoy un fuerte emplazamiento al gobierno democráticamente electo de dicho país. Tanto el Gobierno de Enrique Peña Nieto, como el aparato de justicia de dicho país, se encuentran hoy frente a la pared. Ni logran explicar que pasó, ni se procesa judicialmente a nadie. Tanto ha escalado esta situación, donde abiertamente los familiares ya exigen que el caso sea dilucidado desde el exterior por sectores no vinculados al Estado mexicano.
De otra parte, en el caso del Estado Islámico, el cual lucha por establecer un califato entre Siria e Iraq, la resistencia de los ejércitos populares de los kurdos, como también fuerzas regulares de Siria e Iraq, como a su vez miles de personas indignadas, luchan por detener el avance del Estado Islámico, el cual ha demostrado ser una fuerza retrógrada y, sobre todo, de pensamientos totalitarios excluyentes. Ayer se documentó, por ejemplo, cómo en los pasados días, 200 presos fueron ejecutados por las fuerza del Estado Islámico; y más aún, ahora se descubre que en junio también asesinaron a 600 personas, entre milicianos, hombres y gente humilde de otras facciones no suníes. Si en algo hoy coincidimos con una comunidad internacional que se alineó detrás de los EE. UU. y no dentro del marco del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es en el hecho de que había que detener estas fuerzas reaccionarias. No obstante, el mandato debe ser desde la ONU y justificar la acción armada contra el Estado Islámico y, en particular, sus oficiales y dirigentes políticos. Lo importante es que sean arrestados y procesados de la misma forma que lo fueron los dirigentes nazis en el juicio de Núremberg.
Finalmente, esto nos trae a Puerto Rico, donde la impunidad en asesinatos comunes, y en los asesinatos políticos, ha sido una constante. Reconociendo que hoy la tasa de esclarecimiento de asesinatos ronda cerca de un 50 por ciento, lo cierto es que la mayoría de los crímenes permanecen impunes.
Ojo, que se trata de los crímenes ordinarios, los cuales no son atendidos mediáticamente hablando ni por el Estado ni por sectores de la sociedad civil que se oponen a la pena de muerte. Pero por otro lado, los históricos asesinatos políticos, como el de Santiago Mari Pesquera, Carlos Muñiz Valera, Ángel Cristóbal y hasta el de Filiberto Ojeda Ríos, son asesinatos que nadie investiga hoy y que no hallan solución.
Algo tendremos que idearnos, tanto a partir del Estado como de la sociedad civil, para exigir a nivel nacional como internacional, que los crímenes, en general todos, pero en particular, los asesinatos, no pasen impunes. Esto es una lucha larga, donde todos y todas queremos preservar todas las vidas humanas. Cero impunidad a los asesinos.
Crédito foto: jazbeck, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)