Como un acto de magia, el poder judicial de la República Dominicana informó ayer que no habría de cumplir con la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es adversa a su país. Dicho esto, las autoridades dominicanas renuncian a su derecho moral a acatar el ordenamiento jurídico regional y asumen que su membresía en dicho cuerpo, que data de 1999, bajo la presidencia del entonces presidente Leonel Fernández, fue ilegal. Esto se alega, debido al hecho de que la petición de admisión a la Corte Interamericana no fue ratificada por el Congreso de República Dominicana.
Al indicar que no habrán de cumplir, la República Dominicana de facto y de jure, es decir como un hecho y en lo jurídico, se sale de la jurisdicción del sistema regional de protección de los derechos humanos, que incluye a la Corte Interamericana como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que representa el cuerpo investigador con antelación a los casos ante la corte. En medio de la tormenta jurídica por la cual atraviesa la República Dominicana desde el 2012 a raíz de una decisión en contra de los residentes de origen haitiano en su país, esta acción constituye un acto de profundización en la renuencia del Gobierno dominicano de acatar las directrices regionales.
El efecto real de esto estriba en el hecho de que los sectores populares y más empobrecidos de la sociedad dominicana, es decir los migrantes de origen haitiano, continuarán sufriendo y atravesando por un tipo de condición de explotación humana sin precedente en el siglo XXI. Es decir, para el pueblo humilde de origen haitiano que vive en la República Dominicana se trata de un acto de “legalización” de los maltratos y la explotación inhumana. En particular, para los obreros de la industria agrícola, esos que viven en los bateyes, para las empleadas domésticas y para los que sobreviven en la economía de servicios, ahora quedan desamparados por la decisión unilateral del Gobierno dominicano, por vía de la rama judicial, de no reconocer la justicia internacional.
En otras palabras, esta decisión del Gobierno dominicano tiene consecuencias sociales y económicas para los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. ¡Terrible!
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