Abogados de Pro Bono, una organización adjunta al Colegio de Abogados de Puerto Rico, y juristas de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana, estarán ofreciendo representación gratuita a ocho familias del residencial de vivienda pública más grande de la Isla que están siendo desahuciadas por la Autoridad de Vivienda Pública (AVP).
A la AVP se le une en los procesos judiciales de desahucio la corporación A&M Contract, Inc. que administra varios residenciales públicos. La razón de la acción contra las ocho familias es incumplimiento de contrato por alegada falta de pago en el servicio de luz.
El abogado Alvin Couto, uno de los letrados que está asistiendo a los residentes, le dijo a la prensa local que en los complejos públicos de apartamentos hay un 93 por ciento de las unidades que tiene una deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Hay unas 68,000 familias que viven en estas unidades para gente de clase trabajadora. Las familias que les ha tocado la acción judicial son habitantes del Residencial Luis Lloréns Torres en el área metropolitana de San Juan.
Couto añadió que cientos de familias residentes de estos caseríos han recibido cartas apercibiéndoles que podrían ser desahuciadas. El abogado dijo que el AVP ha comenzado un proceso judicial contra los residentes alegadamente morosos en sus cuentas con la AEE y AAA porque la agencia está siendo auditada y presionada por el Gobierno federal.
El letrado dijo que las demandas de desahucio violan la ley local que obligan a las corporaciones públicas a establecer planes de pago para familias de residenciales que abonen $10 mensuales a sus cuentas de luz y agua. Esto sin importar la cantidad que deba la familia.
No se sabe cuál sera el resultado final de estas acciones judiciales, pero sin la ayuda de esta batería de abogados que los representan libre de costos los derechos de estos residentes podrían ser violados. Es menester que a estos residentes se les de una oportunidad de presentar su caso ante las agencias administrativas antes de que AVP y las compañías que supervisan los residenciales insten un proceso judicial. Las acciones judiciales se han incoado porque alegadamente las familias perjudicadas no pidieron una vista administrativa ante la AVP. Me gustaría saber si verdaderamente se les hizo claro que tenían un derecho a un proceso administrativo antes de lanzarlas a los tribunales.
Estas acciones son una manifestación de la reciente oleada de demonización de la pobreza. ¿Adónde irán a parar las familias que sean desahuciadas en una Isla donde escasean las viviendas? Entiendo que todo ciudadano tiene la obligación de pagar sus deudas, pero hay que velar porque se les garanticen los derechos a estas familias, no solo porque lo dice la ley sino por mera humanidad. Lo menos que se puede pedir es que se respete su derecho a un debido proceso de ley. ¿O es que queremos familias deambulantes para añadir a la ya gran masa de gente sin hogar?
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