En Puerto Rico no es fácil saber a quién creerle: los que dicen que no aprobar un aumento de más de 60 por ciento en el tributo sobre el barril de petróleo traería consecuencias para el País, o los que dicen que el País puede prescindir sin esta onerosa carga. Lo que se sabe es que el gobernador Alejandro García Padilla está poniendo presión a los disidentes en la Cámara de Representantes, que al ser esta una medida fiscal, le toca primero deliberar sobre el impuesto.
El proyecto de ley de hechura de la Mansión Ejecutiva aumentaría el impuesto sobre un barril del “oro negro” de $9.25 a $15.50. Este sería el segundo incremento sobre el barril en dos años. Los votos casi están; ya se han identificado los tres legisladores que tienen reparos sobre el proyecto de ley. Hay reunión hoy entre la delegación del oficialista Partido Popular Democrático y el Gobernador. La minoría del Partido Nuevo Progresista se opone al alza, lo cual no debe de sorprender.
Se han dicho tantas cosas en antelación a todos los impuestos que se han aprobado durante este cuatrienio que hay gran suspicacia sobre dónde se va a usar el dinero recaudado. El Gobierno dice que la Autoridad de Carreteras necesita dinero para poder operar. La Autoridad tiene una deuda de $156 millones que se atendería con la infusión de dinero al fisco. El Gobierno también ha expuesto que la Autoridad buscará subsanar una deuda de $2.2 mil millones con el Banco Gubernamental del Gobierno, un banco que ya hace años se ha usado para sacar del hoyo a diferentes componentes del Gobierno, incluyendo los municipios.
Por otro lado, hay otras voces oficiales que dan la voz de alarma que sin el alza del tributo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (bajo quien cae la Autoridad de Carreteras) no tendrá dinero para hacer obras. Rumores iniciados sabe Dios de dónde advierten que sin dinero adicional el Departamento no tendría liquidez ni para pagar su nómina.
Uno de los disidentes en la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, argumenta que el impuesto sobre el barril se debe discutir el año que viene cuando se considere otra reforma tributaria. No parece una objeción irrazonable. La reforma contributiva conlleva implantar un Impuesto sobre el Valor Añadadido (IVA) a los bienes que entren en la Isla, entre otras cosas. Varios economistas le han dado el visto bueno al IVA, aduciendo que es una manera mucho más efectiva de recaudo que el Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU), que se impone actualmente. Sin embargo, es de esperarse que la carga sobre el consumidor del IVA sea mayor que el sistema que ahora está en pie. Torres ha dicho que si se consideran la reforma y el alza en el impuesto sobre el petróleo a la misma vez, se podría trabajar alguna manera para que los nuevos impuestos no sean una carga tan grande para el consumidor.
La sesión legislativa para la Cámara y el Senado termina el martes a la medianoche. No es descabellado decir que esta es una prueba de fuego para García Padilla.
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