La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció que la firma FTI Capital Advisors emitió un informe sobre la situación económica de la agencia y que hizo recomendaciones sobre el cobro de deudas y cuentas morosas. El informe, que no constituye el informe final del proceso de reestructuración de la agencia, incluye información importante sobre las finanzas de Energía Eléctrica. Un aspecto que debe ser resaltado es el hecho de que la agencia recibe mensualmente unos 351 millones de dólares por parte de sus clientes residenciales, 245 millones de clientes comerciales y 89 millones de clientes industriales. La tabla del informe que indica las entradas de los clientes señala que “otros” pagan un total de 245 millones. De las cuentas residenciales, que son las que impactan directamente la situación económica del pueblo, 114 millones están dentro de los primeros días del pago y 168 millones son cuentas con atrasos de más de 120 días.
Las cuentas con atrasos de más de 120 días son cuentas que ya se les ha suspendido el servicio y que están en proceso de cobro. Dichas cuentas han aumentado un 25 por ciento durante los últimos dos años. Para el año 2012 esas cuentas representaban un 15 por ciento del total de las cuentas en atrasos y hoy representan un 40 por ciento del total de las cuentas en atrasos. Esto indica que ha habido una reducción de clientes en la Autoridad que podría calcularse en 2 por ciento de sus clientes en general. Esta reducción de clientes está relacionada con la reducción de población que se calcula en un 4 por ciento de la población para los últimos cinco años. En este sentido la emigración tiene una relación directa con la situación económica de la AEE.
En la península de Michigan, al norte del estado, una población de una pequeña localidad llamada Brimley tendrá que pagar un 30 por ciento más de su factura de energía eléctrica a causa de la pérdida de población en la región y la necesidad de mantener funcionando las plantas que están produciendo energía con baja eficiencia. Algo así está sucediendo en Puerto Rico. El informe que se publicó en estos días indica que las cuentas inactivas residenciales que llegan a unos 168 millones de dólares, en total las cuentas inactivas llegan a unos 400 millones de dólares, tienen un gran impacto en la situación económica de la agencia. Entre las alternativas que se proponen están aumentar los costos de reconexión del servicio y aumentar los cargos a los morosos. El impacto real de las recomendaciones es que los que usualmente pagan, aunque sea tarde, tendrán que pagar más para subsanar las deudas que no puede recuperar la agencia.
La situación de la AEE, según el informe, podría mejorar si se llevan a cabo ciertos cambios. Unos de los primeros que se recomienda es que se deben privatizar los procesos de cobro de las cuentas morosas y comenzar a realizar acciones de cobros contra los clientes que tengan deudas de más de 20 días. Otra recomendación es que se establezca un proceso de corte del servicio automático, eliminando la discreción del obrero que va a la casa donde se va a hacer el corte, preguntando si se va a realizar un pago antes de hacer el mismo. Esta medida tiene un impacto negativo en nuestras comunidades. En una isla donde la población de mayor edad usualmente tiene dificultades para pagar los servicios y los costos de salud, incluyendo las medicinas, un programa de corte de energía automático que deje sin luz a los pobres dentro de los 20 días de la deuda, a pesar de que los mismos hagan siempre el pago atrasado por razón de las condiciones económicas, tendrá un impacto significativo en la calidad de vida de nuestros viejos.
La AEE provee un servicio que tiene el carácter de un derecho humano. El corte automático del servicio, en función de recuperar más rápidamente las inversiones de los bonistas, es un acto que pone en duda su validez jurídica. Ya en Detroit algo parecido se ha visto con el corte del agua a comunidades pobres. En Puerto Rico no podemos dejar que la energía eléctrica se convierta en un negocio más en el cual el único objetivo es la ganancia. Esto es un asunto de derechos humanos y de calidad de vida. Es nuestro deber comenzar a movernos hacia una concertación que salve nuestro servicio eléctrico, pero que a su vez preserve el derecho humano a recibirlo.
Crédito foto: Antonio Campos Ruiz, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)