El efecto sociojurídico que tuvo la muerte de cuatro de cinco miembros de la familia Ortiz Uceda en Guaynabo entre el lunes y martes de la semana pasada, aún no ha sido evaluado en todas sus dimensiones. Dicho esto, una nueva dimensión, traída a la discusión pública por la prensa corporativa de Puerto Rico en su interés de vender pautas comerciales, fue abrir el debate de la pena de muerte cuando no estuvo presente.
El crimen de la familia Ortiz Uceda es lamentable, y sin razón alguna para ser explicado. Simplemente ocurrió, y sus consecuencias inmediatas son la pérdida de vida humana, la condición de niño huérfano en cuanto al único sobreviviente de dicha familia, y dos supuestos asesinos arrestados en un plazo de 16 horas, uno de ellos confeso. No obstante, la prensa comercial, en su interés de provocar una noticia para atraer el interés del pueblo consumidor, forzó el debate en torno a la aplicación de la pena de muerte.
De forma muy digna, todos los funcionarios públicos, tanto electos como designados del Gobierno de turno del gobernador Alejandro García Padilla, han respondido enfáticamente de la capacidad del Gobierno de Puerto Rico de resolver esta crisis; y más aún, dichos funcionarios han indicado que se aplicarán las leyes de Puerto Rico donde la pena de muerte, constitucionalmente hablando, no existe. Esto ha sido la expresión reiterada del gobernador García Padilla, del secretario de justicia, César Miranda, y del jefe de la Policía, José Caldero.
Dicho lo anterior y a insistencia de la prensa corporativa, que tanto subestima la Constitución de Puerto Rico, como la capacidad del Gobierno de Puerto Rico de resolver este asunto, ayer se obtuvo una declaración de la fiscal federal para Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, quien indicó “que de ellos entenderlo tomarían jurisdicción y aplicarían la pena de muerte, pues se trata de la Constitución de los EE. UU., que aplica aquí”.
Nos parece que, y ante el acuerdo de cooperación mutua entre la jurisdicción federal y la estatal en la solución de los crímenes, nada ha dado muestras para indicar que el Gobierno de Puerto Rico no ha tenido capacidad de resolver este horrible crimen de la familia Ortiz Uceda. Simplemente, la prensa corporativa ha creado una “crisis” para provocar una tendencia mediática y la concentración de todos nuestros esfuerzos en la dirección que ellos han provocado. De paso, desde principios del año 2013, el entonces fiscal general de los EE. UU., el secretario de justicia, Eric Holder, informó que se dejaba suspendida en la jurisdicción de Puerto Rico la aplicación de la pena de muerte. En otras palabras, la prensa corporativa desinforma.
De forma justa y razonable, lo único que se busca es que no haya impunidad ante los que cometieron este crimen; y de otro lado, que el único sobreviviente pueda vivir de forma digna. Para el resto de la población se requiere educación, incluyendo la comprensión que en este caso se está haciendo justicia.
Forzar un debate en torno a la pena de muerte, constituye por parte de la prensa corporativa, un acto de manipulación de la opinión pública, y más que nada crear una noticia donde no existía. Si algo ha demostrado el año 2014, es que la Policía de Puerto Rico ha tenido capacidad de esclarecer los delitos.
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