San Juan- La escritora puertorriqueña Ana Lydia Vega señaló ayer cómo siete asesinatos políticos ocurridos en el país contra izquierdistas permanecen impunes debido a la complicidad de las autoridades federales de Estados Unidos.
La autora destaca que el reclamo obstinado permite que algunos "nombres borrosos atraviesen el tiempo y penetren las brumas de la indiferencias", ante la intervención de las autoridades estadounidenses para que no se adelante ninguna solución.
Vega señala los nombres de las víctimas de siete casos que se mantienen irresueltos, como el de Antonia Martínez, de 21 años, el 4 de marzo de 1970.
Estudiante de pedagogía de la Universidad de Puerto Rico, Martínez fue baleada por un policía al que increpó desde el balcón de su hospedaje en Río Piedras durante las protestas contra el reclutamiento de jóvenes por las fuerzas armadas de Estados Unidos para ser enviados a la guerra de agresión contra Vietnam.
Vega se refiere también al militante izquierdista Luis Ángel Charbonier, de 25 años, víctima de una bomba plantada el 11 de enero de 1975 en Mayagüez por terroristas de origen cubano y del brazo juvenil del anexionista Partido Nuevo Progresista en la conmemoración del natalicio de Eugenio María de Hostos por el Partido Socialista Puertorriqueño.
La ganadora en 1982 del Premio Casa de las Américas menciona además el caso de Santiago Mari, de 23 años, asesinado el 24 de marzo de 1976 por un vecino perturbado.
El FBI tuvo conocimiento previo de una conspiración para ultimar al líder socialista Juan Mari Brás, pero nunca le alertó de la amenaza que cobró la vida de su hijo.
Vega apunta también la ejecución el 25 de julio de 1978 del obrero Arnaldo Darío Rosa, de 24 años, y el estudiante Carlos Soto, de 18, en una emboscada en el Cerro Maravilla, en Villalba, con la participación de elementos de la policía y de la judicatura.
"Todavía andan sueltos los autores intelectuales", lamenta la escritora sobre este hecho en que cayó Soto Arriví, hijo del intelectual independentista Pedro Juan Soto.
Menciona que Carlos Muñiz Varela, un empresario de 25 años que había montado una agencia para posibilitar los viajes entre Cuba y Puerto Rico, fue muerto el 28 de abril de 1979 por "un tal Comando Cero", y denuncia el "mutis absoluto" del gobierno federal pese a los múltiples requerimientos que se le han presentado.
"Según la CIA (Agencia Central de Inteligencia), el FBI (Buró Federal de Investigaciones) no puede divulgar los datos en su poder por tratarse de información clasificada", advierte Vega.
La autora menciona, además, la muerte en una prisión estadounidense de Ángel Rodríguez Cristóbal, de 33 años y militante de la Liga Socialista Puertorriqueña, que dirigió el poeta revolucionario Juan Antonio Corretjer.
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