La conversación acerca del derecho a recibir reparaciones de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos y el Caribe se ha ido profundizando. Un articulo reciente publicado en la revista The Atlantic, escrito por Ta-Nehisi Coates, The case for reparations, presenta que incluso aquellos programas que los liberales vieron como un modelo de justicia social fueron utilizados para promover el discrimen contra dichas comunidades. El G.I. Bill, una ley aprobada con el objetivo de promover las oportunidades educativas de los veteranos, fue utilizado de tal modo que los negros se vieron prácticamente excluidos de sus beneficios. Isabel Wilkerson, en su libro The warmth of other suns, donde narra la gran migración de negros desde el sur de los Estados Unidos hacia las ciudades del norte, narra la historia de un hombre que en Chicago se enfrenta al discrimen en el ámbito de los bienes reales.
Las políticas de venta y renta de propiedades incluían normas sobre la exclusión de negros de las comunidades blancas porque podrían provocar una reducción en el valor de las propiedades. Incluso en el artículo escrito por Coates se menciona que el código de los vendedores de propiedades establecía el deber de no vender a miembros de razas que pudieran afectar el valor de las propiedades de sus clientes. Esta norma estaba dirigida a evitar que los negros pudieran mudarse a áreas residenciales propiedad de los blancos. Estas son las realidades que enfrentaron los negros de Estados Unidos y que tienen el efecto de mantenerlos, luego de 250 años, en condiciones de inferioridad social y económica. Estas son las bases para que un reclamo a favor de las reparaciones sea cada vez más actual.
En el caso de las comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos Eugenio Rivera en su artículo The Puerto Rican colony of Lorain, Ohio, narra la historia de los boricuas que se mudaron a Ohio durante la era de la gran migración hacia Nueva York. Uno de los episodios de esta comunidad que narra Rivera trata sobre cómo los recién llegados enfrentaron el rechazo de los dueños de propiedades que se negaban a rentarles o venderles casas o apartamentos. En algunos casos los propietarios convirtieron sótanos y pequeños cuartos en apartamentos multifamiliares, hubo casos en los cuales hasta 16 personas vivían en un pequeño apartamento. Para la década de los años cincuenta la Iglesia católica se negaba a abrir una misión en español por miedo a que esto detuviera el proceso de asimilación. Interesantemente fue una misión de los Siervos Misioneros de las Santísima Trinidad, orden religiosa fundada por un sacerdote que había visitado personalmente a Puerto Rico y a la cual perteneció Sor Isolina Ferré, la que se encargaría por más de treinta años de la comunidad de puertorriqueños en el área.
Hablando sobre la comunidad de puertorriqueños en Lorain, Rivera indica que entre 1960 y 1976 la comunidad fue destruida, sus adelantos comunitarios se vieron amenazados y se destruyeron sus organizaciones colectivas a causa de los proyectos de renovación urbana que tienden a desplazar a comunidades pobres en muchas regiones de Estados Unidos. El artículo termina comentando cómo las políticas derechistas de la década de los años ochenta afectaron la comunidad y la describe como viviendo en pobreza, alto desempleo y enfrentando un derrumbe económico significativo. Estas condiciones son iguales que las que experimentan muchas comunidades de negros en Estados Unidos. Los proyectos de desplazamiento urbano tienden a destruir la fibra social de dichas comunidades y debilitan sus organizaciones políticas y sociales.
Los puertorriqueños hoy en Estados Unidos, en términos generales, experimentan condiciones económicas y sociales más parecidas a las de las comunidades negras que otras comunidades minoritarias. Esta realidad coloca en su justa perspectiva en derecho a las reparaciones de nuestras comunidades. Los puertorriqueños, al igual que los negros, han sido víctimas de un sistema racial que ha instaurado la exclusión, la pobreza y el desempleo como métodos de control social. Esta realidad impone un reclamo de justicia que es inescapable.
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