El pasado martes, 13 de enero, los Gobiernos de República Dominicana y Puerto Rico firmaron 11 acuerdos de intercambios comerciales, educativos y de seguridad. Esto constituye un hito en la historia reciente de Puerto Rico.
Mas aún, pues aunque lo firmado constituye acuerdos bilaterales, en el marco de la práctica de las relaciones internacionales lo mismo establece una fuente de derecho internacional. Los acuerdos bilaterales son fuente de derecho internacional. Aclaramos, no es derecho internacional público, pues en este es una prerrogativa la soberanía plena de los Estados.
Ahora bien, el Gobierno de Puerto Rico hizo dos movidas que son de importancia. Por un lado, entre los acuerdos suscritos de naturaleza económica, se firmó uno para armonizar desde la lógica de la asistencia y la cooperación los trabajos en el ámbito tributario de ambos países. En este sentido, se firmó un acuerdo de Asistencia y Cooperación y Asistencia Técnica en la Administración Tributaria. En el día de hoy, ese acuerdo solo rige para asistir en la transferencia de conocimiento de prácticas tributarias. No dice más. Simplemente que habrá asistencia para conocer cómo se tributa en cada país. Este es el principio de un régimen pancaribeño de armonización de los sistemas tributarios nacionales.
No obstante, el acuerdo tiene una cláusula que es importante. La misma dice: “Cada año, la Dirección General de Impuestos Internos y el Departamento de Hacienda definirán los temas de interés que deban ser trabajados y mejorados por las Partes, así como el cronograma de las actividades, los períodos, lugares, números de participantes, duración y composición de la delegación que participe en las actividades”.
Este inciso da paso a algo que nadie quiere ver, pero sí hay que examinar: tanto los boricuas como los dominicanos invierten en el país no nacional para capitalizar e incrementar sus riquezas. En esta medida, sabemos que la inversión boricua en República Dominicana hoy ronda cerca de mil millones de dólares, pero ¿regresa ese dinero para Puerto Rico? Por otro lado, sabemos que las remesas enviadas de Puerto Rico a Dominicana, por parte de los migrantes, ronda en los $750 millones al año. En otras palabras, se trata de un acuerdo para comenzar a regular lo que se define fuga de capital, que es a su vez fuga de tributos al Estado.
Dicho lo anterior, y durante el acto protocolar, el Gobernador de Puerto Rico dijo algo muy interesante. Este indicó que habría de legislar para que la banca acoja a los migrantes, tengan estatus regular o irregular. Esto es muy importante, pues lo que se está reconociendo es el hecho de que exista una fuerza de entre 20 a 40 mil migrantes indocumentados en Puerto Rico, cuyas transacciones económicas se escapan del fisco hoy. Regularlos es adentrarlos al sistema tributario nacional.
Sin lugar a dudas, las movidas financieras provocan una reacción a contra mano. No obstante, también imponen cierto orden a nuestros países caribeños, donde la evasión contributiva a pequeña escala es la norma. Un poco de orden nos viene bien. Sobre todo si queremos carreteras alumbradas, computadoras en las escuelas y policías bien entrenados. ¡De algún sitio tiene que salir el dinero!
Crédito foto: Kheel Center, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)