Es curioso, pero la crisis social que marca el reclamo en exceso de multas por concepto de pagos correctos o incorrectos en relación al uso de las vías públicas que tienen peajes, se centra en el Gobierno, en lugar de las compañías privatizadoras que administran los servicios. Así las cosas, en los pasados 12 años, la compañía TransCore es la que administra para bien o mal el pago de los peajes en Puerto Rico.
Esta relación comercial, entre el Gobierno de la Isla y la privatizadora, pasa de forma “ligera” en los debates que inician los medios de prensa corporativos. En otras palabras, la privatización de nuestras carreteras públicas de facto constituye la venta de forma fragmentada de los ingresos a distintas empresas que corren desde el puente Teodoro Moscoso hasta Metropistas, que administran el expreso del norte, y las compañías que administran los peajes. Esto sin hablar de los empleados que trabajan en los peajes, que son empleados de distintas empresas subsidiarias o de seguridad que corren con la gestión.
La pregunta clásica: ¿es Miguel Torres, secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, responsable de todo? Curiosamente, lo hemos condenado, pero realmente lo que está en juego en cuanto a este tema se refiere, es el hecho de la mala administración que ejercen las compañías privatizadoras, en particular en este tema relacionado con las multas y los pagos en los peajes.
Sin lugar a dudas, podríamos pensar algo distinto. En este sentido. El debate podría girar en una devolución de las carreteras del País a favor del Estado, y que el Estado cumpliera con su función de defensa de los bienes públicos al servicio de los intereses del País. Esto sería un paso acertado en la presente coyuntura. Pero lo que es desacertado es continuar criticando al Estado, cuando realmente hablando, los responsables de la presente debacle lo constituye el sector de las empresas y corporaciones privadas.
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