El Gobierno de Puerto Rico se aferró a que un informe preparado por la firma de contabilidad internacional KPMG Accounting Services, sobre la llamada reforma contributiva en Puerto Rico, permanecería fuera del alcance del público y la prensa.
Sería un documento secreto exclusivamente para consideración del primer ejecutivo, Alejandro García Padilla, y el Departamento de Hacienda.
Ayer, una jueza decretó que el Gobierno tenía 24 horas para hacer público el informe, resolviendo un pleito radicado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y la revista online, Sin Comillas, que impugnaban el reclamo de la administración de que tenía “un privilegio a proteger el proceso deliberativo de política pública”.
Pronto se va a discutir en la Legislatura un proyecto de La Fortaleza sobre el nuevo sistema tributario que a la vez reduciría el número de personas que radican planillas de ingresos e instalaría un Impuesto de Valor Agregado (IVA). El IVA, que consiste de una serie de impuestos desde la llegada de mercancía a los puertos hasta un tributo sobre la venta al detal, sustituiría un impuesto único sobre servicios y la mercancía en la caja registradora de un comercio.
El plan ha causado mucha controversia debido a que se alega que el IVA impondría una carga muy grande para los consumidores y que el nuevo plan tributario es un ardid para sustraerle del bolsillo al ciudadano más dinero. Hay economistas que dicen que a pesar de que el sistema propuesto es más eficiente en recaudar dinero, Puerto Rico es una economía en quiebra con insuficientes trabajos y dinero en circulación.
Siguiendo con la saga del informe KPMG, se nombró un comité que asesoraría al Departamento de Hacienda en la evaluación del sistema del IVA, pero a este solo se le permitió ver partes del informe. Al parecer, el Gobierno temía que partes de este informe top secret se filtraran a la prensa. Entonces la prensa comenzaría a cuestionarlo y “distorsionar” su significado. Pero la jueza Aileen Navas Auger, quien atendió el caso, dictaminó que el Estado no pudo establecer que no hacer público el documento violaría algún privilegio ejecutivo.
Puedo ver que hay deliberaciones y comunicaciones en la rama ejecutiva, cuya publicidad al momento no sería lo indicado porque quizás impedirían una deliberación plena de un grupo de trabajo gubernamental. Pero, francamente creo que del Gobierno, con todo y su poder, debe escoger sus batallas cuidadosamente.
No encuentro el porqué un estudio que evalúa la bondades del sistema del IVA debiera ser secreto. ¿Cuál podría ser el secreto sagrado de un informe que evalúa la economía de Puerto Rico como lo han hecho varios estudios publicados (y negativos) en el pasado año?
Hubo momentos en la vista del caso merecedores de una comedia de Hollywood, especialmente cuando una abogada asignada por el Gobierno argumentó apasionadamente a favor de la secretividad del informe solo para tener que admitir que no lo había leído. Válgame, eso sí que es secretividad. También argumentó que divulgar el contenido del informe le causaría graves inconvenientes a los funcionarios públicos al estos tener que contestar preguntas de la prensa. El informe, dijo esta letrada, era de gran contenido técnico, que la prensa tergiversaría provocando “desinformación en la ciudadanía, que no tendrá capacidad para entenderlo”.
En su opinión, la jueza escribió que la abogada ejerció “una argumentación vigorosa, pero poco comprensible”. Palabras sabias de la togada. Ahora espero que el Gobierno tenga el sano juicio de no acudir a un tribunal de más jerarquía. Ya basta de tanto ridículo.
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