Hay medidas que somete la Legislatura que pudieran provocar consternación en relación al límite que debe establecerse en cuanto a la injerencia del Estado en las decisiones del hogar. Y aunque es cierto que debe el Estado velar por el bien común de sus ciudadanos, ¿dónde comienza su labor y en qué punto debe simplemente dejar regir a sus ciudadanos en el núcleo familiar?
Con el Proyecto del Senado 865 para una “niñez saludable”, uno de los incisos propone sancionar a los padres de niños con obesidad a los que no mejore su condición luego de ser puestos en un programa de alimentación y ejercicios; evaluación primera que saldrá de las propias escuelas.
No solo la pregunta es si tanto el Departamento de Educación como de Salud y de Familia contarán con los recursos para hacer valer dicho programa que cuenta con varias fases y, especialmente, su seguimiento, sino que regresamos al eterno tema de la penalización en la que se fundamentan las medidas en este País.
Considero que el tema de la obesidad no debe ser tratado como el de los usuarios de drogas; en ninguno de los dos casos el enfoque punitivo logra o podría lograr resultados positivos. El aspecto que prime debe ser siempre la educación y el apoyo desde los que se alcanza una modificación de conducta.
Por lo tanto, aunque puedo entrever buena intención en un proyecto como este, creo que culmina siendo una medida impositiva que no tiene buenos visos de poder llegar a su meta, a menos que sea sometido a cambios o reformas.
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