En el día de ayer renunció a su puesto la copresidenta de la multinacional estadounidense, Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal. Lo hizo por un escándalo que afloró hace poco menos de dos meses, en el cual se alegó, durante las fiestas de Navidad, que la película The Interview, en torno a la vida y las formas de vida del Presidente de Corea del Norte, había permitido sabotear las cuentas electrónicas de la compañía. En particular, los correos electrónicos de la Sra. Pascal fueron expuestos al público.
Lo interesante es que de los correos de negocio no se habla nada de las particularidades de los mismos en cuanto a negocios corporativos se refiere. Por el contrario, eso no fue el plato fuerte de dichos correos, sino el racismo y el discrimen con el cual la Sra. Pascal se refería al presidente de EE. UU. Esta hizo chistes contra él que eran abiertamente racistas. La pregunta que uno se hace es si pese a que la cultura del entretenimiento siempre se perfila como libre de prejuicios y actitudes denigrantes a las poblaciones no dominantes, si efectivamente el discrimen y el racismo son la orden del día. Todo indica, al parecer, que sí.
De otra parte, desde el año 2012, y al final de su mandato, el entonces gobernador de la Isla, Luis Fortuño, promulgó la Ley 22 de 2012, la cual permite, en resumen, que todo extranjero, en particular de EE. UU, que desee reubicarse en Puerto Rico lo hará con incentivos que lo llevan a realizar su inversión libre del pago de impuestos. Es un negocio redondo para los millonarios de EE. UU. que se les permite traer su dinero la Isla, a cambio de no pagar nada de contribuciones ni estatales ni federales. La ganancia para el País está puesta desde la perspectiva que dichos inversionistas logran ubicarse en la Isla y por vía del consumo de bienes locales contribuyen al desarrollo y la expansión de la economía. Ya hay sobre 250 personas que entraron a invertir bajo este programa.
El detalle de la Ley 22 es que no se logra hacer justicia al puertorriqueño y la puertorriqueña promedio que sí tiene que pagar contribuciones y cuya capacidad económica está desmerecida. El inversionista bajo los incentivos de la Ley 22 se posiciona con mejor y mayor capacidad que la población local. En este sentido se trata de una ley discriminatoria.
En fin, que el capitalismo necesita discriminar para poder acumular. Que no es posible acumular sin integrar formas de exclusión, racismo, discrimen y marginación. Que es necesario otro orden social que permita vivir más dignamente y a su vez de forma democrática. Tanto la Sra. Amy Pascal como la Ley 22 son parte del mismo problema: el discrimen.
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