El IVA y los estudiantes: ¿Por qué defender una educación mercantilista?

Economia Solidaria

Es curioso, pero en Puerto Rico la educación superior, como los servicios de salud, son un negocio. La gente, y en particular los estudiantes universitarios inspirados por las luchas sociales del principal sistema de educación público del país, la Universidad de Puerto Rico, reclaman que la educación es un derecho. Pero, en Puerto Rico la educación superior se ha convertido en un lugar de lucha y rescates, pero técnicamente hablando no es un derecho.

No lo es, pues desde el año 1952, cuando entró en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado, su artículo II, sección 20, fue una de dos secciones, que el Congreso de los EE.UU. alteró, y en este caso no autorizó. Por lo tanto, la cláusula constitucional que reclama la educación como un derecho, es desde la perspectiva de lo jurídico, inexistente. Desde los reclamos sociales, es eso un reclamo.

La Universidad de Puerto Rico, la cual consta de 11 recintos en toda la isla, es la institución de educación superior más barata en toda la jurisdicción de los EE.UU. Por otro lado, apenas aglutina al 40 por ciento de los estudiantes de Puerto Rico. Esto se debe, en parte a políticas administrativas incorrectas donde los requisitos de admisión son demasiado exigentes para la población estudiantil del país. Por otro lado, el efecto de las huelgas y paros estudiantiles, en particular el más reciente del año 2010-2011, afecta los procesos naturales de admisión, y aleja estudiantes. La opción para muchos estudiantes que ya no están en el sistema público, es el sector privado o la deserción universitaria.

Puerto Rico hoy cuenta con 220, aproximadamente, instituciones de educación superior en la isla. Para una población universitaria de poco más de 200 mil estudiantes. La institución pública tiene apenas 55 mil estudiantes, y el resto se va por las llamadas universidades privadas. Las privadas se dividen en instituciones con fines de lucro y en instituciones sin fines de lucro. Las con fines de lucro, que le pertenecen a individuos y accionistas, nacionales o con base en los EE.UU., son las de mayor crecimiento.

Para el gobierno de Puerto Rico, intentar imponer el IVU en la educación superior privada, no es una idea descabellada. Por un lado, y desde lo técnico jurídico, no existe un derecho a la educación superior. Dicho esto, existe un deseo social de ser educado. Por otro lado, las instituciones de educación superior privada, con o sin fines de lucro, todas o la mayoría, operan como proyectos económicos de producción de capital antes que proyectos de producción de conocimiento. En otras palabras, y para un sistema educativo financiado fundamentalmente por fondos federales, en algunas instituciones constituye el 100 por ciento de los ingresos, el proceso de educación se vincula a estudiantes-matriculados-que paguen con fondos federales.

La educación superior privada, en 40 años del régimen de becas o ayudas federales, ha evolucionado muy poco para no depender de los fondos federales. Mientras, la educación universitaria privada, con o sin fines de lucro, es cada año más cara, produce estudiantes sin futuro laboral en Puerto Rico, y vende sueños de progreso económico, cuando para el grueso de sus graduados los convierte en asalariados titulados, sin experiencia y sin las calificaciones y competencias correctas para enfrentarse al trabajo. Acaba todo el mundo con un diploma de bachillerato, y a veces con un grado de maestría, como empleado de una cadena alimenticia rápida o como oficial de seguridad privada.

Por tanto, no hace ningún sentido desde una lógica educativa, la millonada de dólares que gastan las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, para vender sueños sin base alguna, en juegos de baloncesto, cuñas radiales, programas de televisión, y en el monte de desperdicios ubicado en el expreso José de Diego en dirección a Bayamón. Se trata, que las instituciones privadas, con y sin fines de lucro, han adoptado el mismo rol de ser mercaderes de la educación.

Por otro lado, ¿cómo justificar la expansión desmedida de los centros educativos? Uno se tiene que preguntar, como una universidad pública o privada, o colegio tecnológico, tiene en Puerto Rico en promedio de 11 a 30 campuses (en categoría satélite o semi virtual). Esto y un local de comida rápida no tienen mucha diferencia. Salvo que la institución educativa mientras tenga un estudiante matriculado, y retenido, recibe una paga garantizada por el gobierno federal.

Por otro lado, ¿cómo justificar programas de educación que no requieren aprendizaje formal, y de repente se constituyen en programa de grados asociados o universitarios? La oferta de grados universitarios que ofrecen las universidades privadas, con o sin fines de lucro, ya no tiene nada que ver con las necesidades del mercado, sino con la captura de fondos federales que paguen la matrícula.

Finalmente, que tiene que ver la diversificación empresarial que viven las universidades privadas, con o sin fines de lucro, que más allá de la educación superior, incursionan en educación escolar, en bienes raíces, en empresas de producción, etc. En otras palabras, ¿para qué sirven los fondos federales que pagan la educación de los jóvenes universitarios? Si queremos ponernos un poco exigentes, cuantas de estas instituciones dedican sus esfuerzos a la investigación seria, vis a vis al llamado aprendizaje formal o teaching.

Hay que ser solidario con todo el pueblo, y no solo con los estudiantes, cuando uno se cuestiona si el IVA nos va a afectar aún más en nuestra capacidad adquisitiva de consumidores; o si por el contrario nos ayudará a mejorar. Pero, no entrar a explorar porque los créditos universitarios privados, con o sin fines de lucro, son tan caros, es evitar y obviar una conversación mucho más profunda y a veces siniestra. ¿Quién fiscaliza el manejo de los fondos federales en las instituciones privadas? Nadie.

La educación superior en Puerto Rico, de corte privada, con o sin fines de lucro, se ha tornado en un negocio. Los estudiantes universitarios de dichos centros educativos privados, deberían iniciar su reflexión a partir de sus propias instituciones. ¿Es la educación mercantil privada un derecho? Pensemos.

Crédito foto: Universidad EAFIT, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)